Odebrecht: el caso de la carretera Interoceánica Sur en claves

El Ministerio Público anunció ayer que ha incluido en su investigación preparatoria del caso de la Interoceánica Sur a los ex representantes de las empresas que se consorciaron con la constructora brasileña Odebrecht para participar en la licitación de dicha obra.

La ampliación de la investigación preparatoria comprende a José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, a quienes se les investiga por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

Según la fiscalía, dichos empresarios, en su condición de altos directivos de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), habrían defraudado al Estado al concertarse con el ex presidente  Alejandro Toledo, acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht para favorecerlos con la licitación de la carretera.

A continuación, recordamos paso a paso cómo es que estos empresarios se han puesto en la mira del Ministerio Público.

-La declaración de Barata-
A fines de febrero de 2017 se hizo pública parte de la declaración que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, brindó en enero de ese mismo año a la fiscalía peruana.

El ex directivo brasileño aseguró que las empresas peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales y ICCGSA estaban al tanto del acuerdo para el presunto soborno de US$20 millones a Alejandro Toledo para que el consorcio que conformaban con Odebrecht se adjudicara los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

"El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo", dijo Barata en esa ocasión.

-Niegan acusación-
Desde que se conoció la acusación, las empresas mencionadas han rechazado en reiteradas ocasiones el testimonio de Jorge Barata.

El empresario José Graña Miró Quesada,  ex presidente del Grupo Graña y Montero, visitó dos veces la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato, en la que negó lo declarado por el ex director de Odebrecht.

"Lo que el señor Barata dijo no se ajusta a la verdad. Es difícil probar que uno no sabía nada: si uno no sabe nada, no tiene cómo justificarlo", dijo la última vez que asistió, a inicios de octubre.

Por su parte, la empresa JJC manifestó en julio de este año: "JJC rechaza y condena toda práctica conducente a obtener ventajas irregulares o ilícitas. Ni la empresa ni sus ejecutivos han participado o tenido conocimiento de una asociación de empresas que supuestamente concertaban la adjudicación de proyectos públicos".

En tanto, ICCGSA, ha señalado recientemente que "los actos denunciados no fueron conocidos" ni por esa empresa ni por sus accionistas ni por sus funcionarios.

-Las denuncias contra Sánchez-
Hace dos semanas, el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, había presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, bajo el argumento que no se investigaba a las empresas que se consorciaron con Odebrecht en el caso de la Interoceánica.

A esta denuncia se sumó otra de la congresista Yeni Vilcatoma, quien señaló por los mismos hechos, no solo a Pablo Sánchez, sino al fiscal encargado del Caso Lava Jato, Hamilton Castro.

Ambas denuncias se acumularon y fueron admitidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la fujimorista Karina Beteta, quien deberá elaborar un informe de calificación.

-Se mantiene la denuncia-
El equipo especial del Ministerio Público que investiga el Caso Lava Jato informó ayer que decidió formalizar la investigación preparatoria contra los ex representantes de las mencionadas empresas peruanas que se consorciaron con Odebrecht.

En tanto, Daniel Salaverry ha señalado que la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez seguirá en pie. Remarcó que los nuevos hechos fortalecen aún más su denuncia.

"La omisión funcional ya está cometida. El proceso sigue su curso. Más bien, hoy nos están dando la razón. Recién incluyen a las consorciadas en las investigaciones, luego de 11 meses de conocer las declaraciones de [Jorge] Barata", dijo ayer a este Diario.

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