José Luis Lecaros recibió a este Diario para dar su primera entrevista tras ser elegido presidente del Poder Judicial, y adelantó cuáles serán las primeras acciones de su gestión que se inicia en enero próximo.
— Ha sido elegido solo con 6 de 18 votos. Siete magistrados votaron en blanco y uno nulo. ¿Cuál es su lectura?
Lo que ha sucedido es que un grupo de magistrados pretendía la reelección del doctor Víctor Prado Saldarriaga, contraviniendo la ley orgánica del Poder Judicial, que no lo permite, y tratando de dejar sin efecto un acuerdo de la sala plena que estipuló que él no podía ser reelegido. Supongo que una forma de protestar contra esa decisión fue votar en blanco.
— Esta votación no tiene precedentes en el Poder Judicial, dos tercios de magistrados no lo apoyó. ¿Se puede gobernar con tan poco respaldo?
Yo creo que sí porque realmente quien maneja el Poder Judicial es el Consejo Ejecutivo y este no ha mostrado ningún signo de falta de respaldo a la nueva gestión. La sala plena es el órgano máximo de deliberación, pero en el gobierno del Poder Judicial no tiene mayor papel.
— Cuando cayó el juez César Hinostroza usted declaró que hace tiempo se sabía quién era él. ¿Por qué no lo dijo antes?
En el 2005, cuando yo era provisional llegué al Palacio de Justicia y encontré que el señor Hinostroza iba a jurar como vocal provisional, e inmediatamente se lo informé al doctor Hugo Sivina, que era el presidente de mi sala, y él evitó que Hinostroza jurara, porque, al igual que toda la Corte Suprema, sabía de las costumbres de Hinostroza. No se podía hacer una denuncia formal porque no había pruebas. Ahora ya hay pruebas y por eso lo digo abiertamente porque ya están probadas las cosas que hacía.
— ¿Y qué hará como presidente del Poder Judicial para no tener otros César Hinostroza y Walter Ríos?
Potenciar la OCMA, que tiene graves problemas por falta de personal, infraestructura, presupuesto. Es conveniente sacrificar otras áreas que no son prioritarias para potenciar la OCMA y que realmente funcione como un órgano de control. Y por otro lado la transparencia absoluta de las decisiones judiciales y nuestros procedimientos administrativos para que sea imposible que un funcionario se apropie de dinero.
— ¿Hará obligatoria la publicación de sentencias?
Ya es obligatorio.
— Pero no se cumple.
En la sala que yo presido y creo que en la Sala Penal Permanente, que preside César San Martín, sí se publica inmediatamente, pero hay otras salas que no lo hacen. Vamos a exigir que se cumpla y al que no lo haga le aplicaremos las sanciones pertinentes.
— ¿Qué opina de la reciente decisión de una sala de absolver a miembros del Movadef acusados de apología del terrorismo?
Sobre la absolución en sí no puedo opinar porque no he leído la sentencia, pero sí quiero decirle que he recibido información de parte de la procuraduría respecto a que esa sala absuelve constantemente a gente vinculada a estos movimientos terroristas, y estas decisiones son revocadas por la Corte Suprema. Vamos a evaluar en el Consejo Ejecutivo la actuación de esta sala y, de ser necesario, se removerá a sus integrantes.
— En el 2016 un portal periodístico lo reportó como uno de los jueces con mayor fortuna del país, con un patrimonio que superaba el S/1’800.000. ¿Usted reitera que su patrimonio es producto de herencias, sueldo y sus ahorros?
Así es. Hay una mala idea en la prensa, que creen que un magistrado llega a la Corte Suprema, disculpe el término, con una mano atrás y otra adelante, y eso no es así. Uno llega a acá, no digo con una fortuna, sino con un patrimonio que lo ha conseguido a través de muchos años de trabajo y además de herencias de padres, abuelos.
— Algo que se le cuestionó es que usted dijo que hizo un anticipo de herencia a sus hijos, y cuando el periodista le solicitó los documentos respectivos usted no los mostró. ¿Años después, en aras de la transparencia, podría mostrarlos?
Por supuesto, obviamente el periodista me preguntó en mi oficina y yo los tengo en mi casa. Pero si un periodista me pide que los traiga yo se los enseño.
— El ex presidente Alan García y Keiko Fujimori han denunciado persecución política, a raíz de que vienen siendo investigados por delitos como lavado de activos.
De parte del Poder Judicial no hay ningún tipo de persecución. Yo no sé qué líos políticos tendrán estos señores con el Gobierno. Pero respecto a los juicios que se les sigue, se están llevando con absoluta transparencia. No hay ninguna irregularidad, todo está de acuerdo a ley, de acuerdo a las pruebas que ofrece el fiscal. Más aun, que las decisiones del juez Richard Concepción Carhuancho, en cierto número han sido revocadas por las instancias superiores. Eso demuestra total imparcialidad.
— ¿Afectará las investigaciones por lavado de activos a estos políticos la ley de financiamiento ilegal de partidos que acaba de aprobar el Congreso?
No necesariamente porque una cosa es el financiamiento a partidos políticos y otra cosa es qué se hace con el dinero producto de ese financiamiento. El lavado de activos consiste en introducir al mercado financiero dinero sucio, y si este entra vía este financiamiento, igual sigue siendo lavado de activos. Y si una persona da un millón de dólares a un partido pero no es dinero sucio, eso está prohibido por las normas electorales, eso no es lavado de activos.
— Es decir, ¿estos investigados no podrán decir luego de que se les investigue por financiamiento, cuya pena será menor, y no por lavado de activos?
No porque el financiamiento está penado cuando el dinero es lícito, pero cuando el dinero es ilícito es lavado de activos cualquiera sea la modalidad.
— ¿El presidente Martín Vizcarra tiene poder para interferir en las decisiones del Poder Judicial?
Absolutamente en ninguna. Él es libre, como cualquier ciudadano, de dar opiniones.
— ¿El fiscal Pedro Chávarry debería dar un paso al costado hasta que se aclaren los cuestionamientos en su contra?
El presidente electo del Poder Judicial no debe dar ninguna opinión al respecto. El Ministerio Público es autónomo y no me inmiscuyo en asuntos de la fiscalía.