El estado de las pesquisas a las socias de Odebrecht

Uno de los principales puntos del conflicto entre la mayoría fujimorista del Congreso de la República y el Ministerio Público es la situación legal de las empresas peruanas socias de la constructora Odebrecht.

Los representantes de Fuerza Popular sostienen que estas no están siendo investigadas, ya que la empresa Graña y Montero aseguró que no ha sido notificada de alguna pesquisa.

Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, aseguró que sí están siendo investigadas.

La pregunta entonces es ¿quién tiene la razón? Fuentes del Ministerio Público han confirmado a El Comercio que las empresas Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales vienen siendo objeto de análisis y peritajes respecto de sus inversiones y finanzas.

Incluso, el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, declaró que “sí existe una investigación a los consorciados [de Odebrecht] a partir de declaraciones de Jorge Barata”, quien es uno de los principales aspirantes a la colaboración eficaz.

En ese sentido, las fuentes explicaron que la ley exige que las declaraciones de Barata, al estar bajo un proceso especial de colaboración, sean corroboradas antes de tomar cualquier medida.

“Lo que se indaga, investiga o corrobora es un hecho de contenido penal informado por el colaborador eficaz. Por eso es que Graña y Montero no puede esperar ser notificada en esta etapa del procedimiento”, dijeron a este Diario.

Por ende, aseveraron que al término de la etapa de verificación se decidirá si se abre o no una investigación preliminar a las mencionadas empresas.

De llegar a esta nueva etapa, las personas naturales y jurídicas investigadas recién serán notificadas.

—El caso de los Fujimori—
Un ejemplo claro de esta etapa –en la que se encuentran GYM, JJ Camet y otras– es el que se siguió a los hermanos Fujimori Higuchi por el Caso Limasa. En julio del 2016, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó que había una “indagación previa” a los hermanos Kenji, Hiro y Sachie Fujimori Higuchi por este caso.

“Entiendo que hay una fase de indagación previa, en una fiscalía especializada. Se está en búsqueda de información, porque no cualquier hecho es un delito, hay que indagar toda la información”, dijo por entonces Sánchez Velarde.

Esta etapa se desarrolló por espacio de siete meses y los hermanos de la lideresa de Fuerza Popular no fueron notificados. Tras haber efectuado las corroboraciones pertinentes, la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos consideró que sí había elementos suficientes para abrir una investigación preliminar a los Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. Recién esta fase del caso fue notificada a todos ellos, tal como consta en la carpeta fiscal.

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