Martín Vizcarra, la vacuna y las elecciones: ¿Cómo van los plazos de la investigación fiscal?

Tal como ha informado el Comercio, la farmacéutica china entregó un lote adicional de los prototipos de vacunas que se usaron en los ensayos clínicos. Según fuentes de cercanas a la comisión a cargo de las compras, Sinopham entregó “muestras de cortesía”, categoría similar a las muestras gratis que entregan los laboratorios al momento de promocionar un producto. La misma fuente indicó que, durante las negociaciones con la empresa Pfizer, con la que se tenía más avanzadas las negociaciones, “no entregó” ninguna dosis de muestra o cortesía.

“En el marco del convenio que firmó Sinopharm con la Cayetano, allí es que se regalaron esa dosis. Tal vez la figura más parecida es la muestra medica que da el visitador y la deja al criterio del médico para que la distribuya y experimente entre sus pacientes”, dijeron.

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Vizcarra Cornejo, fue uno de los que se benefició con dichas muestras adicionales que le fueron aplicadas el 2 y 29 de octubre del 2020, en medio de las negociaciones de compra con la farmacéutica china con el Estado. También lo hizo su esposa Maribel Díaz Cabello.

Esta semana, la exministra de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Francisco Sagasti, Elizabeth Astete, confirmó que también se benefició con una de las dosis de la vacuna contra la Covid-19 y por ello renunció a su cargo. Así mismo, los exviceministro de Salud Pública, Luis Suárez y el exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Víctor Bocangesalud, también reconocieron haberse inoculado el fármaco.

Investigación preliminar, el primer paso

La noche del último domingo, este Diario informó que la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra Martín Vizcarra y los que resulten responsables por presuntamente haber usado su cargo de exjefe de Estado para beneficiarse junto a su cónyuge, con las dosis de los prototipos de la vacuna contra el Covid-19.

Este lunes, el Ministerio Público informó que Vizcarra es investigado por los presuntos delitos de administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

Además, se adelantó que citarán a declarar al exmandatario, su esposa Maribel Díaz Cabello, el doctor Germán Málaga y los exministros Walter Martos, Pilar Mazetti, Mario López, entre otros.

La pena por el delito de concusión es no menor de dos, ni mayor de ocho años y por el delito de aprovechamiento del cargo o negociación incompatible es no menor de cuatro, ni mayor de seis.

El tiempo inicial para realizar estas pesquisas es de ocho meses, debido a la complejidad que exige el tema. Cabe precisar que es el plazo más corto del que se puede hacer uso con la finalidad de garantizar el recojo de todos los indicios, así como el debido proceso a los investigados.

Según han explicado fuentes del Ministerio Público, primero se recoge toda la documentación existente sobre el tema de investigación, luego se comienza las citaciones a cada uno de los que han intervenido y al final, se contrasta todo ello con la versión del investigado.

De acuerdo a la necesidad que implique el caso, este puede ser ampliado por tres meses más.

Todo ello, implicaría que cualquier conclusión sobre las pesquisas preliminares llegue meses después de las próximas elecciones de abril, a las que Vizcarra postula para una curul en el Legislativo.

Denuncia y judicialización

Una vez concluida la investigación preliminar y de encontrar indicios para procesar judicialmente al expresidente Vizcarra -y a los posibles altos funcionarios que resulten implicados- la fiscal de la Nación interpondrá una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

Ello, en mérito a lo establecido en artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República que faculta a la Fiscalía de la Nación para que presente las denuncias correspondientes contra los funcionarios comprendidos dentro del artículo 99 de la Constitución.

Según la norma constitucional, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Pleno del Congreso a los altos funcionarios por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta por cinco años después de que hayan cesado en el cargo.

Previo a este paso, la denuncia constitucional será derivada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que la declarará procedente o no. Esto se realizará en un plazo de 10 días hábiles.

De ser admitida, se designará a un congresista ponente para que realice el análisis del caso y presente un informe declarando si existe o no mérito para realizar la denuncia constitucional. Si el informe es proceder por la denuncia y aprobado en el grupo de trabajo, se elevará ante la Comisión Permanente.

Aprobado en la Comisión Permanente esta le otorgará 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presentar el informe de acusación constitucional. En esta etapa, se debe notificar y convocar al denunciado; así como al que realiza la denuncia.

Al término, se elabora un informe declarando proceder con la acusación contra el investigado o el archivo. De ser procedente, se eleva a la Comisión Permanente que deberá conformar a una Subcomisión Acusadora para que sustente el informe y formule la acusación ante el Pleno de Congreso.

Una vez aprobada en la instancia máxima del Legislativo, se forma la causa acusatoria y se remite a la Fiscalía de la Nación para que formule acusación ante el Poder Judicial e inicie el trámite ante dicha instancia.

El “impeachment”

De otro lado, en el Congreso de la República también avanzan otras opciones para poder no solo acusar al expresidente Martín Vizcarra; sino inhabilitarlo para el ejercicio de cargo público.

El congresista Ali Mamani, anunció ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que junto a sus colegas Orlando Arapa y Rubén Ramos de la bancada Nueva Constitución, presentaron una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo delito contemplado en el artículo 399 del Código Penal

El plazo para que inicie este proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está dentro de las dos o tres semanas. Luego de ello, sigue los mismos pasos que una denuncia constitucional proveniente de la Fiscalía de la Nación.

De otro lado, se han presentado dos mociones para que se conforme una comisión de investigación a razón de la recepción y uso de las dosis adicionales de las vacunas contra el Covid-19 de Sinopharm.

Ambas mociones deben ser analizadas en el pleno del Congreso.

Finalmente, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista por Fuerza Popular (FP), Carlos Mesía informó que existen congresistas dispuestos a elaborar un documento por el cual solicitarán someter a un “impeachment” o juicio político al expresidente Martín Vizcarra.

Ello, explicó es distinto al antejuicio que se procesa bajo el artículo 99 de la Constitución. El juicio político, agregó, puede realizarse sin la participación de la Comisión Permanente a fin de suspender e inhabilitar al funcionario público acusado hasta por 10 años. Este proceso, de aplicarse, deberá realizarlo cualquiera que no participe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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