Los impulsores del tergiversado discurso sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo

Políticos, activistas y abogados conforman el grupo de personas que, desde diciembre del 2022, inició una serie de acciones legales y de difusión que buscan instalar en el extranjero una narrativa falsa respecto al golpe de Estado ordenado por el expresidente Pedro Castillo.

Estas declaraciones han tenido como objetivo despojar al exjefe de Estado de las responsabilidades que acarreó la decisión que tomó el pasado 7 de diciembre. Aquel día, Castillo no solo dispuso la disolución del Congreso, sino la medida unilateral de recomponer el sistema de justicia.

MIRA: ‘Los Niños’: hallan US$71.950 y S/33.570 debajo del colchón del congresista José Arriola de Acción Popular

Aunque estas acciones significaban el quiebre democrático del Perú, operadores internacionales de Castillo en España y Argentina sostienen que la detención del expresidente fue ilegal -pese a su flagrancia- y que el discurso que leyó fue una consecuencia de la “extorsión” hacia él y su gobierno.

El exsecretario general del partido político español Podemos, Pablo Iglesias, no solo le expresó su apoyo al expresidente Castillo mediante una carta enviada a inicios de año. También ha utilizado su plataforma “La Base” para expandir una idea tergiversada: que fue Pedro Castillo el afectado por un golpe de Estado.

El 5 de enero, Iglesias escribió a Castillo que entendía la delicada situación en que se encontraba y que lamentaba “la forma en que se violentan los lineamientos jurídicos” en el proceso iniciado en su contra. Por ello, anunció el pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que “se dejen de vulnerar sus derechos” y se conduzca el debido proceso.

Asimismo, a través de “La Base”, el programa de Iglesias alojado en Público, ha argumentado también que “parece poco factible llevar a cabo un golpe de Estado sin apoyo militar”.

“Lo ha dejado cristalino Xiomara Castro. En Perú lo que hubo fue un golpe de Estado y el presidente legítimo es Pedro Castillo”.

Pablo Iglesias , exsecretario general de Podemos.

De otro lado, Iglesias acompañó a la exministra Anahí Durand en un conversatorio, organizado en la Universidad Complutense de Madrid el 23 de febrero, que tuvo como tema central la crisis en Perú tras el cambio de gobierno.

Otro de los impulsores de una narrativa que no se ajusta a los hechos es Alfredo Serrano director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). A través de su programa, denominado “La Pizarra”, ha extendido como argumento que, aunque Pedro Castillo podría haber cometido un acto inconstitucional el 7 de diciembre del 2022 con la disolución del Congreso, esto se veía menguado porque convocaba a elecciones inmediatas.

“Viene la discusión si Pedro Castillo violó el marco constitucional o no porque solicitó la disolución del Congreso y creó una suerte de órgano transitorio de gobierno de emergencia. Todo el mundo se apresuró a plantear que hizo lo mismo que Fujimori hace décadas. No hizo lo mismo por una razón: no escucharon la segunda parte del discurso. La segunda parte fue disuelvo el Congreso, creo un órgano de emergencia y convoco inmediatamente a elecciones para que hagan una constituyente en el marco de 9 meses".

Alfredo Serrano , director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

El pasado 18 de marzo, Serrano entrevistó a la exprimera dama Lilia Paredes, quien permanece asilada en México; y Yenifer Paredes, cuñada del exjefe de Estado, investigada en el caso Anguía. En su programa, tal como lo ha sostenido Iglesias, Serrano señala que se está cometiendo “un proceso muy injusto” en contra de Castillo.

Además, incide en que el exjefe de Estado fue detenido y recluido en prisión a través de “un conjunto increíble de irregularidades”. Todo ello pese a la flagrancia del exmandatario. “[A Castillo] no le dejaron ir al Congreso para defenderse esa misma mañana”, añade Serrano.

Finalmente, activistas de movimientos sociales con sede en Argentina también consideran que se dio un golpe de Estado en contra de Castillo y que emitió el mensaje a la Nación como consecuencia de la “extorsión” que vivía. Esta es la posición difundida por el activista Juan Grabois, quien ha argumentado que el expresidente transmitió el 7 de diciembre un discurso porque “el nivel de extorsión al que estaba expuesto el presidente Castillo precipitó esa decisión”.

“Por qué el presidente Castillo había leído esa carta, cuando no tenía apoyo del Ejército, del Parlamento. La conclusión a la que llegué hablando con sus familiares directos es que el nivel de extorsión al que estaba expuesto el presidente Castillo precipitó esa decisión. Hay un dato que acá nosotros no lo conocíamos, es que la hija de Castillo había estado presa mientras su padre era presidente”.

Juan Grabois , militante argentino, integrante de la Misión de Solidaridad Internacional y DD.HH.

