El líder etnocacerista, Antauro Humala, solicitó al director del establecimiento penitenciario de Ancón II el cumplimiento de su condena a través de la “redención de pena por trabajo y estudio”, a fin de obtener su libertad.
A través de un oficio, el exmilitar refirió que en el caso de sentenciados por el delito de secuestro, se aplica la figura de “ley por remisión”, que establece una redención de pena a razón de 7x1 (7 días de labor efectiva por un día de pena).
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De este modo, Humala Tasso busca acogerse a la Ley 28760, publicada el 14 de junio del 2006, que establece beneficios penitenciarios para los condenados por ese delito, en base a lo previsto en el artículo 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 927.
El documento fue presentado por Ina Andrade, esposa de Antauro Humala, quien exige su libertad inmediata por tener sentencia cumplida. Junto a su abogada, entregó la solicitud al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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En el documento, el hermano del expresidente Ollanta Humala también recordó que inicialmente en el 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por la toma de una comisaría en Andahuaylas, hecho conocido como el ‘Andahuaylazo’, el 1 de enero del 2005.
La pena fue reducida por la Corte Suprema a 19 años de prisión por los delitos de rebelión, sustracción de armas, secuestro, daños y homicidio simple con dolo eventual. A la fecha, ha cumplido 16 años, 10 meses y 9 días de reclusión efectiva.
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Cabe indicar que en octubre pasado Antauro Humala fue trasladado desde el Establecimiento Penitenciario de Ancón I hacia el Penal Ancón II por “motivos de seguridad del interno”.
Ese mismo mes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por el representante de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú (Conan Perú), Enrique Bernal Solano, que buscaba la liberación de Humala Tasso.
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La referida medida constitucional pretendía revertir la resolución que había declarado improcedente la demanda de Antauro Humala contra los procuradores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el TC, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia y demás presuntos responsables, emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el 30 de noviembre de 2020.
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