Exministro del Interior y autor, entre muchos otros libros, de “Manual de seguridad ciudadana” (junto a Lucía Nuñovero Cisneros, especialista en criminología), José Luis Pérez Guadalupe analiza uno de los momentos más críticos que la Policía Nacional ha vivido en los últimos años, con un ministro del Interior y un comandante general enfrentados políticamente, en medio de una alarmante crisis de inseguridad y crimen.
—En los últimos días hemos visto al ministro del Interior, Avelino Guillén, en cuanto operativo policial ha habido: en Las Malvinas con celulares robados, en el Callao buscando requisitoriados, en un operativo contra una mafia dentro del MEF. ¿Qué tan usual es esto, y qué tan necesario?
¿Tiene que haber un ministro que lidere su sector? Sí. La pregunta es cuándo debe estar y cuándo no, puede ser que necesite llenar el ojo ante las cámaras. Pero creo que se tiene que distinguir el plano estrictamente operativo, que lo tiene el general o coronel de la Policía Nacional, y la función política, que es del ministro. No hay que trasponer esas líneas. El más claro ejemplo de esto fue Daniel Urresti que, siendo ministro, parecía un sheriff.
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—Pero esto sucede en un momento particular, cuando el ministro está en un abierto y público desacuerdo con el comandante general de la policía, Javier Gallardo. ¿En qué momento el desencuentro entre un ministro civil y un general de la policía se convierte en insubordinación?
Eso se tiene que zanjar cuanto antes. Supuestamente, el insubordinado, que es el general Gallardo, dice que tiene el apoyo de Castillo. Ahí está el conflicto y el presidente no dice nada, para variar. Siempre ha habido una cosa institucional, que son las listas para los ascensos y pases al retiro. Cuando fui ministro, quien me pasó la lista fue el general Vicente Romero. Pero yo quería además ver los puntajes, la carrera de cada uno, y cruzar información con Inteligencia, porque esa es la función del ministro.
—El problema está, al parecer, en que Gallardo se siente protegido. Ha propuesto en importantes cargos policiales a oficiales que se reunieron con el exasesor Pacheco.
La pregunta es si Guillén se está independizando del presidente para hacer lo que le corresponde. Si va por esa línea, si se va a comer el pleito, tiene mis respetos. Porque el comandante general le da una lista de ascensos, pero le puede estar metiendo goles por la huacha. Hay generales como Óscar Arriola, de la Dircote, a quien se lo querían bajar. Guillén está haciendo todo lo contrario a, por ejemplo, el ministro José Elice, que se jactaba de no haber interferido en la lista que le habían dado. Pésimo, pues, ¿para qué es ministro, entonces? Guillén es el ministro del Interior, no un boy scout.
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—¿Genera alguna suspicacia que quieran dar de baja a Arriola, cuando varios personajes cercanos al Gobierno están siendo investigados o procesados por terrorismo?
Siempre tiene que haber mucho respeto a la institucionalidad. En la policía, más aún. Los generales, los coroneles tienen más de 30 años en su carrera, saben lo suyo, son cazadores. No es que de la Dircote puedes mandar a un general a la Unidad de Salvataje. ¡No, pues! Volviendo a tu pregunta: sí me parece sospechoso.
—Cuando hay estas desavenencias abiertas, ¿de qué manera perjudica la labor del policía común, del que está parado en la esquina o sentado en una comisaría?
Hay un tema fundamental, que es el liderazgo. En los últimos años se mantuvo, al menos en parte, porque se respetó el orden para el nombramiento de los comandantes generales. La caída de este liderazgo policial y de la institucionalidad vino con el ministro Rubén Vargas, que sacó a 20 generales para poner al número 21, que era Cervantes. Aunque hay otro factor: lo que ocurrió con las protestas de noviembre del 2020 hasta la salida de Manuel Merino y los excesos que hubo en la policía, totalmente censurables, generaron un rechazo social muy fuerte hacia la policía. Ahí comenzó la desinstitucionalización y la falta de liderazgo, fue el punto de quiebre. No solo se perdió el liderazgo en los jefes, sino en el personal policial. ¿Quién respalda a los policías? Nadie. No puede haber liderazgo con ocho ministros en poco más de un año.
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—¿Los delincuentes saben detectar cuando hay fallas en el sistema de seguridad ciudadana?
Sí, por supuesto, esa es su chamba, saben qué zonas hay, a qué hora pueden ir, saben qué lugares están ‘botados’, sin vigilancia. Hay un desincentivo, se le baja la moral al efectivo policial. Como me dijo un general: es como un tornillo, donde si mueves la cabeza todo gira, pero si no lo haces, o si lo haces mal, sucede lo peor. Sin liderazgo no tienes efectividad policial.
—La última vez que hubo estado de emergencia por delincuencia fue en el Callao (desde diciembre 2015), cuando usted era ministro. ¿Cuál fue el detonante para tomar esa decisión?
Para un estado de emergencia no solo tiene que haber un problema, sino una visión para solucionarlo. El ejemplo más claro de lo que no se debe hacer fue Luis Barranzuela, que va a pasar al anecdotario porque sacó a las Fuerzas Armadas a la calle, pero no declaró estado de emergencia. ¿Qué hizo? Nada. Nosotros en el 2015 declaramos en emergencia, pero no sacamos a las Fuerzas Armadas; no creo que ayuden a esto, salvo casos muy especiales. Si quieren declarar en emergencia, primero tienen que preguntarse qué quieren lograr. ¿Propaganda, un show? No van a lograr reducir los índices de delincuencia de esa manera. Ojo, yo sí estoy de acuerdo con que se declare en emergencia, pero hay que preguntarse para qué. Esa medida suspende la garantía de derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio. Pero para eso tienes que tener previamente mapeados los lugares donde se reúnen los delincuentes, tiene que haber investigación, informantes. Nosotros luego vimos cómo se reducía mes por mes el sicariato en el Callao.
