El partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, evitó asumir responsabilidad por la última denuncia contra la congresista Rosio Torres, sindicada de utilizar indebidamente a trabajadores parlamentarios.
El secretario general de la agrupación, Luis Valdez, señaló que “no se puede involucrar a toda la institución” por el accionar de un legislador, y añadió que cualquier tipo de responsabilidad será “individual”.
“No podemos generalizar. Alianza para el Progreso es un partido que tiene cerca de 400 mil militantes, y cada persona asume su responsabilidad de acuerdo a lo que corresponde y a la ley. El partido no puede asumir institucionalmente una responsabilidad personal. Eso no es viable”, dijo en diálogo con El Comercio el último lunes.
La agrupación ha llevado al actual Congreso (2021-2026) a un legislador sentenciado por corrupción (Luis Picón, ahora en Podemos), otro por violación sexual (Freddy Díaz, actualmente en prisión) y denunciados constitucionalmente por ‘mochasueldos’ (Magaly Ruíz y la propia Rosío Torres). Además, en Parlamentos anteriores contó con condenados por colusión (Benicio Ríos) y peculado (Edwin Donayre), entre otros.
No obstante, Valdez insistió: “La responsabilidad administrativa, penal e incluso civil que pueda generar cualquier tipo de actos de nuestros militantes y congresistas es de carácter personal. Siempre hacemos, como partido, los esfuerzos para comunicarles y transmitirles los principios y los valores del partido, pero eso no significa que ellos no puedan incurrir en algún tipo de responsabilidad. Si las han cometido, que les caiga todo el peso de la ley, pero no estoy de acuerdo en estigmatizar a alguna empresa, institución, compañía u organización por una, dos, tres o cuatro personas”.
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El programa “Cuarto Poder” reveló, el último domingo, que la congresista Torres ordenó a empleados de su despacho trabajar en la campaña política de su esposo, Fernando Meléndez, en horarios en los que debían cumplir con sus funciones en el Parlamento.
Según el reportaje, una extrabajadora de Torres entregó a la fiscalía conversaciones que demuestran el uso indebido del personal parlamentario, cuyos salarios provienen de fondos públicos.
Entre las tareas asignadas estaba la afiliación de ciudadanos a Alianza para el Progreso. En un chat del 3 de abril de 2022, Torres indicó: “Mañana hay que ir al partido a digitar los afiliados de Loreto, en el partido, a partir de las 9 a.m. Marisol ya sabe”.
La extrabajadora que entregó estos chats a la fiscalía aseguró que debían obedecer para evitar ser despedidos. Explicó: “Todos teníamos que colaborar. Cuando él empezó la campaña, ella nos reunió y nos dijo que debíamos apoyar la campaña de su esposo Fernando, quien se postulaba a la gobernación de Loreto, y todos lo hicimos”.
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Además, detalló que en varias ocasiones se usaron los pasajes asignados para la semana de representación del Congreso para transportar gigantografías, llaveros y fósforos para la campaña de Meléndez. “Nos daban maletas de 23 kilos con materiales para la campaña de su esposo”, añadió.
Torres negó las acusaciones y declaró a “Cuarto Poder”: “Nunca lo hice. [...] Nunca he dado una orden para hacer campaña a favor de mi esposo. [...] Esto es una motivación maquiavélica en mi contra”.
Sin medidas concretas
Valdez adelantó que el partido no tomará ninguna acción contra Torres. “No sé con exactitud si esta persona [la extrabajadora que denunció el caso ante la fiscalía] ha realizado actividades políticas partidarias mientras se encontraba de licencia, en horario de descanso, en sus días libres o feriados. En tanto eso se pueda esclarecer o aclarar, nosotros por lo menos no vamos a tomar ninguna posición al respecto. Esto no significa que estemos en contra de las investigaciones. Todo lo contrario. Que se investigue lo que se tenga que investigar”.
