José Luis Gavidia: los cuestionamientos y polémicas del ministro de Defensa investigado por la fiscalía

El Ministerio Público informó este lunes que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Gavidia por la presunta comisión del delito de peculado de uso. Ello en torno a la utilización un avión de la Marina de Guerra del Perú para viajar con sus hijas a Huánuco durante tres días en marzo pasado.

MIRA: Pedro Castillo se alejó de Perú Libre: el entorno del presidente promueve la inscripción de tres partidos

Con 63 años, José Luis Gavidia es un contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro que integra el Gabinete Ministerial desde el 1 de febrero, como parte de la breve gestión del otrora primer ministro Héctor Valer. Luego fue ratificado por Aníbal Torres.

Solo horas después de su juramentación, Latina Noticias reveló que Gavidia tenía registrada ante la Policía Nacional –en la comisaría de San Borja– una denuncia realizada por su esposa en setiembre del 2021 por violencia familiar.

De acuerdo al parte policial, el hoy ministro le reclamó a su cónyuge por una presunta infidelidad y la hostigó dentro de la vivienda que ambos compartían.

En su declaración jurada de nombramiento, el ministro consignó un proceso ya archivado por “agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar”.

Entre otros cuestionamientos estuvieron el hecho de que una empresa vinculada a su hermano Francisco Gavidia ganara contratos con el Estado luego de que el ministro asumiera el cargo, lo cual está prohibido por ley.

Sin embargo, este respondió que, desde que se sumó al Ejecutivo, su familiar no era parte de la compañía. Asimismo, descartó cualquier favorecimiento.

Pero Gavidia también ha resaltado durante su gestión en el Ministerio de Defensa por expresiones desafortunadas, así como por ser escudero del presidente Pedro Castillo.

Por ejemplo, en abril, consultado por la prensa respecto de un bloqueo de vías durante un paro de transportistas en Junín, intentó minimizar el impacto social señalando que “hay cuatro muertos […] no ha habido nada más, son cuatro”.

Asimismo, luego de que El Comercio reportara que las actas de los Consejos de Ministros Descentralizados revelaban improvisación, estaban desvirtuadas y no se ajustaban a normas vigentes, Gavidia defendió dichos encuentros y aseveró que si bien son importantes las actas, “más importantes son las acciones de los ministros”.

En junio, en entrevista con Canal N, defendió también el silencio que por entonces aún mantenía el presidente Pedro Castillo ante la prensa. Enfatizó que el mandatario “tiene su estilo de comunicación” y que lo más importante era el contacto directo con la población en sus actividades.

Hace poco más de una semana, Gavidia minimizó un reportaje de “Cuarto poder” respecto a la construcción de un helipuerto informal en los terrenos cercanos a la vivienda de los padres del presidente Castillo en Chota.

También defendió el irregular accionar de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, al ofrecer una obra en Cajamarca, pese a no ser funcionaria pública.

“Veo a la hermana de la primera dama viendo y gestionando algunas obras para su pueblo […] Indudablemente, si ha habido alguna situación adicional, tengo la seguridad de que ella podrá hacer los descargos. Pero veo que está haciendo una gestión, interponer sus buenos oficios”, declaró a la prensa hace algunos días.

El reciente caso

La decisión del Ministerio Público se dio luego de que el programa “Punto final” reportara el último domingo que Gavidia, en un viaje del 13 al 15 de marzo, se trasladó en la nave no solo con a funcionarios para una actividad oficial programada para el 14 de ese mes, sino también junto a sus hijas de 11, 15 y 31 años.

La Marina brindó la información al citado dominical, mientras que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) –ante un requerimiento similar– se negó a entregar las listas de pasajeros de vuelos oficiales presuntamente por ser información confidencial y contener nombres de familiares de ministros.

Este delito está tipificado en el artículo 388 del Código Penal:

A través de Twitter, Gavidia explicó que los hechos respondieron a un “viaje de trabajo” y no un “paseo familiar a Huánuco”, el cual se inició el domingo 13 de marzo para una actividad un día después, cuando estaba planeado el retorno. Sin embargo, este se pospuso hasta el 15 por el mal tiempo.

“Al realizar dicho viaje me vi en la obligación de llevar a mis hijas, debido a que en la fecha mencionada tuve a mi cargo su cuidado y a la vez tenía que cumplir mi labor como autoridad. No podía eludir mi responsabilidad de padre, de acuerdo a un régimen de visitas acordado […] Los viáticos y otros gastos generados por mis hijas fueron asumidos enteramente por mí. Como miles de hombres y mujeres que deben llevar a sus hijos a sus lugares de trabajo, hice la solicitud para llevarlas a fin de cuidarlas y salvaguardar su integridad”, manifestó.

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado con los mismos argumentos y también señaló que los recursos asignados a su pliego son usados de manera responsable y transparente.

Citación en el Congreso

En el Congreso de la República también se han adoptado medidas en cuanto al caso. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó a El Comercio que cursará una citación al ministro de Defensa, José Luis Gavidia, a fin de que explique los hechos.

De acuerdo a Ventura, la convocatoria es en principio para este viernes 15 de julio a las 9 a.m. No obstante, precisó que ello podría variar si la sesión de este miércoles –a la que están citadas la primera dama Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes y el empresario Hugo Espino– se suspende a causa del desarrollo del pleno del Parlamento.

“Tendría que presentarse ante la Comisión de Fiscalización y esclarecer. Que nos diga cuáles son las razones por las que viajó a Huánuco, si había una reunión de las gestiones ministeriales, por qué viajó con sus hijas y por qué se han demorado tanto tiempo. Cuáles son las razones para el uso del avión si esto respondía a un viaje de gestión ministerial”, sostuvo Ventura.

Según acotó a este Diario, “estaríamos frente a un presunto hecho de peculado de uso”.

Desde el Parlamento, precisamente, se había pedido a la Fiscalía de la Nación tomar cartas en el asunto. La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), remitió este lunes un oficio a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, exhortándole que evalúe acciones pertinentes en torno al caso del ministro Gavidia.

“…Ello constituye hechos pasibles de investigación por parte del Ministerio Público, al tratarse de bienes y recursos públicos utilizados con fines distintos a los que fueron asignados, lo que se enmarcaría en el tipo penal de peculado de uso”, señala el documento.

Un pedido similar, a través de un oficio con carácter de “muy urgente”, hizo Vivian Olivos (Fuerza Popular), titular de la Comisión Agraria del Congreso. Para ella, lo ocurrido con Gavidia “constituiría un aprovechamiento indebido de un bien público”.

Por ello, solicitó a la fiscal de la Nación que “realice las investigaciones de oficio con suma urgencia y de corresponder proceda con la denuncia correspondiente”. Olivos también sostuvo que el presunto ilícito sería el de peculado de uso.

Además, como parte de sus atribuciones parlamentarias, Olivos dirigió otro oficio, esta vez al propio José Luis Gavidia. En el documento le solicita al ministro información respecto al viaje oficial del 13 de marzo a Huánuco “en compañía de sus familiares directos (hijas); la información a remitir debe detallar cuál fue la justificación para la participación de sus familiares”.

La situación vislumbra un panorama complicado para Gavidia. Junto a él, otros actuales ministros que mantienen investigaciones en trámite en la fiscalía son: Geiner Alvarado (Vivienda), Roberto Sánchez (Mincetur), Rosendo Serna (Educación), Dina Boluarte (Midis) y Diana Miloslavich (MIMP).

Cabe recordar, además, que el propio presidente Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y organización criminal por supuestamente encabezar una red criminal. En este caso está involucrado el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva.