Un consorcio encabezado por Odebrecht se adjudicó el gasoducto del sur en el 2014. El proyecto está actualmente paralizado. (Foto: GEC)
Un consorcio encabezado por Odebrecht se adjudicó el gasoducto del sur en el 2014. El proyecto está actualmente paralizado. (Foto: GEC)
René Zubieta Pacco

Distintas posiciones ha generado la demanda arbitral que ha presentado contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (). Y es que la constructora brasileña ha iniciado la controversia en torno al proyecto del , pese a que ha admitido pagos ilícitos por la obra. Además, su exsuperintendente en el Perú, Jorge Barata, ha confesado reuniones durante el proceso de licitación que dan cuenta de un presunto favorecimiento.

Como informó este Diario, la solicitud de arbitraje se realizó el 21 de enero y el Ciadi la registró el último martes. La empresa pide una indemnización a su favor de US$1.200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero del 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio , que Odebrecht integró con la española Enagás y con Graña y Montero.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó en la víspera que el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto, incluso tras dos prórrogas.

Esta mañana, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, reiteró que no tiene “ningún sentido” que Odebrecht haya acudido al CIADI porque existe una declaratoria de culpabilidad de la empresa.

“Nosotros tratamos sobre documentos y sobre lo que existe. No tiene ningún sentido tampoco para nosotros y se lo hemos hecho saber a los ejecutivos de Odebrecht porque es claro que no solo existe la declaratoria de culpabilidad de la empresa Odebrecht, existe la declaración de culpabilidad de la empresa Graña y Montero y la declaración de culpabilidad de José y Hernando Graña”, aseguró en declaraciones a RPP.

—Pagos ilícitos—

Justamente fue el fiscal superior Rafael Vela, quien en julio de año pasado informó que Odebrecht había reconocido pagos ilícitos por el gasoducto del sur, proyecto —actualmente paralizado— que se adjudicó al consorcio Gasoducto Sur Peruano, encabezado por la empresa brasileña, en el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala.

“Dentro del proceso de colaboración eficaz, tenemos ya un acta firmada al respecto, donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de la empresa Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad respecto a lo que se está investigando en el caso específico del gasoducto del sur”, manifestó en aquel momento Rafael Vela en Curitiba, Brasil, tras su salida de interrogatorio a José Adelmário (Leo- Pinheiro), ex presidente de la empresa constructora OAS.

Esa noche, el fiscal precisó que el reconocimiento de Odebrecht está regulado dentro de acuerdo de colaboración eficaz homologado por el Poder Judicial. “Es un convenio progresivo, abierto, que permite la posibilidad de incorporar nuevos hechos a partir del reconocimiento del colaborador eficaz, que siempre es un asunto de carácter voluntario”, refirió.

Días antes, en junio, los portales IDL-Reporteros y Convoca revelaron archivos de la caja 2 de Odebrecht, en los que se registraron pagos por US$3’200.000 vinculados al gasoducto del sur entre el 15 de abril y el 12 de noviembre de 2014, y a favor de distintos ‘codinomes’ o apodos. Entre ellos, ‘Disco’, ‘Princesa’, ‘Magali’, ‘French, ‘Magneto’, entre otros.

La constructora se adjudicó esta obra por más de US$7 mil millones en julio del 2014.

—Las reuniones y presuntos favorecimientos—

El 12 de diciembre pasado, Jorge Barata declaró ante la fiscal Geovana Mori, del equipo especial, que se reunió en la oficina de la ex primera dama, Nadine Heredia, en Palacio de Gobierno, con su esposo, el expresidente Ollanta Humala, exministros y funcionarios de dicho gobierno. En esos diálogos, aseveró el brasileño, se habría coordinado favorecer a Odebrecht con la licitación de gasoducto del sur.

Según precisó, las reuniones fueron gestionadas por la propia Heredia. Asimismo, ratificó que la empresa aportó US$3’000.000 a la campaña presidencial de Humala en el 2011, y que el dinero fue entregado en el departamento de la pareja en Miraflores.

“Las reuniones las sostuve más con la señora Nadine, en cambio con Ollanta demoraba. Además, la señora era más organizada y entendía mejor los temas. La señora tenía un nivel de conocimiento sobre la licitación que permitía realizar las conversaciones con ella”, declaró Barata, según el acta al que accedió este Diario.

Jorge Barata asegura que Nadine Heredia conocía al detalle el caso gasoducto
Jorge Barata asegura que Nadine Heredia conocía al detalle el caso gasoducto

También sostuvo que las reuniones fueron principalmente con Heredia, pues “tenía un nivel de conocimiento sobre la licitación que permitía realizar las conversaciones con ella”.

“Las reuniones en Palacio de Gobierno han sido con Nadine, otras con Ollanta. Con la señora Nadine me reuní como cuatro veces, el objetivo de la reunión era actualizar sobre la situación de la empresa. […] Dentro de estas reuniones, se buscaban minutos para poder hacer quejas y hablar de la situación del gasoducto”, acotó.

(Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio).
(Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio).

En otro momento, relató: “No sabría decir qué fue solucionado, pero se hacían las gestiones. Al final no se sabía quién fue quien ayudó, si todos ayudaron”.

Por este caso, sobre Nadine Heredia pesa actualmente una orden de impedimento de salida del país. La fiscal Mori ha señalado que la ex primera dama realizó “actos” para favorecer a Odebrecht y tuvo “injerencia” en la licitación.

Barata también afirmó que Graña y Montero, que finalmente integró el consorcio, pasó a ser “un socio oculto. Esta compañía está en un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía, luego de desistir de su intención de ir a un arbitraje internacional contra el Estado Peruano.

El otro miembro del consorcio, la española Enagás, sí se ha mantenido en el camino del arbitraje. Su demanda contra el Estado Peruano ante el Ciadi es por US$511 mlls., proceso en el que nuestro país es representado por el estudio Arnold & Porter. Esta consultora, según ha adelantado el primer ministro Vicente Zeballos, también se abocaría al caso de Odebrecht.