Esperemos que el Gobierno esté a tiempo de reaccionar, porque la vida de miles de adultos mayores está en la línea. (MINSA))
Esperemos que el Gobierno esté a tiempo de reaccionar, porque la vida de miles de adultos mayores está en la línea. (MINSA))
María Alejandra Campos
María Alejandra Campos

Hasta ayer se había reportado en el Perú 1.533 fallecidos por el virus del . De ellos, 1.012 son adultos mayores. Es decir, 2 de cada 3 muertos son mayores de 60 años. Con esta estadística se hace evidente que es necesaria una estrategia para proteger a esta población –particularmente vulnerable–, sobre todo en un contexto en el que el levantamiento de la cuarentena parece inminente.

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¿Qué ha hecho el Estado hasta ahora? Desde el Midis se ha implementado un sistema de monitoreo telefónico que llevan a cabo los voluntarios del Proyecto Bicentenario. A través de este se llama a los adultos mayores para identificar rápidamente posibles casos de COVID-19 y realizar seguimiento y acompañamiento. El sistema es bueno, pero tiene un alcance limitado. De los casi 4 millones de adultos mayores que hay en el Perú, se identificó a 157 mil que tienen enfermedades preexistentes que los hacen más vulnerables al virus y que tenían teléfonos registrados en las bases de datos administrativas. De ellos, apenas se ha logrado contactar a 70 mil debido a la mala calidad de los registros. Es decir, solo el 2% de los adultos mayores peruanos están comprendidos en la red de soporte.

El plan para los próximos 15 días, según explicaba la ministra en la CADEx sobre el tema que se realizó esta semana, es que las municipalidades distritales pasen a encargarse de la red de soporte. Son ellas, en teoría, quienes tienen mayor acceso y capacidad para monitorear a los adultos mayores de sus localidades. Sin embargo, la falta de agilidad con la que estas han cumplido el encargo de entregar canastas de víveres a las personas en situación de pobreza que no fueron beneficiadas por los bonos del Gobierno deja muchas dudas sobre la posibilidad de que implementen un programa tan complejo.

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Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –que es el ente rector en la materia, pues tiene entre sus direcciones de línea a la del Adulto Mayor– se ha encargado de los mayores de 60 años que viven en la calle. Hasta la fecha, según información del ministerio, se ha atendido a 167 personas.

El Ministerio de Salud tampoco ha podido ejecutar con éxito políticas focalizadas para esta población. La campaña de vacunación contra el neumococo fue cancelada al inicio de la cuarentena y hasta el día de hoy no se reanuda. Si bien es cierto el ya puso a disposición una plataforma para que las personas se registren, la aplicación de las vacunas recién empezaría luego de terminada la cuarentena.

El reto, como todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19, es complejo. Sin embargo, es indispensable que el Estado vea la problemática del adulto mayor con un sentido de urgencia que no ha tenido hasta el momento. Además del monitoreo telefónico –que claramente debería escalarse– y de la vacunación, es necesario pensar en cómo se va a facilitar la adaptación de los adultos mayores a la convivencia con el virus. Por ejemplo, cómo evitar que aquellos que viven solos vayan a los mercados, el principal foco de contagio; o cómo educar a las familias para que cumplan con protocolos adecuados.

El tiempo, como siempre, nos juega en contra. Esperemos que el Gobierno esté a tiempo de reaccionar, porque la vida de miles de adultos mayores está en la línea.

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