El 25 de abril, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, exsocio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), estaba listo para volar a Chile en un avión privado, pero la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho frustró súbitamente su viaje. Hoy se conoció que el fiscal José Domingo Pérez ha pedido una nueva ampliación de su impedimento de salida del país, por 22 días.
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Aquel 25 de abril se habían cumplido los dos meses de impedimento de salida de país que el Poder Judicial le impuso el 26 de marzo de este año, pero Concepción Carhuancho dispuso que se quede 41 días más, los mismos que correspondían a los días de la emergencia sanitaria contra el coronavirus que no se contabilizarían como parte del plazo de la medida coercitiva. A poco de cumplirse ese plazo es que se ha solicitado la nueva ampliación.
El impedimento de salida del país se dictó con el fin de asegurar las declaraciones de Sepúlveda como testigo en el caso de la carretera Interoceánica Sur.
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“El plazo procesal [el plazo para tomar la declaración] es lo que podría reponerse, pero no la medida de coerción personal. Si una persona está con prisión preventiva y hay una huelga del Poder Judicial, no se le da tres meses más. Se le excarcela. Lo que está haciendo realmente el juez es prolongar el impedimento de salida y eso por ley está prohibido en caso de testigos”, declaró a El Comercio el abogado de Sepúlveda, Percy García, hace un mes.
“Él siempre ha podido negarse a venir, pero vino para declarar el 24, 26 y 28 [de febrero]. El 26 no le tomaron la declaración. Ese mismo día, el fiscal pidió el impedimento de salida y el juez Concepción Carhuancho, en dos horas, como siempre, le hizo la audiencia”, agregó. García presentó una queja contra el magistrado por este caso.
Esta situación judicial del ciudadano chileno forma parte de la investigación que tiene en sus manos el equipo especial Lava Jato y que está referida a un presunto pacto que hubo entre el exmandatario Alejandro Toledo y la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la adjudicación del proyecto de la Interoceánica Sur a cambio de un pago ilícito. Por este caso el empresario sureño está vinculado pero solo en calidad de testigo.
Sin embargo, hay otro proceso en el que Gerardo Sepúlveda está involucrado. Es el caso de presunto lavado de activos referido a los pagos por consultorías que Odebrecht hizo a la empresa Westfield Capital de PPK durante el período en que este se desempeñó como ministro de Economía, presidente de Pro Inversión y primer ministro del gobierno de Toledo.
A continuación presentamos un panorama detallado y la situación actual en la que se encuentran las dos investigaciones con las que está vinculado el amigo y exsocio de Kuczynski.
1- Caso Westfield y PPK
Cuando Kuczynski juró el 28 de julio del 2016 como presidente de la República, Gerardo Sepúlveda Quezada estuvo en el Congreso como un invitado especial. No era para menos, eran grandes amigos y habían sido socios. El vínculo se inició en 1992 cuando PPK tenía 50 años y Sepúlveda 27 años. Ahora comparten un proceso judicial.
La empresa Westfield Capital, según la fiscalía, recibió dinero de Odebrecht con el fin de que Kuczynski ayudara a obtener la buena pro del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación Olmos cuando formaba parte del gobierno de Toledo.
La investigación a PPK se abrió en el 2018. Se le imputa que como alto funcionario público dictó normas con el fin de que se otorgue la buena pro para la concesionaria IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos con el fin de que su empresa Westfield Capital sea contratada para el proceso de estructuración que debían cumplir las concesionarias.
El expresidente negó que existiese conflicto de intereses, pues asegura que mientras fue ministro de Economía, y posteriormente primer ministro de Toledo, sus negocios y la empresa Westfield los manejaba su socio Sepúlveda, quien también es dueño de la empresa Fisrt Capital.
El 19 de abril del año pasado, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 36 meses de prisión preventiva contra PPK, pero esa medida no se llegó a cumplir pues un día antes el exmandatario fue internado de urgencia en una clínica. Poco después, el 27 de abril la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional varió esa medida por el de arresto domiciliario por 36 meses que se mantiene hasta el momento.
