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El caso Los Dinámicos del Centro reúne una serie de diálogos sostenidos entre dirigentes y militantes de Perú Libre involucrados en la investigación fiscal por presunta organización criminal y cohecho pasivo. Este grupo habría operado al interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del Gobierno Regional (GORE) de Junín.
El 29 de junio, la fiscal provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en delito de corrupción de funcionarios, Bonnie Bautista, formalizó la investigación preparatoria contra los implicados.
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Días después, el 6 de julio, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín solicitó se amplíe la investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón Rojas, el suspendido gobernador regional de Junín, por presunta organización criminal.
Por estos días, en medio del fulgor electoral, los otros dos rostros principales de Perú Libre son Pedro Castillo y Dina Boluarte. Sin embargo, a diferencia de Cerrón, ambos no han sido mencionados o vinculados en las indagaciones fiscales. ¿Hasta qué punto podrían verse salpicados por este caso?
Vladimir Cerrón
Aunque Cerrón Rojas no había sido incluido en la indagación que inició la fiscalía, la referida procuraduría solicitó su incorporación para determinar si hubo o no alguna responsabilidad penal.
Los fundamentos de la procuradora Nora Flores Peñaloza sostienen que “se denota claramente” el poder de decisión que ha tenido Cerrón con los señalados como integrantes del grupo delictivo. Además, coligen que el suspendido gobernador “tenía pleno conocimiento respecto de la actividad ilícita a la que se dedicaba dicha organización”. Esto le habría llevado a solicitar, a través de Arturo Cárdenas Tovar -secretario nacional de Perú Libre desde el 27 de enero del 2019-, dinero que provenía de presuntos ilícitos para: el financiamiento de la campaña y cubrir el pago de su reparación civil.
Se sostiene que Cerrón habría participado en la organización criminal y habría tenido injerencia en presuntos ilícitos cometidos en la DRTC de Junín, desde donde se habría emitido irregularmente licencias de conducir y trámites afines a cambio de coimas.
Esta presunta injerencia se debería a su “poder de decisión y mandato”, tanto cuando estaba al frente del GORE Junín como cuando continuó siendo líder de Perú Libre. Ese poder, según la procuraduría, le habría permitido operar a través de Cárdenas Tovar y Marina Vásquez López -secretaria regional de Perú Libre-, ambos involucrados por la fiscalía en la presunta organización criminal, en la designación de funcionarios de la entidad regional para la recaudación los presuntos ilícitos a favor de la reciente campaña presidencial.
1. El nombramiento de los “colaboradores principales” y personas de confianza
Entre los catalogados como “colaboradores principales” de la presunta organización criminal se encuentran Eduardo Reyes, Waldys Vilcapoma, Eduardo Bendezú y Marina Vásquez –exjefa de RR.HH.- designados en cargos de confianza por la última gestión del GORE Junín.
A esta lista se suma Arturo Cárdenas Tovar, quien en los últimos dos años no ejercía ninguna labor en la entidad regional. Su cargo de confianza como asesor FAG del GORE Junín empezó el 1 de marzo del 2019 y concluyó el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, entre agosto y setiembre del 2020, obtuvo órdenes de servicios en a entidad regional
Cerrón, además, suscribió las resoluciones a través de las cuales Vilcapoma y Bendezú fueron incorporados a la DRTC Junín el 2 de enero del 2019 y 23 de abril del 2019, respectivamente.
La procuraduría sostiene que, si la organización criminal actuó entre abril del 2019 y junio de este año, Cerrón Rojas estuvo a cargo de la entidad regional “al menos cuatro meses” entre ese rango. “[...] se presume pudo disponer directrices u órdenes en cuanto al nombramiento de personal en cargos específicos y la disposición de pagos tanto a su favor y como a la del partido político que representa”, se indica en el requerimiento de la procuraduría.
La procuraduría consignó también evidencia que demostraría el poder que tenía Cárdenas –persona de confianza de Cerrón- para colocar o sacar a trabajadores en la entidad regional pese a no ser trabajador público. En un audio con Marina Vásquez se deja constancia de la orden que dio para remover a un trabajador del área de Fiscalización que contaba con un contrato CAS.
La referida procuraduría sustenta la “proactiva y diligente” actuación de Cárdenas y Vásquez, ambas personas de confianza del suspendido gobernador. Vásquez habría sido una “pieza clave” en la DRTC debido a que se habría encargado de adecuar los Términos de Referencia de los procesos para adecuarlos a personas recomendadas por Cárdenas y Bendezú.