Ante la insistencia, añadió: “El Ministerio Público tiene que investigar. La subcomisión [de Acusaciones Constitucionales], en tanto reciba alguna denuncia del Ministerio Público, tendrá que hacer las indagatorias. Y el partido también. Hará una indagación. No nos queda claro. Llamaremos a la persona que trabajaba en el Congreso y que ha hecho algún tipo de actividad en el partido para verificar si esto ha sido dentro del horario de trabajo o fuera de él.
Valdez precisó que el partido cuenta con una comisión de ética encargada de evaluar las denuncias. No obstante, dijo no recordar qué concluyó respecto a las acusaciones contra Torres por recortes de sueldo.
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En tanto, el vocero titular de la bancada de Alianza para el Progreso, el congresista Alejandro Soto, señaló que el grupo tampoco tomará ninguna acción contra Torres. “Como comprenderá, mi bancada no puede tomar ninguna acción si previamente no existe una investigación en [la Comisión de] Ética o el Ministerio Público. No obstante, le solicitaré su descargo pues ella niega los hechos”, dijo.
Fuentes de El Comercio informaron que la Comisión de Ética del Congreso aún no evalúa el caso. El presidente de ese grupo, el legislador Alex Paredes (Bloque Magisterial), tiene la facultad para proponer que se actúe de oficio. La decisión final sería tomada por mayoría.
La comisión sesionará este jueves. No obstante, lo hará para avanzar con informes de calificación de hecho.
Las mismas fuentes señalaron que por tratarse de una sesión extraordinaria, no podrán agregar temas en la agenda. Por ello, de presentarse alguna denuncia contra Torres, se vería en otra sesión.
Lo mismo ocurrirá en el caso del congresista Pasión Dávila (Bloque Magisterial), denunciado el último domingo por presuntos recortes de sueldo.
Opinión
Mauricio Zavaleta: "Para APP es irrelevante que sus candidatos tengan antecedentes"
En términos generales, en todo el mundo los partidos están encargados de seleccionar candidatos y presentarlos a la ciudadanía. Son responsables de los candidatos que presentan.
Me llama mucho la atención que la defensa de Alianza para el Progreso sea que la responsabilidad es individual, no colectiva. Su función colectiva es presentar candidatos a la ciudadanía y que estos lleguen al gobierno.
Deberían saber a qué tipo de personas están seleccionando, por más de que no tengan sentencias. La sentencia es un elemento, pero no es el único indicador de la calidad del político que están presentando y preseleccionando.
Creo que este caso [de Rosio Torres] no es una casualidad, sino que responde al modelo de negocio que ellos tienen. ¿Cuál es? El modelo que ha construido APP de manera muy exitosa es de buscar a candidatos que puedan gastar dinero y sean conocidos. A su vez, estos candidatos buscan a ese partido porque saben que los filtros son inexistentes y que, además, tendrán la garantía de algún tipo de apoyo en la campaña.
Es absolutamente secundario o casi irrelevante para Alianza para el Progreso que el candidato tenga antecedentes, que se conozca en la localidad que es un político que tiene problemas por corrupción o por cómo ha desempeñado su labor.
Los candidatos que ha presentado APP responden a esa estrategia, que es exitosa para ganar votos y constituir una bancada importante en el Congreso. El propósito no es presentar candidatos de calidad para ejercer el gobierno o la representación congresal.
Aunque ese modelo es el estándar, en otros partidos existen ciertas consideraciones, que diría que están vinculadas a la existencia de alguna militancia.
En el caso de Acción Popular existe alguna militancia que está compitiendo en la interna y que ejerce presión hacia las élites del partido. En el caso del fujimorismo sucede lo mismo: buscan candidatos que puedan ganar, pero también tienen una militancia interna. Por ejemplo, en APP sería imposible o muy difícil que alguien como Rosangella Barbarán, una militante de juventudes, finalmente llegue con ellos al Congreso.
En APP no hay una militancia que interfiera.
También hay que considerar que existen otros partidos con modelos parecidos, que no tienen militancia y básicamente venden cupos. Es un modelo de negocio. Y allí no lo digo en términos políticos, sino monetarios. Pero no tienen los recursos de APP. Este tiene la característica de poder inyectar recursos a la campaña.
