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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado hoy el pedido para cesar la medida de prisión preventiva dictada contra Juan Cortez Bravo y Rafaella López Pineda, quienes son investigados por presunto lavado de activos junto a César Álvarez, ex presidente regional de Áncash, y otros procesados.
De acuerdo a la resolución judicial, los esposos Cortez y López deberán continuar siendo investigados bajo prisión preventiva.
A Cortez Bravo y López Pineda se les atribuye, según la fiscalía, la condición de ser testaferros de Rosa Olivares de la Cruz, una periodista muy cercana a la red criminal de Álvarez, que también está investigada por el Caso 'La Centralita'.
Los esposos aparecen como propietarios de dos embarcaciones pesqueras pese a no tener capacidad económica para haber hecho tales adquisiciones. Las naves pertenecerían, en realidad, a Olivares.
El juzgado rechazó el pedido para variar la prisión preventiva de la pareja debido a que no se presentó ninguna nueva evidencia que debilite el sustento de esa medida.
La audiencia se realizó hoy en la sede de la Sala Penal Nacional.
