El defensor del expresidente Alberto Fujimori había informado, al inicio de la audiencia, que había dado positivo al coronavirus. (Foto: El Comercio)
El defensor del expresidente Alberto Fujimori había informado, al inicio de la audiencia, que había dado positivo al coronavirus. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
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El juez Rafael Martínez suspendió la audiencia de presentación de cargos contra expresidente por el caso luego que abogado César Nakazaki presentara fiebre por .

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“Le decía señor magistrado que me siento un poco afiebrado”, dijo el defensor del exmandatario peruano, que al inicio de la audiencia informó que había dado positivo al COVID-19.

“Es comprensible por lo que usted había informado, cuál había sido su estado de salud anteriormente (…) Es un contagio que es inesperado, no advierte ni discrimina personas (…) Por el día de hoy vamos a suspender esta audiencia”, señaló el juez en respuesta a Nakazaki. La audiencia se retomará el lunes 10 de mayo.

La Fiscalía considera que el expresidente es el máximo y principal responsable de las muertes y lesiones graves ocurridas a causa de las esterilizaciones forzadas que se practicaron a mujeres durante su mandato (1990-2000).

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El fiscal Pablo Espinoza Vásquez detalló que la denuncia en contra de Alberto Fujimori y los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga es por los presuntos delitos de lesiones graves seguido de muerte contra 5 mujeres y por lesiones graves contra 1300 agraviadas.

En la sesión para presentar la acusación contra los presuntos culpables del caso, el pasado 20 de abril, Espinoza indicó que Fujimori impulsó las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

“En su condición de presidente de la República, ubicado en la cúspide del aparato de poder bajo su mando, resulta el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas”, detalló Espinoza.

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El fiscal enfatizó que las esterilizaciones fueron practicadas sin considerar la normativa vigente, sin una infraestructura adecuada, sin personal médico especializado y sin el consentimiento informado de las pacientes que eran sometidas a la ligadura de trompas.

Las esterilizaciones forzadas se aplicaron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000 a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

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