Los exministros Calos Basombrío y Jorge Nieto manifestaron su apoyo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y afirmaron que su prolongada situación legal sin resolver es una injusticia y una condena adelantada.
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En diálogo con El Comercio, ambos exministros consideraron que se están violando los derechos del ex jefe de Estado.
Basombrío y Nieto, junto a otros exministros, excongresistas y políticos firmaron un pronunciamiento, titulado “Justicia para Pedro Pablo Kuczynski”, en el que advierten que el expresidente lleva más de cuatro años en investigación, casi tres de detención domiciliaria y otras restricciones.
En ese pronunciamiento consideran que se están afectando los derechos fundamentales y las garantías judiciales del exmandatario. También, que se están afectando sus garantías judiciales debido a las medidas restrictivas que mantiene.
“PPK podría ser culpable de todo, pero es el trabajo de la fiscalía probarlo y no necesita tenerlo tres años más en prisión domiciliaria para hacerlo. Le han confiscado sus cuentas, intervenido sus propiedades, su situación es realmente complicada, no puede ver a su familia. Eso no resiste ningún tipo de análisis jurídico serio”, dijo Nieto en comunicación con El Comercio.
Añadió que “hay violación flagrante de sus derechos como individuo siendo que él ha cumplido con todas las solicitudes de información. Me parece que es una injusticia flagrante, más allá de lo que uno piense sobre su responsabilidad o no de los hechos que se le imputan”.
Basombrío también señaló que hay una afectación a los derechos fundamentales del expresidente. “Tampoco se puede forzar la situación arbitrariamente y aquí hay hechos que son muy graves en perjuicio de una persona muy anciana y que consideramos los firmantes están violando sus derechos básicos”, comentó.
Los exministros señalaron también que hay perjuicio al exjefe de Estado porque, consideraron, hay demoras en la investigación que se le sigue. “En cualquiera de los casos [la demora] no es responsabilidad de los imputados, por tanto no son los que deben pagar las distintas razones por las cuales la fiscalía no ha avanzado en estos casos”, indicó Nieto.
Justo, hace unos días la fiscalía ha formulado una nueva solicitud de impedimento de salida del país debido a su investigación en el caso Odebrecht.
En tanto, Basombrío cuestionó que se le haya sindicado a PPK ser parte de una organización criminal.
“En primer lugar, la invención, porque creo que es así, para poder tener más tiempo investigado se ha inventado que los hechos que podrían involucrar al expresidente son parte de una organización criminal. ¿Por qué se hizo esto? Para poder tener mucho más tiempo de investigación, que es correcto cuando hay una organización criminal, pero en este caso se ha inventado una organización criminal formada por su chofer y secretaria de toda la vida. No reúnen los requisitos para ser una organización criminal. Con ese marco legal lo han tenido cuatro años bajo detención domiciliario, que ya casi es una condena adelantada y piden más años de restricciones”, dijo.
Agregó que, en la práctica, “sin que hayan investigado, lo quieren tener siete años bajo investigación. Eso es, para una persona mayor, casi una condena a muerte. La arbitrariedad es manifiesta y el Ministerio Público está cometiendo un grave abuso y la única explicación es que no tienen tiempo para investigar el caso”.
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Ambos exministros se han podido comunicar en diferentes momentos con el exmandatario. “He conversado alguna vez con él, en los últimos meses, hace buen tiempo, hablamos de otros temas, en eso él es muy reservado”, dijo Nieto.
Mientras que Basombrío agregó que ha visitado a PPK y “no llega a comprender cómo puede suceder esta situación. Está, como es normal, muy afectado. Le han incautado sus propiedades, dinero, su familia no viene, está solo, está sufriendo una condena por un delito del que aún no ha sido juzgado y eso es muy injusto”.
Julio Midolo Chirinos, abogado de PPK, calificó de “acoso” el nuevo pedido del fiscal Pérez. “Hay una situación que nos preocupa, tuvimos una audiencia en la que el expresidente es investigado como presidente de Proinversión, y el doctor José Domingo Pérez pidió 36 meses de impedimento de salida y la audiencia fue suspendida. Esto es algo que nos preocupa porque la fiscalía insiste con los argumentos de peligro procesal pese a que ya fueron rebatidos. A nosotros nos llama la atención porque se insiste en medidas de acoso”, dijo a RPP.
La fiscalía investiga a PPK por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado debido a que, en su condición de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, bajo el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría “defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como funcionarios públicos, para favorecerla en el proceso de la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil IIRSA SUR, tramo 2 y 3″.
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