El pleno del Congreso aprobó admitir a trámite la moción para interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a fin de que informe sobre los términos del acuerdo de colaboración con la empresa brasileña Odebrecht, el cual fue suscrito con el Ministerio Público y la Procuraduría.
La moción fue expuesta por la congresista que la presentó, Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), quien exigió la presencia de Zeballos en el Parlamento. Contó con 58 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención.
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Tras la votación, Daniel Salaverry planteó que Vicente Zeballos acuda a responder las preguntas incluidas en la moción de interpelación el jueves 21 de marzo, fecha que fue aprobada por el pleno a mano alzada.
“Es necesario poner de conocimiento ante la representación nacional y los ciudadanos de todo el país, una serie de irregularidades ante las cuales [ha incurrido] el procurador [Jorge Ramírez] que ha sido designado por el presidente de la República”, afirmó Yeni Vilcatoma.
Iniciado el debate, el congresista Gilbert Violeta (no agrupado) aseguró que el Legislativo no puede acceder a una moción de interpelación contra el ministro de Justicia, cuando el acuerdo de colaboración no es de su competencia directa.
“Este Parlamento no puede conocer una interpelación en la que va a convoca al ministro de Justicia para cuestionar un acta que es una propuesta de colaboración eficaz en donde ni el ministro de Justicia tiene la palabra cantante ni la tiene este Parlamento, la tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial […] Si la interpelación fuera para que explique los actos que ha hecho el ministro de Justicia o el primer ministro en relación al caso Odebrecht a lo largo de este tema en general sería distinto, pero no es amparable una interpelación basada en el cuestionamiento de una acta que no es competencia del Congreso ni del Ministerio de Justicia”, detalló.
Ante esta participación, Yeni Vilcatoma explicó que la moción de interpelación no aborda el contenido de colaboración eficaz, pero sí el monto de la reparación civil asignado a la constructora.
“La moción de interpelación […] no aborda en ningún extremo sobre el contenido de la colaboración eficaz, redunda sobre esta acta de acuerdo preparatoria de colaboración y beneficios, únicamente ha enumerado los casos sobre los cuales se va a abordar la colaboración y solo sobre la reparación civil y los beneficios”, refirió.
El congresista Mario Mantilla (Fuerza Popular) se mostró a favor de la moción de interpelación y sostuvo que la Constitución prohíbe interferir en un proceso judicial en trámite. Sin embargo, la investigación en este proceso contra Odebrecht está en etapa de investigación, por lo que la moción de interpelación sí procedería.
“Lo que la Constitución prohíbe es que no se puede interferir en un proceso judicial en trámite, y esta investigación contra Odebrecht no está en etapa judicial, está en etapa de investigación”, manifestó.
Gino Costa (Bancada Liberal) afirmó que la posición de su agrupación es en contra de la interpelación, ya que el acuerdo de colaboración eficaz fue firmado por fiscales, quienes son los principales responsables del documento.
“Nosotros, la Bancada Liberal, nos oponemos a la interpelación por razones de forma y de fondo. Voy a referirme a ellas, en lo formal, en efecto el acuerdo de colaboración eficaz ha sido firmado por los fiscales del caso, que son los principales responsables del acuerdo. A ellos habría que pedirles explicaciones sobre el acuerdo, si el Congreso quisiera solicitarles, quien tiene que pronunciarse en última instancia sobre la validez o no del acuerdo de colaboración eficaz es la jueza que está viendo el caso”, señaló Costa.
Además, el legislador Marco Arana (Frente Amplio) consideró que la verdadera intención de la interpelación al ministro Vicente Zevallos es impedir la aplicación del acuerdo con Odebrecht.
“Lo que aquí está en juego es bajarse el acuerdo que no se investigue, sabotear los plazos, eso no debería p asar y en ese sentido, respaldaremos que el acuerdo continúe y si es preciso que se vean los montos se hará, pero lo que no se puede hacer es sabotear el acuerdo de colaboración eficaz”, señaló Arana.
Finalmente, el congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso), quien estuvo al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros durante la elaboración de este acuerdo, reiteró que esto no es competencia del ministro de Justicia.
“Hay que precisar el hecho de que no es el Ministerio de Justicia el que ve estos temas, no es su competencia. Es en todo caso la Procuraduría por un lado, pero adicionalmente es el Ministerio Público quien define esta situación y nosotros como Congreso en su momento, en el decreto de urgencia 003, que inspira este proceso de contratación”, destacó.
César Villanueva dijo que las cifras de reparación civil seguirán siendo discutibles en el tiempo; sin embargo, lo importante es conocer la verdad sobre los hechos.
“Mucho más que las cifras que pueden aumentar, duplicarse o quedarse allí, es el conocer la profundidad de este hecho, de una empresa como Odebrecht […] Creo que lo fundamental está en conocer profundamente cada uno de los hechos concretos que ha cometido esta empresa. La verdad no tiene valores, no tiene cifras, es una cuestión de ética, de defender al país”, aseveró.
