El expresidente Martín Vizcarra, vacado por el Congreso en noviembre, postulará al Parlamento por la lista de Somos Perú en Lima. (Miguel Yovera | GEC)
El expresidente Martín Vizcarra, vacado por el Congreso en noviembre, postulará al Parlamento por la lista de Somos Perú en Lima. (Miguel Yovera | GEC)

El expresidente fue presentado este lunes formalmente como candidato de Somos Perú al Congreso. El ex jefe de Estado, quien fue vacado a inicios de noviembre por el Parlamento, planteó concluir la reforma del sistema de administración de justicia y eliminar la inmunidad. Pero también sobre el retraso en la firma de acuerdos para la compra de vacunas contra la . Aquí verificamos sus frases.

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“Nadie va a comprar un medicamento que no tenga registro sanitario, los registros sanitarios en el Perú se dan por cinco años, según un proceso largo y engorroso. Y así fue la justificación, que hay una pandemia mundial, que ha sido definida por la OMS y tomando en cuenta el avance de la Fase 3 de diversos laboratorios de reconocido prestigio mundial desde un registro sanitario temporal por un año para la vacuna, eso se pedía el 25 de setiembre, para con ese registro sanitario hacer las atribuciones, pero obviamente en vez de ver ese tema tan importante, para el Congreso más importante era sacar al presidente…”.


Esta afirmación es falsa

El expresidente Martín Vizcarra volvió a señalar al Parlamento como el responsable de que el Perú no tenga hasta el momento cerrados acuerdos con laboratorios para acceder a la vacuna del COVID-19. Sin embargo, si bien es cierto que el Congreso se demoró en aprobar el proyecto que le da un registro sanitario temporal de un año a las vacunas contra el coronavirus, no dependía de esta decisión la compra.

Por ejemplo, el gobierno, aún con Vizcarra de jefe de Estado, promulgó el jueves 10 de setiembre el Decreto de Urgencia N°110-2020, que dictó medidas extraordinarias “para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución” de las vacunas para frenar la pandemia.

En el artículo 2 del referido decreto, el Ejecutivo excluye de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, a “los actos necesarios” para la compra de las dosis.

También faculta al Ministerio de Salud “a suscribir contratos, acuerdos y/o convenios con el sector privado que resulten necesarios a fin de que este último financie, cofinancie o brinde colaboración de cualquier índole para las contrataciones a que se refiere el numeral 2.1, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra la COVID-19”.

(Foto: El Peruano)
(Foto: El Peruano)

La exministra de Salud Silvia Pessah explicó a El Comercio que con el DU N°110-2020 “tranquilamente” se pudo haber concretado los acuerdos con los laboratorios. Agregó que si el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento era para mejorar el marco normativo del decreto de urgencia, pero la aprobación de la iniciativa no constituía un freno, como lo quiere hacer ver Vizcarra.

Silvia Pessah fue ministra de Salud entre el 2 de abril de 2018 y 5 de enero de 2019, es decir durante el primer tramo del gobierno de Vizcarra. (Foto: GEC)
Silvia Pessah fue ministra de Salud entre el 2 de abril de 2018 y 5 de enero de 2019, es decir durante el primer tramo del gobierno de Vizcarra. (Foto: GEC)

“El decreto de urgencia era un dispositivo legal que te permitía hacer todo lo que necesitaras”, manifestó.

“Uno no puede comprar ni un caramelo ni un juego en la carretera si no tiene el registro sanitario. ¿Vas a comprar millones de dólares de un bien tan importante, como es la vacuna, sin registro sanitario? Y en eso se han demorado desde el 25 de setiembre hasta el 18 de diciembre, es inconcebible la irresponsabilidad que pone en riesgo la salud de todos los peruanos”.


Esta afirmación es falsa

Vizcarra, quien fue presentado como candidato de Somos Perú al Congreso, insistió en culpar al actual Parlamento por la falta de firma con los laboratorios. Pero por los argumentos explicados en la primera verificación, el Ejecutivo tenía, ya en setiembre, las herramientas legales necesarias, por medio del DU N°110-2020, para la compra.

