Susana Villarán: PJ se pronunciará sobre pedidos de sobreseimiento en control de acusación este viernes 9 de agosto

El Poder Judicial se pronunciará sobre los pedidos de sobreseimiento formulados durante el control de acusación contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán este viernes 9 de agosto desde las 5:00 p.m.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional informó que ya se agotó el tema de las excepciones y que este viernes se culminarán con las pretensiones penales de sobreseimientos.

Cabe mencionar que la exalcaldesa viene cumpliendo una detención domiciliaria mientras es investigada por los presuntos sobornos que habría recibido por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Según la tesis fiscal, la finalidad era favorecer a ambas compañías con adendas en el contrato del Proyecto Línea Amarilla en el 2012, razón por la cual la exburgomaestre fue acusada del presunto delito de asociación ilícita.

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De este modo, se permitió el reajuste de las tarifas del peaje en las vías administradas por Lamsac en el año 2013. A cambio de ello, Villarán de la Puente recibió aportes para su campaña para evitar ser revocada y para reelegirse en el 2014.

En agosto del 2022 el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó la acusación contra la exalcaldesa de Lima y pidió 29 años de cárcel por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de US$10 millones en aportes ilegales de Odebrecht y OAS para continuar en el municipio.

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El Ministerio Público informó que la denuncia contra Susana Villarán es por asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La acusación incluye a José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros involucrados y exfuncionarios de la Municipalidad de Lima. Contra ellos, José Domingo Pérez solicita penas entre 9 y 25 años de prisión efectiva.

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Villarán cumplió prisión preventiva hasta mayo del 2020, cuando fue liberada para que se cumpla arresto domiciliario ante el riesgo de contraer COVID-19 al inicio de la pandemia.

Un año después, el Poder Judicial rechazó ampliar el arresto domiciliario y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país mientras seguían las investigaciones contra la exalcaldesa.