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Después de varias postergaciones y dilataciones, el proceso de deslacrado de las tres computadoras y 14 CD pertenecientes a Vladimir Cerrón, que fueron incautados en varios locales y viviendas de Huancayo y Lima, ya se inició.
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El fiscal Richard Rojas Gómez, a cargo del caso, solicitó a inicios de octubre la intervención del derecho a la intimidad para extraer la información de los artefactos y dispositivos informáticos. Como se recuerda, la medida no podía concretarse por la ausencia de Cerrón en las diligencias, y por otras maniobras consideradas obstruccionistas.
Rafael Vela, fiscal superior de lavado de activos, explica los pormenores de un proceso complicado y amplio.
—¿Cuándo tendrá la fiscalía en sus manos la información proveniente de esos equipos incautados para iniciar las pesquisas?
Los peritos son altamente especializados en el manejo, recuperación y extracción de información, incluso de la que ha sido borrada. Se terminó con el proceso de respaldo en las copias espejo y luego viene el proceso de extracción de la información, que los peritos entregarán el martes a la fiscalía. A partir de la autorización judicial, el fiscal Rojas está en posibilidades de poder conocer ya el contenido de toda la información.
—Si el fiscal Rojas no hubiera solicitado la intervención del derecho a la intimidad, probablemente este proceso no se habría iniciado todavía.
Es interesante analizar la conducta procesal del investigado. Continuamente el señor Cerrón buscaba frustrar la investigación. Debido a ese comportamiento procesal, el fiscal acude al juez para que esto no se siga extralimitando y no se condicione el desarrollo de la investigación, porque ese material ha sido producto de hallazgos dentro de la autorización judicial del allanamiento.
—Cuando se realizó el allanamiento, usted comentó que había “valiosa información documental”. ¿Qué podrían revelar esos equipos incautados?
La hipótesis principal es que la campaña presidencial del partido Perú Libre del 2021 se financió con el aporte de dinero de procedencia ilícita de una organización criminal que está siendo objeto de investigación por otra fiscalía, en el Caso Los Dinámicos del Centro, y también otras formas de ingreso de dinero de procedencia ilícita. Esa información es de naturaleza privilegiada, porque se trata de computadoras de uso personal y del propio partido.
—También declaró que Cerrón habría ocupado un “papel preponderante” en el esquema. La pregunta es: ¿personas que ocupan ahora altos cargos, como Dina Boluarte o el propio presidente Castillo, podrían haber cumplido un rol activo?
La investigación es abierta. La señora Boluarte sí es objeto de investigación, está incorporada formalmente; el presidente Castillo no. Pero esta es una investigación progresiva. La evidencia incriminatoria es la que puede determinar quiénes son incorporados y allí no hay posibilidad de excluir a nadie.
—Según la hipótesis fiscal, ¿la organización Los Dinámicos del Centro fue pensada directamente para obtener dinero para una campaña electoral? ¿O es una organización que ya existía, y en la ruta de la campaña se decidió usar ese dinero ilícito?
La investigación del fiscal Richard Rojas es mucho más amplia en ese aspecto, porque no solamente implica la posibilidad de que el partido se haya financiado con dinero ilícito proveniente de Los Dinámicos del Centro, sino también de otras formas de captación que tenía el señor Cerrón a través del ejercicio del poder en Junín. Se han encontrado enormes sumas de dinero que no se condicen con el patrimonio de un funcionario, como era el señor Cerrón. Tampoco en el caso de su madre [Bertha Rojas], que es una persona jubilada y cuyos ingresos no se condicen con el nivel de ahorro que podría haber tenido.
—Usted ha mencionado que en una segunda instancia asumiría el caso, debido a su especial trascendencia.
De hecho, ya lo hemos hecho. Acabamos de litigar justamente la legalidad de la autorización de allanamiento, en el que ya el Poder Judicial ha confirmado las decisiones del juez de primera instancia. Y ahí nosotros, como coordinación, hemos participado directamente.
—¿Existen presiones desde el lado político? Perú Libre finalmente es el partido que ahora está en el poder.
Nosotros estamos trabajando dentro de un plano estrictamente técnico y, como tal, es en el plano técnico donde nos conducimos. Estamos sometidos a la legalidad y a las decisiones de los jueces.
—Alguna vez mencionó que había “amenazas encubiertas” en ciertos pronunciamientos de Cerrón en sus redes sociales.
Esa conducta tiene que ser analizada por el fiscal Richard Rojas. De hecho, el comportamiento procesal se analiza dentro de cualquier tipo de incidencia que se pueda oponer al avance de la investigación como tal. El señor Cerrón muestra una conducta procesal obstructiva que puede incluso revelar la posibilidad de un peligro procesal, no solo respecto al entorpecimiento en la actividad probatoria, sino también ante la posible fuga. Lo hemos advertido y consta en las actas. También sus propios abogados están muy activos dentro de una conducta que nosotros estimamos dilatoria. Siempre en este tipo de investigaciones se busca la colaboración de quienes están siendo investigados; si no temen a la investigación y se allanan a la misma, evidentemente las posibilidades de la averiguación de la verdad se amplían notablemente. Pero no están respaldando precisamente la búsqueda de la verdad, sino más bien tienen la voluntad de dilatar los procedimientos.
—¿Diría que el principal investigado en este caso amplio se siente protegido?
