Pedro Castillo cumple prisión preventiva después del autogolpe de diciembre del 2022. (AP Photo/Renato Pajuelo)
Pedro Castillo cumple prisión preventiva después del autogolpe de diciembre del 2022. (AP Photo/Renato Pajuelo)
/ Renato Pajuelo
Redacción EC

El Poder Judicial declaró consentida la resolución que desestimó el pedido de la defensa del expresidente para visualizar el video, durante la audiencia de tutela de derechos, que contiene las declaraciones del excomandante general de la Policía Nacional (PNP) .

El titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, resolvió que tras vencer el plazo para interponer apelación a la resolución que declaró inicialmente la improcedencia, se evidencia la voluntad de no impugnar lo resuelto.

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Como se recuerda, en la audiencia del pasado 13 de octubre se resolvió el pedido del abogado Eduardo Pachas para visualizar el material fílmico y excluir de la investigación pruebas que, según él, transgreden las garantías constitucionales de su defendido.

Castillo Terrones afronta una investigación por el delito de rebelión, tras el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022 y por el cual fue detenido horas después.

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El exmandatario también alegaba que sufrió una “detención ilegal y que se han vulnerado sus garantías constitucionales referentes a la detención en flagrancia, la inmunidad presidencial y la prohibición del uso de la tortura para obtener pruebas”.

Cabe indicar que el pasado 15 de noviembre el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó levantar el secreto bancario de Pedro Castillo y de sus exministros Juan Silva (Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda).

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La medida se dictó como parte de la investigación que involucra a todos ellos en los presuntos delitos de organización criminal y actos de corrupción durante el gobierno de Castillo Terrones (2021-2022).

En este caso la fiscalía investiga a Pedro Castillo por los hechos relacionados a los casos conocidos como Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía.

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Según la tesis fiscal, el expresidente lideró una red criminal que buscó copar al Estado con sus allegados para obtener beneficios económicos ligados a licitaciones en distintos sectores. Castillo, Geiner Alvarado y Juan Silva tienen órdenes de 36 meses de prisión preventiva.