El abogado Jorge Ramírez fue destituido de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, luego de dos años y medios en el cargo. Su salida- una de las primeras decisiones que toma Daniel Soria Luján como nuevo procurador general del Estado- se da después de que el saliente ministro de Energía y Minas revelara que intercedió para que reciba a ejecutivos de Odebrecht, interesados en conocer el estado del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Esta reunión se realizó semanas antes de que la firma brasileña demandará al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
A continuación, los hitos de la administración de Ramírez al frente de la procuraduría ad hoc:
1. La primera cifra de la reparación
A fines de enero de 2018, el entonces procurador ad hoc Jorge Ramírez adelantó que la reparación civil que la constructora brasileña Odebrecht debía pagar al Estado Peruano por daños y perjuicios ascendía a más de S/3.468 millones. Este monto había sido calculado en base a tres obras: el Gasoducto Sur Peruano, los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur y la carretera Chacas (Áncash).
“Lo estamos pidiendo caso por caso y al final lo decidirá un juez. El cálculo incluye daño patrimonial y extrapatrimonial. El primero parte de informes previos de la contraloría. El segundo toma en cuenta el daño a la imagen del Estado. Odebrecht presuntamente ha sobornado a presidentes y, como son jefes de Estado, representan a la nación; es decir, nos afecta a todos los peruanos”, explicó Ramírez en una entrevista a El Comercio.
Esta posición de Ramírez generó malestar en Odebrecht. Su director de Comunicaciones en el Perú, Rodrigo Vilar, a través de una carta, afirmó que la procuraduría calculó “un valor 30 veces superior al total de los pagos ilícitos” que la empresa había informado, hasta ese momento, en el proceso de colaboración eficaz.
"Tamaña es la disparidad comparativa que, caso la cifra sea confirmada oficialmente, la empresa tendrá que evaluar cuidadosamente los posibles impactos y consecuencias dentro del ámbito de la colaboración en curso", agregó.
La respuesta de Ramírez no demoró en llegar y consideró que Odebrecht “quiere confundir a la población”.
2. De S/3.468 millones a S/610 millones
Ramírez terminó, durante el primer fin de semana de diciembre de 2018, de fijar el monto de la reparación civil que Odebrecht deberá pagar al Estado por los daños que ocasionó con los pagos de sobornos a políticos y funcionarios. La cifra, de S/610 millones, está lejos de los números que lanzó a inicios de ese mismo año.
El procurador explicó que los primeros cálculos se hicieron en el 2017 en función al Código Civil y no a la Ley 30737 y su reglamento, que fueron promulgados al siguiente año. “Estas se basan en criterios como las utilidades estimadas de la empresa, el porcentaje de la participación de la empresa en proyectos y la capacidad de pago”, subrayó.
También indicó que el monto de S/610 millones fue establecido sobre cuatro obras: Vía Evitamiento del Cusco, la Costa Verde del Callao, la línea 1 del metro de Lima y los tramos II y III de la Interoceánica Sur. Precisamente el acuerdo de colaboración eficaz con la firma brasileña, ya homologado en el Poder Judicial, versa sobre estos proyectos.
“En el Perú, los sobornos reconocidos por la empresa por estos cuatro proyectos suman cerca de US$32 millones. Esto equivale, si se pone en relación a los S/610 millones, más de cinco veces el soborno reconocido. Por eso considero que la cifra fijada es equilibrada”, remarcó en una entrevista con este Diario.
3. “Peligra la firma del acuerdo”
Después de que, en la víspera del Año Nuevo de 2019, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidiera retirar a Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, el procurador Ramírez lamentó esta medida que, según agregó, ponía en peligro la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.
“En principio lamentamos la decisión del fiscal de la Nación. No es oportuno haberlo hecho, ya que estábamos a puertas de firmar el 11 de enero. Creemos con la decisión peligra la firma del acuerdo con la compañía Odebrecht dentro del marco con la colaboración eficaz”, manifestó en Canal N.
La destitución de Vela y Pérez, que días después fue dejada sin efecto por el mismo Chávarry, sí dilato la firma del acuerdo con la firma brasileña, que finalmente se concretó a mediados de febrero del año pasado.
4. La polémica con Enco por Chaglla
Ramírez, en la actualidad es investigado por la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales, luego de que el procurador anticorrupción Amado Enco lo denunciara por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales.
Para el procurador anticorrupción, Ramírez habría “pactado irregularmente” con la constructora brasileña Odebrecht la devolución de S/524 millones retenidos por el Estado tras la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio chino. De acuerdo a Enco, este fondo tenía la condición de “intangible” y estaba destinado para el pago de la reparación civil.
Por medio de un pronunciamiento institucional, la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato consideró la denuncia de Enco como “un acto más de obstaculización respecto al acuerdo de colaboración eficaz”.
“La Procuraduría ad hoc expresa su más enérgico rechazo a esta denuncia por considerarla un acto más de obstaculización respecto al acuerdo de colaboración eficaz, convenio que ha sido aprobado mediante una sentencia del Poder Judicial. Esta denuncia se suma a otras tres presentadas con anterioridad en contra del procurador Ramírez, las cuales persiguen la misma finalidad”, sentenció el comunicado.
Según informó El Comercio, Ramírez se opuso, en un primer momento, a la devolución del dinero de la venta de Chaglla.
5. La reunión en Energía y Minas
Juan Carlos Liu, el saliente ministro de Energía y Minas, contó que se reunió “solo una vez” con ejecutivos de la empresa Odebrecht. Agregó que los recibió a inicios de enero último a solicitud del procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez.
“Solo una vez [me he reunido con funcionarios de la constructora], fue cuando el procurador Ramírez pidió una reunión el 9 de enero de este año”, manifestó.
Al ser consultado sobre si el presidente Martín Vizcarra estaba al tanto de esta cita, respondió que le informó sobre esta al jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos.
“Lo que nos señala el procurador Jorge Ramírez es que Odebrecht requería de una reunión informativa para que le expliquemos cómo iba el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), porque ellos decían que en función de esto, la pretensión de la empresa de plantear a futuro una querella se desvanecía si el Estado se aseguraba de que el proyecto iba adelante”, refirió.
Esta cita se realizó semanas antes de que la firma brasileña demandará al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Odebrecht pide una indemnización de US$1.200 millones por el retiro de la obra del Gasoducto Sur Peruano, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).