El juez Víctor Zúñiga Urday declaró fundado el pedido fiscal para que Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) sea incorporado como persona jurídica en la investigación por el delito de lavado de activos que se le sigue a Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales.
La medida del magistrado, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, tiene como fecha el 21 de noviembre.
La disposición habilita al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, para que pida la eventual suspensión o disolución del partido político cuando finalice su investigación del Caso Odebrecht.
En la fundamentación, el juez Zúñiga sostiene que no considera que “se esté afectando la democracia del país” porque “es sabido que las consecuencias que pueda tener una persona jurídica no hace a todos sus integrantes, miembros o votantes, responsables de lo que hayan podido realizar algunas personas”.
Para justificar lo señalado anteriormente, se indica que, de acuerdo con lo señalado por la fiscalía, “‘se instrumentalizó al partido político para satisfacer los fines delictivos de la organización criminal’ y esto es así porque precisamente la responsabilidad es personal”.
En la resolución se requirió a Fuerza Popular para que cumpla con designar un apoderado judicial dentro del plazo de cinco días.
—En contra—
La exlegisladora Martha Chávez, quien asumió la defensa legal de Fuerza Popular en noviembre pasado, indicó que no está de acuerdo con la decisión adoptada.
“Una de las razones es que sea posible aplicarle a la organización las medidas complementarias que establece el Código Penal, cosa que no es posible en un partido que tiene como integrantes a miles de personas”, dijo Martha Chávez a Canal N.