El exministro de Salud Óscar Ugarte, además, ha indicado que el gobierno tenía otro camino. Detalló que la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, fija desde el 2009, a través de su artículo 16, que la Autoridad Nacional de Salud “provisionalmente autoriza la importación, la fabricación y el uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios sin registro sanitario o en condiciones no establecidas” en cuatro escenarios:

1. Uso en situaciones de urgencia o emergencia declarada.

2. Fines exclusivos de investigación y capacitación.

3. Prevención y tratamiento individual, con la debida justificación.

4. Situaciones de salud pública en las que se demuestre la necesidad y no disponibilidad del producto en el mercado nacional.

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

Ugarte, , señaló que los escenarios 1 y 4 calzan con la emergencia sanitaria declarada desde marzo por la pandemia.

“Como gobierno nos habíamos reunido con los laboratorios de AstraZeneca, de Reino Unido; Pfizer y Johnson & Johnson, de Estados Unidos; Sinopharm, de China; y CureVac, de Alemania, con todos los laboratorios teníamos reuniones, se estaba esperando la autorización del registro sanitario para sacar en firme la adquisición con todos los laboratorios…”.


Esta afirmación es engañosa

Si bien es cierto que el gobierno, durante la administración de Vizcarra se reunió con los representantes de los laboratorios mencionados por el expresidente, con ninguno de ellos se llegó a un acuerdo concreto. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó, el miércoles 16 de setiembre, que con AstraZeneca recién se tuvo “una conversación firme” el 12 de diciembre y adelantó que los próximos días tendrían más encuentros con otras instituciones.

Mazzetti reforzó la duda sobre la llegada del fármaco: “No tenemos cómo saberlo”.

Y el último domingo, en , el presidente Francisco Sagasti indicó que las negociaciones para obtener la vacuna contra el COVID-19 “son muy complejas”.

“No se puede prometer lo que no se va a cumplir. Las negociaciones son muy complejas y tan pronto tengamos la fecha lista, la anunciaremos. Antes de eso es especulación”, refirió.

Es decir, ni todo estaba encaminado ni dependía exclusivamente del registro sanitario, como lo quiere hacer creer el ahora candidato al Congreso.

“La vacuna que sí podíamos ir adelantando un pago a pesar de que no había registro sanitario era la que promovía la OMS, había confianza de que estaba la OMS y se dio el adelanto, la garantía…”.


Esta afirmación es verdadera

El gobierno, por medio del , autorizó al Ministerio de Salud a realizar modificaciones en su presupuesto, con el objetivo de financiar la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por hasta más de S/76 millones.

La cancillería informó, , que el 9 de octubre se realizó la transferencia bancaria de US$21 millones correspondiente al adelanto del 15 % del total acordado en la modalidad de compra comprometida suscrita por el Gobierno peruano del mecanismo Covax Facility.

“Según el cronograma, en todos los países en el mes de noviembre se han cerrado contratos para el tema de la vacuna. ¿Aquí en noviembre estábamos hablando de la vacuna? ¿A qué se dedicó la clase política? Ustedes lo saben perfectamente…”.


Esta afirmación es imprecisa

Durante la última conferencia de prensa brindada en Palacio de Gobierno, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que, al momento de suscribir el acuerdo definitivo con Pfizer, programado para el 30 de noviembre, advirtieron que el laboratorio estadounidense había incorporado nuevas exigencias y que eso los hizo desistir de poner sus rúbricas.

“Las negociaciones detalladas, ya no del acuerdo preliminar, sino del contrato específico, tenían una serie de provisiones que requerían un análisis más profundo por parte nuestra. Esto no estaba en el acuerdo preliminar. A la hora de pasar del acuerdo preliminar al contrato, como cualquier situación, se ponen una serie de medidas adicionales que estamos evaluando, y estamos negociando con ellos en la actualidad”, manifestó en aquella oportunidad.

El ministro de Salud argentino, Ginés González García, acusó, el 15 de diciembre, a la farmacéutica Pfizer de poner . Por ejemplo, dijo que la empresa estadounidense le solicitó una ley en el Congreso que le garantizara inmunidad ante la justicia local.

“Además, pedían que el contrato no lo firmara yo, sino el presidente. Es decir, en rigor de verdad, son condiciones inaceptables”, subrayó.

Sagasti y Mazzetti no han revelado cuáles fueron las condiciones del laboratorio Pfizer para la firma. Pero esta no se retrasó por la crisis política, como señala Vizcarra, sino como lo ha mencionado la ministra de Salud, porque los nuevos elementos introducidos en el acuerdo por la empresa requieren de un análisis “más profundo” de parte del gobierno.

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