A casi un año del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia desestimaron alrededor de 20 recursos presentados por su defensa legal.
Se trata de solicitudes para revocar la medida de prisión preventiva, tutelas de derecho, cuestiones previas, recursos de excepción de improcedencia de acción (pedidos de archivo de delitos), levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario, solicitud de actor civil, embargo e inhibición, entre otros.
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Estos recursos no fueron amparados en primera instancia por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y, en apelación, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Aún está pendiente la realización de una audiencia en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para resolver dos nuevos pedidos del exmandatario de cese de la prisión preventiva.
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El primero, refiere el documento, “por haber sido víctima de una fiscal de la Nación que lidera una organización criminal” y, en la otra solicitud, ampara su pedido en el nuevo Decreto Legislativo 1585 que permite la revisión de la prisión preventiva cada 6 meses.
Estas medidas fueron dictadas en el marco de las dos investigaciones preparatorias contra el exjefe de Estado: una, por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración en agravio del Estado; y la otra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos.
El proceso por el delito de rebelión y, alternativamente, por conspiración, está relacionado con el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 cuando Pedro Castillo, en un discurso a la Nación, anunció la disolución del Congreso y la intervención de las instituciones del sistema de justicia.
Al respecto, el detenido exmandatario tiene vigente una orden de prisión preventiva por 18 meses.
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En tanto, la investigación por el delito de organización criminal, tráfico de influencias y otros, está relacionado con hechos cometidos en los ministerios de Vivienda y Construcción, Transportes y Comunicaciones, y Petro-Perú.
En este caso, sobre el exjefe de Estado pende una medida de prisión preventiva por un plazo de 36 meses.
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