El abogado argentino Guido Croxatto es parte de la defensa internacional del expresidente Pedro Castillo. El pasado viernes 17, en entrevista con El País, no solo afirmó que el vacado exjefe de Estado “sabía lo que hacía” el día del golpe, sino que consideró que se trató de un “hecho atípico”. Para Croxatto, el proceso que concluyó con la destitución de Castillo no se dio de acuerdo con lo estipulado en la Constitución.

Además, afirmó que debido a que el mensaje transmitido el 7 de diciembre no fue firmado por el Consejo de Ministros, este carecía de formalidad.

Sin embargo, estos argumentos fueron desbaratados por penalistas consultados por El Comercio. Una de las principales razones es que la interpretación de Croxatto respecto al Código Penal es “poco técnica” y tiene una carga de desconocimiento de la figura de tentativa. El abogado respondió a este Diario, el 22 de marzo, que el eje de su argumento no es de fondo, sino procesal. “Mi argumento es sobre la irregularidad del procedimiento de la vacancia contra Castillo”.

“Dicho fuera de contexto da la impresión de que quería alterar el orden en la misma forma en que lo había hecho Fujimori hace 30 años. Si lo vemos en contexto, Castillo no tenía ni apoyo de las FF.AA. ni apoyo de nadie. A tal punto que no sé qué ha pasado, quizás le han hecho creer que tenía el apoyo de alguien. Pero inmediatamente que pronuncia el discurso y sale de Palacio de Gobierno lo detiene su propia custodia”.

Raúl Zaffaroni , abogado de Pedro Castillo.

Croxatto, junto al abogado argentino Raúl Zaffaroni, han sido acreditados para ejercer la defensa de Castillo. En una carta enviada este mes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el expresidente peruano presenta a Croxatto como responsable de la “estrategia internacional” para su defensa.

En tanto, Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha declarado respecto al caso de Castillo que no pudo haber cometido el delito de rebelión debido a que no tenía ningún arma para concretarlo.

Esta declaración la dio el pasado 28 de enero, cuando también afirmó que “fuera de contexto” daría la impresión de que Castillo “quería alterar el orden” de la misma forma que lo hizo Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, día del autogolpe. Para Zaffaroni, le habrían hecho creer al expresidente Castillo que “tenía el apoyo de alguien”.

De otro lado, para Zaffaroni la presidenta Dina Boluarte está ocupando este cargo “sin haber sometido a Castillo a ningún procedimiento constitucional de destitución” y sin garantizarse el derecho a la defensa del expresidente. Este argumento también ha sido sostenido por Croxatto y otros defensores políticos del expresidente.

El internacionalista Francesco Tucci consideró que líderes políticos como Pablo Iglesias respaldan “un discurso que honestamente denota desconocimiento de lo que ha ocurrido en el país”. Además, que sostener una versión que desconoce a la actual presidenta es “extremadamente peligrosa porque no es cierta”.

Tucci lo califica así porque se confunden dos situaciones: “una son los abusos a los derechos humanos, que se están investigando y se deberán encontrar responsabilidades. Otra cosa es legitimar un discurso sobre Pedro Castillo casi como una víctima de un golpe. No es cierto”.

Además, opinó que “más que un discurso que influye, es uno que se está difundiendo y tergiversa la realidad”. Finalmente, apuntó que “puede haber influencia a nivel político estatal”, pero hasta el momento “no hemos visto en algunos países latinoamericanos si habrá efectos o si este discurso que se está generando sobre los acontecimientos pegará en la clase dirigente de diferentes países”.

De otro lado, el abogado José Ugaz, quien integró la comitiva de InPerú para informar en Washington, Londres y Madrid lo que ocurrió en el Perú, dijo a El Comercio que “es cierto que en algunos países hay grupos que se han encargado de difundir versiones falsas”.

Asimismo, Ugaz apuntó a que han podido observar que la Cancillería peruana, a través de las embajadas, “ha estado bastante activa por los menos en las ciudades que estuve presente, tanto en Washington como Madrid y Londres”.

“Las embajadas peruanas han estado difundiendo la información caso en tiempo real, pero evidentemente son muchos actores los que reciben información de uno y otro lado. Entonces hemos encontrado que en algunos lugares hay un conocimiento bastante amplio de lo que está pasando y pasando en el país, pero depende con quién hable uno. No es una situación uniforme”, agregó Ugaz.

En España, uno de los países visitados por la comitiva que integró Ugaz, hallaron que la Cancillería española “tiene absoluta claridad de lo que ha pasado en Perú y tienen un conocimiento muy al día de lo que realmente ocurrió, no hay una versión de las autoridades españolas distorsionada, pero algunos aliados ideológicos como algunos representantes de Podemos de España” se plegaron a la campaña extendida por los presidente Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México).