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—Todos los días en Lima y otras ciudades aparecen personas asesinadas por sicarios. ¿Es un indicador de que el crimen, la inseguridad aumenta? Muchas veces se matan entre los propios jefes de bandas.
El índice más claro de la delincuencia son las muertes violentas, es un buen indicador de la violencia que hay en un país. Un asesinato es un crimen dentro de todo un contexto de criminalidad. En este momento hay cuatro tipos de delitos, que hace 20 años no existían, y que son el terror dentro de la inseguridad ciudadana: el ‘raqueteo’, el sicariato, los ‘marcas’ y la extorsión. Contra eso se tiene que tener un plan y un objetivo. En el Callao nosotros medimos solo la reducción de muertes violentas, ese fue el objetivo mes por mes.
—En el “Manual de seguridad ciudadana”, sostiene que “pensar que la acción policial es el primer paso para tratar el fenómeno delictivo es una gran equivocación: la policía interviene cuando ya se ha producido delito. El primer paso a trabajar en cada sociedad es la prevención y no la represión”. ¿Cómo se trabaja la prevención en un país donde las instituciones no funcionan?
En los temas de seguridad ciudadana en general, la policía es la institución central, sí; pero no es la única. Está la parte de prevención, para evitar que se genere más delincuencia, y en segundo lugar está el sistema de justicia, con la fiscalía y el Poder Judicial. Ahora la policía captura a los delincuentes y los vuelve a capturar a los seis meses, y al año siguiente los captura de nuevo, cuando tendrían que estar presos. El sistema de justicia en este momento no está funcionando. Por más que la policía actúe mejor, si el segundo paso en mejorar no es la fiscalía y el Poder Judicial, no se habrá logrado nada. La prevención es un trabajo multisectorial, tienen que estar todos los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades. Los policías son como los bomberos, que llegan cuando ya sucedió el hecho; lo que hay que hacer es prevenir delitos como se previenen incendios. Si tienes un distrito mejor iluminado, con rondas vecinales, con patrullaje policial y más ordenado, vas a tener menor delincuencia.
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—Hablando de justicia: ¿con qué palabra se puede definir un sistema judicial que permite que un sentenciado con prisión suspendida, como Vladimir Cerrón, ingrese cómodamente a Palacio? Recién se va a pedir orden de captura porque no pidió permiso para viajar pero, en la práctica, ya era un ciudadano libre y silvestre, pese a tener sentencia.
Tenemos la legalidad, pero también la trampa de la legalidad. A Cerrón lo sentencian a cuatro años y ocho meses en primera instancia, y en segunda instancia le bajan la condena a cuatro años, que puede ser suspendida. Cerrón fue sancionado como delincuente, pero recién esperaron que incumpliera la norma para pedir cárcel. Es como Al Capone, que tenía delitos mayores, pero fue a la cárcel por evadir impuestos. La justicia que tenemos es esa, la del juez que cita a Mark Zuckerberg, la del juez que sentencia a Christopher Acosta, la que condena a Julio Magán [expresidente del INPE] en primera y segunda instancia, aunque después la Corte Suprema se tiró abajo la sentencia diciendo que no tenía ningún sentido. Como decía Cicerón, a mayor legalidad, mayor injusticia.
“Hay un crimen organizado extranjero”
—De día, en una zona vigilada como el cerro de La Molina, un hombre asesina a otros dos dentro de un auto. Se investiga una guerra de bandas venezolanas y surge otra vez la pregunta: ¿hay un nuevo lenguaje de la violencia criminal?
Para no generalizar, el primer criterio es saber si la persona es delincuente o no, no importa si es venezolano, arequipeño, limeño o del Callao. Viendo eso, está claro que ha habido un aumento en la presencia de delincuentes venezolanos. Ellos vienen de un tipo de delincuencia mucho más violenta.
—¿Por qué es distinta la violencia en un barrio difícil de Caracas que en uno de Lima?
Lo pongo en términos muy crudos: el costo alternativo para ellos es cero. No tienen nada que perder. Allá los matan o se mueren de hambre, acá por lo menos la pelean. La venezolana es una sociedad mucho más violenta y en la que no hay alternativas. Una cosa es el migrante que viene a trabajar y luego trae a su familia –a quien hay que apoyar–, pero hay otros que vienen ya siendo delincuentes. Ningún migrante, de un día para otro, agarra un ‘fierro’ y se pone a robar. Pero además no son solo delincuentes que asaltan a peruanos, ahora hay un crimen organizado extranjero, con ajustes de cuentas entre ellos. El venezolano no tiene qué perder y es más violento.
—Cuando usted presidía el INPE casi no había reclusos venezolanos. Ahora hay cientos. ¿Qué sucede allí dentro frente a este fenómeno?
En la cárcel, la ‘faitería’ peruana manda. ‘Pórtate bonito, acá no hay motines, no hay balaceras, acá se respeta’, y el preso extranjero entiende.
—Este operativo fallido, en el que se pretendía expulsar del país a venezolanos con supuestos antecedentes, ¿era parte de alguna estrategia acaso?
Nunca entendí bien ese criterio. Si está comprobado que ha cometido delito, se lo juzga y que cumpla condena donde cometió el delito, se le mete a la cárcel. No entendí el show.
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