Nadine Heredia enfrenta nuevo pedido de prisión preventiva: las claves del caso

La ex primera dama Nadine Heredia, afronta un nuevo pedido de prisión preventiva, pero en el marco de las investigaciones que se le siguen por el caso Gasoducto del Sur (GSP), donde se le imputan presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado Peruano. El Poder Judicial comenzó este 30 de julio a evaluar la solicitud.

Heredia ya conoce este proceso, pues en el 2017, el Poder Judicial le dictó prisión preventiva pero por lavado de activos por la presunta recepción de dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de su esposo, el expresidente Ollanta Humala. La medida fue anulada por el Tribunal Constitucional en mayo del 2018.

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Odebrecht, es nuevamente una de las razones por la que Nadine Heredia Alarcón podría regresar a prisión de manera preventiva y por 36 meses, si es que así lo considera necesario la juez del primera juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, María de los Ángeles Alvarado Camacho.

El requerimiento se realizó en el mes de marzo de este año, pero recién será analizado debido al Estado de Emergencia por el coronavirus.

La exprimera dama, cuenta en la actualidad, con un impedimento de salida del país por 12 meses, confirmada esta semana en segunda instancia por la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción.

La magistrada, deberá analizar también si corresponde la misma medida para los exministros del gobierno de Humala, Luis Miguel Castilla Rubio y Eleodoro Octavio Mayorga Alba, para quienes la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori Gómez, ha pedido también su prisión preventiva por 36 meses.

Este martes, El Comercio publicó el testimonio que brindó el exministro de Energía y Minas Jorge Merino ante la fiscalía, el 15 de julio. El exfuncionario compromete a Heredia y da detalles de la supuesta participación activa que tuvo Nadine Heredia en la toma de decisiones del gobierno, que terminaron beneficiando a Odebrecht.

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Abogado de Nadine Heredia: “Pedido es innecesario”

El Comercio se comunicó con el abogado Jefferson Moreno, defensa legal de Nadine Heredia, quien prefirió no brindar comentarios sobre el requerimiento fiscal. No obstante, lo calificó de “innecesario”.

“No puedo dar información porque tengo que reservarme esa información para la audiencia, pero lo que les puedo decir es que para nosotros es un pedido innecesario”, manifestó Moreno.

¿Cuáles son los nuevos elementos hallados por la fiscal Mori para sostener un requerimiento de prisión preventiva? ¿Cuál fue el papel de la ex primera dama en esta trama de presunta corrupción? A continuación los principales detalles.

-Antecedentes de la presunta organización criminal-

La fiscal Geovana Mori enmarca el presunto acto ilícito en un acuerdo común entre el gobierno de Ollanta Humala, quien ofreció gas para todos; y la empresa Odebrecht, que, por ese entonces, no tenía experiencia empresarial en la licitación vinculada al gas peruano.

En esa lógica, es que Odebrecht en el año 2011 formalmente se incorpora en la empresa Kuntur Transportadora de Gas, que contaba con la concesión del Gasoducto Andino del Sur, buscando modificar este contrato de iniciativa privada, para obtener que el Estado Peruano garantice la ejecución de la obra.

Y que, posteriormente, se diseñó un marco normativo para impulsar la convocatoria de promoción de inversiones privada del proyecto Gasoducto Sur Peruano, “logrando obtener la adjudicación de la obra, dejando en el camino a su socio estratégico a la empresa Graña y Montero”.

Bajo esa línea general, la fiscalía postula que la empresa Odebrecht no solo operó a niveles de los funcionarios a cargo del proceso, sino que realizó pagos a periodistas para generar una corriente de opinión y se apoye este proyecto.

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Para este caso, se habría constituido una organización criminal de tres niveles en el gobierno central, cuyo fin era la comisión de delitos de corrupción para favorecer a las empresas brasileñas.

Según la fiscal, en el 2011, mientras que Humala Tasso y Heredia Alarcón, preparaban su campaña electoral –presuntamente financiada por Odebrecht- el desaparecido expresidente Alan García, desarrollaba diversos proyectos “marcados también por la corrupción”, entre ellos el Gasoducto Andino del Sur o “Kuntur”.

Dicho proyecto fue inicialmente otorgado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A., que fue adquirida posteriormente por Odebrecht. Luego, esta sería nuevamente beneficiada con la concesión de lo que se denominó Gasoducto Sur Peruano (GSP) por un valor de US$7 mil millones.

Cuando Humala llegó al poder, según la fiscalía, junto a su esposa “hicieron un perverso uso del poder” instrumentalizando el propio aparato estatal y funcionarios de Proinversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Estos dos últimos, durante la dirección de Luis Castilla y Eleodoro Mayorga, respectivamente.

A través de diversos cambios, documentos, acuerdos y reuniones, Odebrecht habría logrado ser beneficiada con la resolución de la primera concesión para transportar el gas. Y, en el 2012, luego de que el expresidente Humala realizó una nueva convocatoria para dicho propósito, salió ganadora a través de consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), firmando el nuevo acuerdo en julio del 2014.

