La defensa legal del presidente Castillo busca anular la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación contra el mandatario | Foto: Presidencia / Referencial
La defensa legal del presidente Castillo busca anular la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación contra el mandatario | Foto: Presidencia / Referencial
/ VIDAL TARQUI PALOMINO
Redacción EC

, abogado del presidente , presentó ante la Corte Suprema una tutela de derechos con el propósito de anular la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, , en contra del jefe del Estado.

Espinoza Ramos explicó que se ha presentado este recurso con el objetivo de que se convoque a una nueva audiencia en la que se evalúe si la denuncia respeta la tutela judicial efectiva.

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Le estamos pidiendo al juez supremo que convoque a una nueva audiencia de tutela de derechos para que se debata si esta denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público en realidad respeta o no la tutela judicial efectiva”, declaró a la prensa.

El defensor del mandatario explicó que el juez Juan Carlos Checkley estableció en la tutela del caso ‘Puente Tarata’ que el Ministerio Público no puede formalizar o continuar con la investigación preparatoria.

El juez Checkley estableció dos límites, le dijo a la Fiscalía que no puede ni formalizar ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede tramitar una acusación constitucional contra el presidente por fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución. Cuando la Fiscalía le pide al Congreso autorización para formalizar la investigación está desconociendo su mandato”, aseveró Benji Espinoza.

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Denuncia constitucional

El último martes, 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Tras ello, el viernes 14, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de esta denuncia. La presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), explicó que, a partir de esta fecha, tendrán diez días hábiles para elaborar un informe de calificación que determinará si se declara procedente o improcedente.

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