El Tribunal Constitucional resolvió admitir la demanda el pasado 28 de octubre. (Foto: archivo GEC)
El Tribunal Constitucional resolvió admitir la demanda el pasado 28 de octubre. (Foto: archivo GEC) / EPENSA CENTRO
Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , señaló que si el Tribunal Constitucional (TC) decide rechazar la demanda presentada por el Gobierno contra la ley que modifica la , entonces estaría rechazando sus sentencias anteriores.

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En declaraciones a Canal N, dijo que el Congreso ha violado de manera clara la Constitución, por lo que una decisión del TC a favor de esa norma tendría un sustento político y no legal.

Si el Tribunal Constitucional rechaza la demanda sobre cuestión de confianza, estaría rechazando sus propias decisiones, dadas en dos sentencias anteriores, cualquier juez tienen que actuar con transparencia, su justicia debe ser predecible, si se va a cambiar de la noche a la mañana, entonces ya no sería un tribunal. El Congreso ha violado la Constitución. Ellos [el TC] tienen la chance de corregir”, refirió.

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Aníbal Torres: “Si el TC rechaza la demanda sobre la cuestión de confianza, estaría rechazando sus propias decisiones”


El pasado 28 de octubre, se admitió por unanimidad a trámite la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno contra la ley que aprobó por insistencia el Congreso, para regular la aplicación de la cuestión de confianza.

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La mañana del jueves 28, los seis magistrados del TC presididos por Marianella Ledesma Narváez, y con Eloy Espinosa-Saldaña como ponente del caso, procedieron a votar y admitir por unanimidad la medida presentada por el Poder Ejecutivo.

Según la ley, el TC deberá notificar al Poder Legislativo para que este pueda responder la demanda por vía escrita en un plazo de 30 días hábiles (unos 40 días calendario aproximadamente).

El Gobierno presentó esta demanda de inconstitucionalidad la semana pasada, como respuesta a la norma aprobada por insistencia en el pleno del Parlamento que dispone que los ministros solo puedan aplicar la cuestión de confianza cuando se trate de temas que son “competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno”.

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