En esta investigación, Sepúlveda estuvo al comienzo como investigado, y en calidad de tal fue interrogado en marzo del 2018 desde Santiago de Chile. En abril del 2019, la fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra él no obstante que en ese momento vivía en Santiago de Chile.
“De esa estructuración en Olmos, Westfield Capital y PPK no recibieron un sol del honorario de éxito. No hay ninguna operación que no pueda ser explicada. La transferencia de First Capital [empresa solo de Sepúlveda] a PPK, acreditada por contrato, fue una participación en la estructuración financiera de Rutas de Lima”, alega Percy García.
El requerimiento fiscal fue evaluado nueve meses después. El 11 de febrero de este año, el juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido y dictó una orden de comparecencia con restricciones, como venir al Perú cada tres meses a firmar un registro y pagar una caución de S/100 mil.
La fiscalía considera que Westfield Capital, empresa de Kuczynski, prestó el servicio de consultoría para la obra Interoceánica, a través de Gerardo Sepúlveda. El ciudadano chileno ha manifestado que los trabajos que realizó para la empresa Odebrecht sobre el proyecto Interoceánica fueron “eminentemente técnicos”. Su defensa ha negado cualquier irregularidad.
Sepúlveda vino a Lima en abril de este año y el 26 de ese mes acudió al despacho del equipo especial Lava Jato, en el Centro de Lima, para declarar por la investigación en su contra, pero la diligencia fue suspendida y reprogramada. Aprovechando su visita, el fiscal Pérez solicitó su impedimento de salida por el caso Interoceánica y el juez Concepción dispuso el 26 de febrero que se quede en el país durante dos meses.
2- Caso Interoceánica y Toledo
El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó, el 4 de marzo de este año, la ampliación por tres meses de la investigación preparatoria del Caso Interoceánica en el que están comprendidos el expresidentes Alejandro Toledo y el exsuperintendente de Odebecht en Perú Jorge Barata, entre otros.
Esa indagación comenzó formalmente el 2 de febrero del 2017, luego de que la empresa Odebrecht reconoció un pago de US$20 millones a Toledo a cambio de facilitarle la buena pro de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. El 3 de febrero se cumplieron los 36 meses de plazo que el mismo magistrado Concepción había dispuesto para esta investigación preparatoria, en la que se imputan los delitos de lavado de activos y colusión a los implicados.
De acuerdo a la fiscalía, Alejandro Toledo habría favoreció a la constructora brasileña con decretos legislativos para obtener la licitación de la ejecución de la carretera Interocéanica. La fiscalía ha pedido 16 años y 8 meses de prisión para el exjefe de Estado,
Durante la investigación, Jorge Barata precisó que las coimas entregadas a Toledo no fueron solo US$20 millones como se dijo en un inicio sino un total de US$31 millones.
El 22 de enero de 2020, el empresario Joseph Maiman Rapaport, examigo de Toledo, declaró sobre ese caso desde Israel al Equipo Especial Lava Jato, en una audiencia especial de prueba anticipada. En esa oportunidad dijo que había recibido US$30 millones de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa para ser transferidas a las cuentas de Toledo Manrique.
La investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez se encuentra en su etapa final. Una vez que concluya el plazo de ampliación, la fiscalía formulará la acusación contra el exgobernante y los otros implicados. Por este caso, Toledo afronta un proceso de extradición en Estados Unidos, donde actualmente cumple arresto domiciliario.
Justamente por este caso, el juez Concepción Carhuancho dictó impedimento de salida del país contra Gerardo Sepúlveda, por considerar que su testimonio es importante para esclarecer las presuntas negociaciones que se habrían dado entre Toledo y Odebrecht. “Sin el testimonio de Gerardo Sepúlveda no se podrá garantizar el derecho a la verdad de la sociedad agraviada por el delito”, manifestó el fiscal José Domingo Pérez.
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¿Cómo se contagia el coronavirus?
El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.
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