Martín Vizcarra: Poder Judicial deja al voto apelación del expresidente contra inhabilitación política del Congreso por Vacunagate

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima dejó al voto la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra contra la resolución que declaró improcedente su acción de amparo por la inhabilitación del Congreso de la República por 10 años.

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Durante la audiencia, Vizcarra dijo que la denuncia constitucional aprobada por el Parlamento en su contra “no ha respetado” los procedimientos y plazos previstos en el reglamento del Congreso y lo establecido en la Constitución.

“No es que queramos que no se haga el proceso, que se haga, pero respetando los procedimiento y los plazos, se ha hecho en dos meses, no me han dado derecho a la defensa, se ha trabajado en días no laborables, hemos presentado escritos que no han sido respondidos y se pasó a otra etapa”, afirmó.

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En tanto, su abogado, Fernando Ugaz, argumentó que no se ha valorado la vulneración de los derechos de Vizcarra Cornejo, pues las acusaciones constitucionales en su contra se han aprobado cuando no existe ninguna sentencia firme.

“Se aprueba el informe de la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) sin que hubiera una versión final del informe, se desatendió el pedido de la defensa de diligencia programadas, ninguno fue atendido, se aprobó el informe en forma irregular”, subrayó.

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Finalmente, el representante del Ministerio Público solicitó que se ratifique la resolución que declaró infundado el recurso de Martín Vizcarra por considerar que el Congreso “tiene la discrecionalidad para fijar el tiempo de la sanción política, en función de su facultad constitucional de tutelar los principios y valores democráticos”.

Luego de escuchar los informes de las partes procesales, el tribunal superior que preside la jueza Lucía La Rosa Guillén anunció que la causa quedó al voto y el fallo se dará a conocer en el caso que estipula la ley.

En abril pasado y por unanimidad, el Congreso inhabilitó al expresidente en el ejercicio de toda función pública por diez años al haber dispuesto que se le inocule la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm de manera secreta e irregular.

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