Finalmente, debido a un mensaje de WhatsApp del celular que Waldys Vilcapoma intentó desaparecer, que estaba dirigido al contacto “Vlady” –con la foto de Cerrón-, la fiscalía sostiene que el exgobernador habría tenido acceso a la resolución del allanamiento del 15 de junio.
La abogada penalista Romy Chang dijo a El Comercio que “producto de la investigación inicial, se establecieron algunos elementos nuevos que la procuraduría ha valorado y que permiten establecer cierto vínculo del caso con Cerrón. Por ejemplo, el hecho de que algunos colaboradores hayan manifestado que él colocó a las personas que pagaban las cuotas y a quienes realizaban los actos de corrupción en sus puestos. Como que él sería parte de la organización criminal que estaba destinada a colocar a personas de su entorno en puestos clave”.
Por otro lado, señaló que “no es suficiente el hecho de que él firme” las resoluciones de nombramiento para decir que, automáticamente, es responsable. “La fiscalía tendría que recabar elementos adicionales como, por ejemplo, demostrar que a él le reportaban que ese dinero era cobrado. El solo hecho de firmar la resolución aún no es suficiente”, precisó.
2. Financiamiento de la campaña presidencial
El sábado 3 de julio, la fiscal Bautista sostuvo que Los Dinámicos del Centro operaban en dos espacios: obtener de personas que buscaban sacar brevetes “sendas sumas de dinero” y el “direccionamiento y favorecimiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS a personas afines” a Perú Libre. El objetivo sería financiar la reciente campaña presidencial.
“¿Cuál era el objetivo? Financiar la campaña política del partido de turno en esta gestión 2019-2022 que, como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y las elecciones congresales. Actividad que se habría incrementado en abril del año 2021 a consecuencia de que este partido político pasa a la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma”, dijo la fiscal, y detalló que en una semana se habría llegado a recaudar entre S/35.000 o S/40.000.
En una conversación que tuvieron Vilcapoma y Cárdenas el pasado 4 de enero de este año, se solicita “un cupo” para que Cárdenas pueda realizar actividades proselitistas de la campaña. Previamente, en un diálogo del 10 de diciembre del 2020 entre Bendezú y “Nelly Pastrana”, esta última le indica que ya le comunicó al alcalde para que los apoye en la campaña.
La procuraduría advierte la cercanía de Cerrón con los mencionados “colaboradores principales” por su afiliación a Perú Libre, al ser el líder del partido, y que resulta evidente “el grado de sumisión a las órdenes de Cerrón”. Esto, incluso, “les habría permitido destinar parte de la recaudación ilícita a financia la campaña política” de este año.
La abogada Romy Chang precisó que, desde agosto del 2019, el delito de financiamiento prohibido de partidos entró en vigencia y sería aplicable a este caso. “El financiamiento implica que aportes dinero que sabes que viene de origen oscuro. Las penas varían, pueden llegar hasta los 12 años si eres además líder del partido, como el caso de Cerrón. Eventualmente se aplicaría a otros miembros en la medida de que se demuestre que ellos conocían de eso”, comentó.
3. El pago de la reparación
La procuraduría sostiene, en uno de sus argumentos, que Cerrón, presuntamente, “tenía pleno conocimiento respecto de la actividad ilícita a la que se dedicaba dicha organización”. Esta situación “lo habría llevado a solicitar, por intermedio de Cárdenas”, dinero proveniente de ilícitos para el financiamiento de la campaña y para cubrir el pago de la reparación civil, que ascendía a S/850.000.
A partir de uno de los audios propalados, Cárdenas habría coordinado este pago el 19 de noviembre del 2020. El objetivo habría sido recaudar S/35.000 “dividiendo entre cada región”. Cerrón fue sentenciado el 2019 por el delito de negociación incompatible por una obra de saneamiento en La Oroya.
En marzo, trabajadores del GORE Junín habían denunciado ser acosados por militantes de Perú Libre para el depósito de parte de sus haberes en dos cuentas de ahorros. El fin de dinero sería pagar la reparación civil de Cerrón y los coimputados. Hasta el 12 de junio, S/ 645.075 fueron pagados. El Comercio informó que, hasta el momento, los implicados no habían explicado sobre el origen del dinero.
El abogado penalista Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, dijo esta semana a El Comercio que lo que se debe indagar es si el dinero aportado “más bien no suponía dinero que se recababa con determinado actos de corrupción. Eso es distinto y cambiaría la figura, porque ahí sí podríamos estar ante lavado de activos”, indicó.
