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Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
Es evidente que la peor etapa de la pandemia parece finalmente haber llegado. Algunos sucesos de la última semana grafican un desencanto que se va convirtiendo en desinterés y hartazgo, que contrasta con la estadística.
El fallecimiento del excongresista Glider Ushñahua, en Yarinacocha (Ucayali), ha sido un trágico trance que ha graficado el desorden que prima en el sistema. A la hora de asumir responsabilidades, autoridades del gobierno nacional y del subnacional, así como de la seguridad social parecen jugar al gran bonetón, algo que contrasta con la hiperactividad mediática que muchas de ellas muestran.
Pero si la geografía puede ser una explicación de estas carencias, tal justificación no encuentra asidero para el dramático caso que presentaba el periodista Enrique Vera: el antiguo hospital de Ate, a menos de 20 kilómetros del Centro de Lima (El Comercio, 17/4/2020).
Lo tristemente llamativo era el trato que le daban las autoridades al asunto. Según detalla Vera, se buscó la versión del Minsa, que informó que “como unidades ejecutoras, los directores de cada hospital son responsables de lo que ocurre en sus entidades”. Sin embargo, al cierre de esa edición, “el Minsa todavía no autorizaba que la directora del antiguo hospital de Ate declare”.
En medio de ello, el presidente Martín Vizcarra lanza la peregrina idea de convertir la Villa Panamericana en un complejo hospitalario. ¿Habrá indagado el mandatario si tal iniciativa puede resultar mucho más onerosa que la construcción de un complejo desde cero?
Entre otras razones, se ha culpado de esta situación al insuficiente porcentaje del PBI destinado a salud (3,2%). Lo que se omite es que tal proporción llegaba en 1985 a 0,92% y 0,68% en 1990. Hay mucho trecho por recorrer, sin duda. Pero difícilmente el camino se ubique en desandar lo avanzado.
El Decreto Supremo 002-2020-PCM, que instituyó la declaratoria de este año como el de la universalización de la salud, se extendía en justificaciones. Citaba la Constitución, que “reconoce el derecho fundamental a la salud, estableciendo que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad”; y la Ley General de Salud, que precisa que “la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”, por lo que su protección es “de interés público” y “es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla”.
Con la pandemia encima, que ha universalizado el dolor y rebasado el sistema de salud, tales referencias resultan particularmente irónicas.
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