Yo no puedo hacer una declaración de carácter político. Nosotros tenemos un trabajo de carácter técnico, enfrentamos a los abogados del señor Cerrón y de los otros investigados dentro de la litigación, bajo las reglas del debido proceso. Evidentemente, siempre estamos atentos a lo que pueden ser intromisiones o presiones de la política o de cualquier otro tipo, porque en otras investigaciones nos ha pasado, no podemos ser ajenos tampoco a la primacía de la realidad. Nos mantenemos vigilantes. El fiscal Rojas está trabajando con absoluta autonomía.
—En paralelo a este caso, el equipo especial Lava Jato, del cual usted es coordinador, ha estado en el ojo de la polémica. El fiscal Hamilton Montoro, recientemente removido, dijo que su salida del cargo se debe a una “venganza” y un “chantaje” de Odebrecht.
Aquí hay que entender que la coordinación no saca al fiscal Montoro. Nosotros en la coordinación tenemos un cargo directamente dependiente de la Fiscalía de la Nación. Es un cargo que, por supuesto, reside en la confianza de ser capaz de manejar un equipo. El fiscal Montoro tiene sus propios problemas. De hecho, en las declaraciones públicas que ha manifestado ha dicho una serie de mentiras, por ejemplo, que se sorprende de que haya encontrado a un abogado de Odebrecht en mi despacho en una reunión. Nosotros hemos ya entregado los documentos correspondientes a la señora fiscal de la Nación, en donde se indica que las reuniones que se dan con la empresa Odebrecht –que es un colaborador eficaz controlado por el Poder Judicial– fueron a pedido por escrito del propio fiscal Montoro. Entonces, eso demuestra absolutamente la falsedad de sus declaraciones.
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—¿Le molesta que un sector los acuse de filtrar información a los medios de comunicación, de instrumentalizar la información sobre determinados casos sensibles que investigan?
La legitimidad de las investigaciones se acompaña a través de la información y el derecho ciudadano que hay de tomar conocimiento de un grave caso. Dar los avances de los casos es una forma de rendición de cuentas. El camino difícil que hemos transitado está siempre sujeto a ataques permanentes. Nosotros investigamos a políticos que presuntamente han cometido graves delitos de lavado de activos, y la corrupción de funcionarios vinculados a aparatos de criminalidad organizada y que posiblemente siguen hasta la fecha operando. Nadie se escandaliza cuando un abogado sale a los medios, pero sí tienen una permanente oposición a que los fiscales informemos del avance de nuestras investigaciones.
—Este viernes, un equipo de fiscales ha ingresado a Palacio de Gobierno para recoger documentos diversos, como el registro de visitas de la Secretaría General de la Presidencia, hasta hace poco al mando de Bruno Pacheco. Al mismo tiempo, la excandidata Keiko Fujimori dijo que su bancada apoyaría los esfuerzos para una vacancia presidencial. La pregunta es: ¿las crisis políticas interfieren en el trabajo de un equipo de fiscales?
No tenemos ningún comentario sobre esas decisiones, pero tenemos mucho que decir desde el punto de vista de la intromisión funcional, porque podemos ser objeto de denuncias constitucionales, podemos también ser condicionados a través de las modificaciones de la ley. Por ejemplo, ahora se pretende modificar la colaboración eficaz dentro de un paquete normativo en el que probablemente se busque favorecer también a otros políticos. La política también puede ser instrumentalizada para evitar que se averigüe la verdad.
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“Vivimos bajo ataque permanente”
—¿Se tiene definida la fecha de un nuevo viaje a Brasil? Se busca decodificar otros 112 ‘codinomes’.
Hemos hecho todas las coordinaciones ya con el colaborador eficaz. La empresa Odebrecht está sometida a la acción de la justicia y por supuesto que ha facilitado todo lo necesario para la decodificación de todo ese material novedoso que llegó de Brasil. Ahora, eso tiene una burocracia propia en el Brasil y estamos a la expectativa. Esperamos que se pueda hacer a fines de este mes.
—Todavía hay la permanente sensación de que el caso no avanza.
Primero, trataron de decir que no había suficientes investigaciones. Luego decían que solamente se criminalizaba a unos y no a otros. Después decían que se abusaba de la prisión preventiva; en el caso del equipo especial, tenemos casi un millar de investigados y el pico máximo de prisiones preventivas ha sido de 33. Ahora se dice que no hay juicios, pero el Ministerio Público no dirige las etapas de control de acusación, las etapas intermedias.
—¿Cuánto entorpeció la pandemia sus funciones?
Nos golpeó en varios sentidos. Para empezar, hemos tenido contagios, yo mismo estuve en algún momento enfermo. Además, nuestros procesos de digitalización e informatización no estaban preparados. No teníamos forma de hacer trabajo digital y tampoco podíamos acceder incluso a nuestros lugares de trabajo. Durante el último año ya nos hemos recuperado y ahora tenemos nueve megaacusaciones, donde hay 111 personas acusadas, además de seis personas jurídicas.
—Pronto se cumplen tres años del escándalo por la decisión (luego revertida) de Pedro Chávarry de sacarlo del cargo. ¿Es el peor momento que ha tenido como coordinador?
Dentro de varios otros, porque nosotros vivimos bajo permanente ataque. Las personas que enfrentamos en la litigación también tienen un respaldo mediático importante. Nosotros tenemos la obligación de averiguar la verdad, no tenemos un calendario electoral
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