Tres exaltos funcionarios del Estado en la mira de la fiscalía.
Tres exaltos funcionarios del Estado en la mira de la fiscalía.
Alicia Rojas Sánchez

Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría declarar procedente la denuncia constitucional que contra , y por las muertes de y , durante las protestas de noviembre del 2020.

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Como se trata de autoridades protegidas con el antejuicio, en octubre pasado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó esta acusación por los presuntos delitos de homicidio (por omisión impropia), lesiones graves y leves. La denuncia exponía que Merino, Flores Aráoz y Rodríguez faltaron a la protección de la vida e integridad física de quienes acudieron a las marchas de noviembre pasado y por no haber tomado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial.

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“Tras la culminación de las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020, que provocaron la muerte de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez –además de decenas de heridos con lesiones graves y leves– la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 99 de la Constitución, formuló denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, en su calidad de presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior, respectivamente”, indicó la Fiscalía en una nota de prensa.

Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional en octubre pasado
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El informe de calificación presentado por la Subcomisión y declarado procedente conduciría a que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez puedan ser denunciados por homicidio contra Sotelo y Pintado; y por lesiones graves y leves en contra de Fermín Cruz Ances y otras personas.

Siguientes pasos en el proceso

Durante el debate de este viernes, los congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Wilson Soto (Acción Popular) manifestaron su disconformidad con la denuncia constitucional.

Muñante dijo que se tenía que tomar en cuenta un proceso penal contra policías “para acreditar que los fallecidos murieron por perdigones disparados por la propia policía”. En ese sentido, admitir la denuncia conduciría “a una situación que dos poderes del Estado emitan posiciones contradictorias sobre le mismo caso”.

En tanto, Wilson Soto afirmó que la acusación no correspondería. “En este caso, se busca imputar al expresidente Manuel Merino ser autor por homicidio, lesiones graves y leves. Sin embargo, esto resulta contrario a la Constitución”. Además, que mantener el orden interno es función de la Policía Nacional. Por tanto, que no era admisible la denuncia constitucional al no “contener requisitos básicos para su admisibilidad”.

Video: sesión de la Subcomisión

El congresista Ernesto Bustamante dijo no estar de acuerdo con el informe de calificación porque no había relación entre el hecho y el delito imputado. “No hay tal cosa. [Llevar la responsabilidad hasta las más altas autoridades no tiene sentido”. Dijo también que quienes asistieron a las marchas fueron “azuzados”.

Martha Moyano también se pronunció en contra de este informe de calificación. “Hay altos funcionarios que fueron injustamente acusados, solo porque el público así lo exigía. [...] El informe no está cumpliendo en la parte pertinente de delito de función”., comentó.

De otro lado, el congresista Alfredo Pariona (Perú Libre) dijo que Manuel Merino debía responder ante la justicia. “Hoy más que nunca deseamos conocer si hay faltas que podemos encontrar en el proceso de investigación. Tenemos que dar una respuesta si se cometió o no”. Y Reymundo Mercado (Juntos por el Perú) cuestionó que algunos congresistas de la Subcomisión “no quieren que se investigue porque ni siquiera quieren que se admita” la denuncia constitucional.

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