Es decir, si es que existen indicios respecto a que el dinero tendría un origen ilícito. “O si por el contrario es patrimonio personal, lícito, de cada uno de los aportantes. Si fuese así, no vería connotación de lavado de activos”, añadió.
Chanjan anotó que Vladimir Cerrón es, supuestamente, el beneficiario final del dinero recolectado. Pero se debe analizar también el grado de involucramiento que podría haber tenido él en los hechos: el grado de coordinación previa que pudo haber o planificación sobre la recolecta de dinero. “Pero lo fundamental es poder determinar si es que había un origen ilícito de estos bienes o no”, recalcó.
Por su parte, Romy Chang anotó que “habría que verificar, y es lo que tendrá que hacer la fiscalía, si es verdad que las personas donaron voluntariamente o si era obligadas a cambio de mantener sus puestos en el gobierno”.
De ser así, se podría hablar de un presunto delito de coacción, pues se estaría obligando a una persona. “Lo que habría que individualizar es quién sería el responsable de esta coacción. Si es directamente Cerrón o si conocía de esto, u otros que puedan estar comprometidos”, añadió.
4. Presunto lavado de activos
El fiscal Richard Rojas Gómez – de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Lavado de Activos-, en una resolución del 30 de junio dispuso el inicio de diligencias preliminares contra los que resulten responsables, luego de conocerse “la existencia de indicios de presunta comisión de ilícitos penales vinculados con presuntos aportes de origen ilícito a campañas políticas que podrían configurarse como lavado de activos”.
Además, sindica como presuntas cabezas a Cerrón y al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela.
MIRA: Los Dinámicos del Centro: Las posibles implicancias legales y penales de este caso | ANÁLISIS
Dina Boluarte: ¿El aporte “solidario” tendría relación con el caso?
Dina Boluarte, candidata a la Vicepresidencia de la República por Perú Libre, reconoció en un comunicado que en noviembre del 2020 Cerrón solicitó a los militantes colaboraciones de dinero para el pago de su reparación civil.
Para ello, el Comité Ejecutivo Regional (CER) de Lima, cuya secretaria era Boluarte, acordó abrir una cuenta mancomunada junto al militante Braulio Grajeda. 104 personas aportaron con un total de S/15.791,92. La cuenta fue cerrada el 6 de enero. Boluarte rechazó que estos aportes tengan relación con el caso Los Dinámicos del Centro.
El depósito, realizado el 15 de diciembre del 2020, habría llamado la atención de las autoridades financieras, informó El Comercio.
“La noticia que han dado es malintencionada, al menos respecto del aporte y transferencia que se le hizo al secretario general del partido [Vladimir Cerrón], que fue en enero, cuando todavía no sabíamos como partido político si íbamos a participar o no en las elecciones”, dijo Boluarte.
La candidata a la vicepresidencia de la República no está incluida en las indagaciones fiscales. En tanto, la penalista Romy Chang señaló que el caso debe ser visto como un todo. “Decir que Boluarte abrió una cuenta para recabar dinero supuestamente voluntario creo que sí tiene relevancia y tendría que ser investigado. Si ella hubiese querido hacer un aporte para Cerrón o era su amigo, a título personal se abre una cuenta y se entrega. Pero aquí se involucra al partido de alguna manera porque hablamos de militante, no amigos de Cerrón. Este no es un aporte como una ayuda de dinero a un amigo, sino que ha sido condenado”, detalló la abogada.
Pedro Castillo: ¿El candidato presidencial podría verse implicado?
La hipótesis fiscal señala que hubo un incremento de presuntos aportes ilícitos a la campaña en abril de este año, cuando Perú Libre pasó a la segunda vuelta electoral.
Castillo no ha sido incluido en la indagación fiscal. El profesor se inscribió a Perú Libre como militante en setiembre del 2020, y no ejerce un cargo dirigencial en el partido. Hasta la fecha, no hay indicios de que haya podido conocer el presunto financiamiento ilegal de la campaña.
“En este caso, en tanto es invitado, para que sea involucrado la fiscalía tendría que demostrar que él sabía que para financiar su campaña presidencial el partido estaba recibiendo aportes ilegales”, dijo la abogada Chang. Finalmente, si no se llega a establecer ningún elemento probatorio, “no tendría ninguna responsabilidad. Él no tendría por qué saber que realmente estas cosas se dieron. Era un invitado. Su situación es muy distinta”.
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CORRECCIONESEn la versión inicial de esta nota, publicada el 11 de julio de 2021, se consignó por error que Pedro Castillo era un invitado en Perú Libre, en la parte final del informe. Sin embargo, en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones figura como militante del partido del lápiz desde setiembre de 2020.