Todo ello, como retribución al presunto aporte que Odebrecht, habría entregado a la expareja presidencial para la campaña electoral del 2011, a través del Partido Nacionalista Peruano.

-Elementos del poder de facto-

La fiscal Mori ha presentado 14 elementos de convicción para sustentar que existen graves y fundadas sospechas de la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y otros 40 elementos para el delito de colusión gravada, imputados contra Nadine Heredia Alarcón.

En primera línea, la fiscalía reconoce que si bien Heredia no estaba facultada para intervenir en la promoción de los procesos de contratación, según la investigación “asumió un rol fundamental en las tratativas con los empresarios extranjeros que participaron en estos procesos, como lo fueron los representantes de Odebrecht.

Los colaboradores y testigos

La fiscalía ha presentado junto al requerimiento, las declaraciones de colaboradores, aspirantes a colaboradores eficaces y testigos. Entre ellos, los empresarios Hernando Graña y José Graña. Este último, señaló que Jorge Barata afirmó en el 2012 que las garantías por el proyecto no se iban a ejecutar. Esto, debido a que se había reunido con Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes le comunicaron que harían una nueva licitación del gasoducto, basado en un esquema de seguridad energética, que iba por la misma ruta de Kuntur (ya en manos de Odebrecht).

Finalmente, la garantía de la carta fianza del proyecto de la licitación inicial valorizada en US$66 millones y que quedó trunca, fue devuelta a la empresa Kuntur Transportadora de Gas (S.A), generando un perjuicio a las arcas del Estado.

“De las declaraciones de los colaboradores eficaces 03-2019, José Graña y Hernando Graña se desprende la existencia de indicios del pacto colusorio entre la primera dama Nadine Heredia y directivos de la empresa Odebrecht, participando los miembros del Consejo Directivo, el comité de Proseguridad Energética y el jefe de Proyectos de Proinversión, con la finalidad que el proyecto GSP sea adjudicado al consorcio conformado por la empresa Odebrecht, con lo cual solicitó la terminación de la concesión del Gasoducto Andino del Sur otorgada a la empresa Kuntur devolviéndole la garantía por el monto de más de US$66.7 millones, defraudando al Estado peruano”, anotó la fiscal.

Jorge Barata, por su parte, ha contado a la fiscalía que se reunió con la ex primera dama hasta en cuatro oportunidades, ya que era más fácil acceder a ella que al expresidente Humala.

Además, que Heredia entendía mejor los temas sobre la licitación y que las reuniones eran para “actualizar” sobre las inversiones de Odebrecht en el país y las dificultades que esta encontraba.

“Incluso en la concesión del GSP, tal fue el poder que detentaba, que llegó a condicionar la adjudicación de la buena pro a favor de Odebrecht, siempre y cuando, no participe como empresa consorciada a Odebrecht, la empresa G&M, a lo cual la constructora brasileña tuvo que acceder a fin de hacerse de la buena pro”, se lee en el requerimiento fiscal.

Posteriormente, tras la resolución de la primera concesión para el transporte del gas, en 2012 se convocó a la nueva licitación del denominado “Proyecto de mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto sur Peruano”. El proyecto, en 2014, fue posteriormente adjudicado a Odebrecht que participó en consorcio con la empresa española Enagas.

Jorge Merino Tafur, quien es aspirante a colaborador eficaz y que ha renunciado a la reserva de su identidad, narró a la fiscal Mori que fue convocado nuevamente a Palacio de Gobierno, pero solo encontró a Heredia Alarcón, quien lo recibió.

“Le dijo que quería encargarle el despacho de Energía y Minas; Jorge Merino se sorprendió por recibir la propuesta de Nadine Heredia y este le preguntó si la propuesta era de conocimiento del presidente Ollanta Humala, y ella dijo que efectivamente, el presidente iba a oficializar la propuesta más tarde”, tal como ocurrió.

Las visitas

Para la fiscal Geovana Mori, existe una relación de causa efecto en las visitas que tuvo el expresidente Ollanta Humala el 26 de octubre del 2011, de parte de los representantes de la empresa Odebrecht, Eduardo De Rozendo Pinto y Jorge Enrique Simoes Barata.

Y es que, luego de ello –veintidós días después- el 17 de noviembre del 2011, el Ministerio de Energía y Minas publicó la resolución ministerial, en la que se ordena formar una segunda comisión para revisar posibles modificaciones al contrato de la concesión del Sistema de Transporte de Gas por Ductos que fue firmada inicialmente con Kuntur –que había venido solicitando ello- pero que ahora estaba en manos de Odebrecht.

