Metro de Lima: ¿Por qué el caso no llega a juicio oral a un año de presentada la acusación?

El caso ganó notoriedad desde su inicio, en enero de 2017, cuando Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedente de Miami, tras una orden de prisión preventiva en su contra. En la diligencia estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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Con Cuba fueron detenidos otros exfuncionarios implicados en el caso de corrupción, como Edwin Luyo Barrientos, ex miembro del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del Metro. Las investigaciones avanzaron y una vez conseguidos los elementos de prueba, el equipo especial Lava Jato presentó una acusación y solicitó penas ante el Poder Judicial a fines de 2019.

Más de un año después de que la fiscalía presentara el requerimiento acusatorio, el juzgado no inicia aún la etapa intermedia del proceso, donde se comenzaría con el control de acusación, fase previa al juicio oral.

En ese lapso, Cuba y Luyo fueron excarcelados por exceso de plazo de prisión preventiva y dejaron el penal de Ancón I. El Poder Judicial decidió que cumplan con una orden de comparecencia con restricciones.

La acusación contra los exfuncionarios fue presentada en noviembre del 2019 ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Es él quien ha venido revisando las incidencias en este caso, y quien deberá realizar un control a la acusación; es decir, analizar si el requerimiento cumple con todos los requisitos de fondo y forma para que pase a juicio oral.

Este análisis se realizará durante diferentes audiencias, donde el fiscal sustentará ante el juez los elementos de prueba que obtuvo para acusar a los implicados. Participan también la defensa de los acusados y un representante de la Procuraduría ad hoc.

El fiscal José Domingo Pérez acusó a Jorge Cuba, Edwin Luyo y otros exfuncionarios, por los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios: colusión, cohecho y tráfico de influencias. Se trata de una de las primeras acusaciones que requirió el equipo especial Lava Jato.

Contra Cuba se pidió 35 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación perpetua para cargos públicos y 700 días multa. En el caso de Luyo, la fiscalía ha pedido la misma pena.

Sobre Cuba, la fiscalía sostiene que en su cargo de viceministro del MTC habría ofrecido a Antonio Carlos Nostre Junior, intermediario de Jorge Barata y representante de la empresa Odebrecht interceder ante los miembros del Comité Especial de la Licitación, entre los que figura Edwin Luyo, para el otorgamiento del proyecto del metro de Lima-línea 1, tramos I y II.

Acusación entrampada

Una serie de recursos de la defensa y resoluciones judiciales han impedido el inicio del control de acusación en el caso Metro de Lima.

El juez Richard Concepción Carhuancho había dispuesto que el 23 de agosto del 2019 comience esta etapa del proceso, pero una resolución de la Primera Sala de Apelaciones Nacional falló a favor de los acusados y ordenó que la fiscalía presente una sola acusación que reúna todos los delitos (lavado de activos y corrupción), y ya no dos, como tenía previsto según el avance de las investigaciones.

Esta decisión fue un punto de quiebre para el proceso: el control de acusación se paralizó y la fiscalía tuvo que unir sus dos acusaciones y preparar una sola. En noviembre de ese mismo año, el juzgado estaba listo para convocar nuevamente al inicio del control de acusación, pero las defensas de diferentes acusados emprendieron la presentación de varios pedidos para apartar al juez Richard Concepción del caso.

Mientras no se resolvieran estos requerimientos, el juez no podía convocar a audiencia por el control de acusación.

Este Diario pudo conocer que han sido en total ocho recusaciones las que ha presentado la defensa, desde que el equipo especial presentó la acusación. Todas han sido declaradas infundadas por una sala superior.

Del total, cinco recusaciones han sido presentadas por la defensa de Edwin Luyo, alegando que su detención, desde julio de 2019, fue indebida, una supuesta vulneración al debido proceso y una demora “injustificada” a su excarcelación a fines de 2019.

Otra de las recusaciones fue solicitada por Jorge Cuba. En enero de 2020, fuera de prisión, pidió que el juez Concepción sea retirado del caso por un “temor de parcialidad por contaminación procesal”.

La última recusación fue interpuesta hace un par de meses, en noviembre del año pasado y declarada infundada el 28 de diciembre.

En declaraciones a El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, sostuvo que “el retraso en los procesos en los casos Lava Jato se deben a que los abogados defensores de los investigados y acusados vienen ejerciendo abusivamente las recusaciones contra los jueces de primera instancia de la Corte Nacional”.

El fiscal explicó que las defensas utilizan mecanismos conocidos como “ruleteo”. “Presentan una recusación contra el juez, luego de que ésta se resuelva con resolución de segunda instancia, otro abogado presenta otra recusación, luego otro abogado, y así van dilatando el proceso porque el juez no convoca a las audiencias solicitadas por el Ministerio Público hasta que la Sala resuelva cada una de las recusaciones”, dijo.

Pérez consideró que “es un problema que debe ser abordado por las nuevas autoridades electas en el Poder Judicial, a través de Acuerdos Plenarios en que se ponga límites al uso abusivo de las recusaciones y permitan una justicia más rápida en los casos graves de corrupción”.

Paolo Aldea, abogado de Jorge Cuba, señaló que “ha habido un retraso de recusaciones innecesarias que han dilatado este proceso. La recusación que presentamos no estaba vinculada a las recusaciones que se presentaron para justificar la no instalación de la etapa intermedia, estaba vinculada a otro incidente, relacionado a la vigilancia electrónica”.

Según dijo el letrado, las recusaciones de las defensas “se planteaban un día antes de las audiencias de etapa intermedia, la nuestra no, todos los abogados llegábamos a la audiencia y nos enterábamos que una noche antes había ingresado una recusación, la conducta procesal es evidente”.

Aldea añadió que “recién el juez va a correr traslado de la acusación a las partes, no es que mañana el doctor Concepción va a convocar a audiencia”.

Este Diario intentó contactarse sin éxito con la defensa de Edwin Luyo.

“El PJ debería poner límites”

El exprocurador Antonio Maldonado sostuvo que “la estrategia de todos estos abogados, no solo en el caso que me menciona, ha sido la de obstaculizar al máximo la acción de la justicia y la han llevado por medio de vías procesales, penalmente establecidas, pero un ejercicio abusivo de ese derecho”.

Maldonado consideró que existe un abuso “de cualquier normativa procesal”. “Uno presenta una recusación, cuando la rechazan presentan la siguiente. Esto no es obra de la casualidad”.

Añadió que el Poder Judicial debería establecer límites a este tipo de abusos “porque además es una obligación internacional el que el sistema de administración de justicia garantice el debido proceso y diligencia y que no se produzcan articulaciones dirigidas a entorpecer el ejercicio legítimo de la acción judicial”, tras indicar que no se ha respetado el concepto de plazo razonable en este caso.

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