Una primera comisión, en febrero del 2011, había determinado que las conversaciones con Kuntur habían sido infructuosas. No obstante, las conversaciones siguieron hasta que en abril del 2012, que se suspendieron, quedando así hasta octubre del 2014, cuando la empresa –ahora liderada por Odebrecht- solicitó la terminación del contrato que terminó por favorecer a la empresa brasileña.

La fiscal también ha tomado en cuenta las reuniones que sostuvo Jorge Merino –cuando aún no era ministro de Energía y Minas (desde el 11 de diciembre de 2011 hasta febrero de 2014)- con el expresidente Humala, entre fines de noviembre e inicios de diciembre del 2011.

Luego de lo cual, el 13 de diciembre, Humala Tasso presentó con carácter de “urgente” ante el Congreso, un proyecto de ley por el que se “declaraba de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del sistema de transporte del gas natural y de la creación de un polo petroquímico con fines de seguridad energética”. El proyecto fue aprobado y promulgado el 22 de diciembre del 2011 bajo la Ley Nro 29817.

Entre los documentos, se ha presentado copias de las agendas reconocidas por la ex primera dama en las que figuran anotaciones sobre las reuniones con los empresarios de Odebrech, así como referencias al gasoducto “Gas P”.

“Como es de verse, su accionar evidencia un claro ejemplo del poder de facto que tuvo, pues no solo los representantes de Odebrecht y funcionarios que participaron en dichos procesos de contratación, concurrieron a Palacio de Gobierno para reunirse con ella, sino que a su vez los acuerdo a los que arribaron con ella, también fueron cumplidos en los términos pactados es decir, tanto particulares como funcionarios con los que se coludidos reconocieron en esta, tal poder de facto”, explica la fiscal Mori.

-Castilla y Mayorga-

Para el Ministerio Público, el exministro de Economía Luis Castilla, en su condición de persona de confianza de la expareja presidencial, “se habría encargado de promover las condiciones favorables, a fin de que determinados procesos de contratación a cargo de dicho organismo, se desarrollen conforme a las consecución de los objetivos de la organización”.

Por ello, habría quebrantado sus deberes como alto funcionario del Estado, al haber dirigido su conducta funcional, conforme a lo ilícitamente acordado con Humala y Heredia; y el grupo empresarial Odebrecht.

En declaraciones a la prensa, Castilla ha calificado el pedido de prisión preventiva en su contra como “insólito, arbitrario e injusto”. “He colaborado en todo [con la justicia], cada vez que me han citado he venido. Barata nunca me ha mencionado, sí mencionan a otros ministros que tienen desbalance patrimonial cosa que no es mi caso”, sostuvo en Canal N.

En el caso de Eleodoro Mayorga, como exministro de Energía y Minas y parte del Consejo Directivo de Proinversión, también “debía promover las condiciones favorables, para los fines de la organización crimina”. Esto, a través de la emisión de resoluciones ministeriales, refrendando resoluciones supremas, suscribiendo actas; entre otros.

“Mi actuación como ministro se enmarcó en el objetivo político de sacar adelante un proyecto necesario para el desarrollo de nuestro país. Rechazo tajantemente el pedido formulado por la Fiscalía”, sostuvo Mayorga a través de un comunicado.

-Pena y obstaculización-

Por todo ello, la fiscalía indica que existen graves y fundados elementos de convicción sobre los delitos que habrían incurrido Heredia.

Según el Ministerio Público, aplicando el concurso real de delitos (que establece la sumatoria de las penas) la sanción mínima de cárcel alcanzaría 18 años y la máxima 30 años.

Pero además, la fiscalía señala que existen elementos que demostrarían que Heredia Alarcón podría obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público, si continúa en libertad.

Geovana Mori narra así que Heredia Alarcón, a través de sus abogados, habría tratado de “direccionar las declaraciones testimoniales con el fin de que no sea sindicada como la persona con la que los altos funcionarios del estado coordinaban el desarrollo de la concesión del Gasoducto Andino del Sur y (posteriormente) del Proyecto Gasoducto sur Peruano”.

Esto, debido a la declaración del exministro Merino Tafur, quien dijo que había sido contactado en el 2018, por el abogado Wilfredo Pedraza, que en ese entonces defendía legalmente a la exprimera dama.

Junto a ello, la fiscal señala también la conducta renuente de la testigo Cynthia Montes, persona directamente vinculada a la expareja presidencial, cuyo fin sería obstaculizar las investigaciones.

A ello, la fiscalía suma unos mensajes emitidos por la ex primera dama a través de su cuenta de red social de Twitter en marzo de este año, donde expresa sus cuestionamientos a los testigos y colaboradores eficaces que participan en la investigación. “También cuando busca desacreditar a un testigo a través de publicaciones, se puede ver su clara obstaculización a la justicia”, señala Mori.

La fiscal también ha solicitado considerar a la jueza que, Heredia cuenta con pluralidad de domicilios, no consta que tenga arraigo laboral determinado y cuenta con condiciones económicas que le permitirían abandonar el país.

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