“Tenemos una deuda de escuchar a nuestra gente”

— Hace dos semanas, usted fue nombrado como jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia. ¿Cómo llegó a formar parte del círculo de confianza de la presidenta Boluarte?

A ver, la presidenta ha instalado una apuesta por la meritocracia, o sea lo que quiere es recuperar calidad de funcionarios en el Estado. Entonces, está escogiendo a los funcionarios no porque tengan una relación personal con ella, sino por su trayectoria profesional. Cuando yo fui asesor de Salvador del Solar en el Ministerio de Cultura compartí trabajo con un colega y esta persona después por razones de su carrera trabajó en el MIDIS y la presidenta lo conoció ahí. La presidenta estaba buscando a un jefe de Gabinete [de asesores], y preguntó [a su entorno] si conocía a alguien para esa posición. Esta persona, que me conocía del Ministerio de Cultura, le dio mi nombre. El jueves 15 yo estaba trabajando en mi casa y recibí una llamada y era la presidenta. Y me pidió reunirnos. Nos conocimos y le dije lo que pensaba sobre asesorar a una presidenta y ella lo que esperaba, y optó por ofrecerme el cargo.

— ¿Y cuál es su rol? ¿Es usted el asesor principal de Boluarte Zegarra?

El Despacho Presidencial tiene una estructura organizativa que está formada, principalmente, por la Secretaría General, la jefatura de Gabinete Técnico, cuya importancia ha sido desigual, según los presidentes, depende un poco del valor que le dan estos al asesoramiento de calidad, y después hay un órgano de comunicaciones y la Casa Militar. Si miras el despacho de otros países tienen esos componentes.

El presidente Macron [en Francia], por ejemplo, tiene 40 asesores temáticos, en el Perú no aspiramos a tantos. Hay un pequeño órgano que es poco más grande o pequeño, de acuerdo al presidente. Y a mí se me ha dado ese encargo de dirigir a ese grupo, porque queda muy poquita gente del equipo anterior, prefiero traer gente con otros perfiles, y lo voy a ir componiendo poco a poco.

— ¿Y ya tiene nombres?

Estoy buscando gente, no es tan fácil conseguir personas que estén dispuestas a venir al Despacho Presidencial, que no tiene salarios muy altos. En el gobierno de Humala, cuando se aumentaron los sueldos de ministros y viceministros, Humala no aceptó que se le suba el salario. Entonces, el sueldo del presidente en el Perú es menor que el de ministros y viceministros. Y dentro del Despacho Presidencial no se puede ganar más que el presidente, salvo el secretario general que está dentro de Servir, todos los demás ganamos menos de S/16 mil.

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— ¿Qué tipo de consejos son los que le da la presidenta, por ejemplo?

¿Qué consejos crees que puede necesitar un presidente? Un presidente recibe a un montón de gente y esa gente le hace peticiones. Entonces, el Gabinete Técnico recibe esas peticiones y las tiene que analizar, procesar y si puede resolverlas, lo hace y da una recomendación directamente a la presidenta, sino muchas veces lo tiene que coordinar con los ministerios. Yo tengo que hablar mucho con los ministros para ver las cosas que van llegando acá.

El marco político que rodea al gobierno, la presidenta necesita tener una cabeza con la que discutir cuestiones de coyuntura o de estrategia política, lo cual es totalmente normal en un gobierno, ese también es el rol del Gabinete de asesores. Nuestro papel es mejorarle el entorno decisional a la presidenta, no como persona a la señora Boluarte, sino como institución, cabeza del Ejecutivo.

No sé si has escuchado hablar alguna vez del concepto “centro de gobierno”, la mayor parte de los países han fortalecido las estructuras de las cabezas de sus objetivos para dar más predictibilidad y calidad a las decisiones que se toman en el Ejecutivo. La democracia permite que una persona que no necesariamente tenga trayectoria política pueda llegar a ser presidente. ¿Cómo aseguramos que esa persona que, además, es una institución, pueda tomar la mayor calidad de decisiones a favor de la población? Es rodeándolo de una estructura que lo apoye, el gabinete [de técnicos] juega un papel en esto.

— Al inicio de su gobierno, la presidenta dijo que ella fue elegida hasta el 2026 y no fue hasta que las protestas escalaron que propuso el adelanto de elecciones para el 2024. ¿Fue un error de Boluarte no asumir desde el comienzo que su mandato era uno de transición?

Yo no quisiera convertirme en vocero del gobierno, porque no me corresponde, para eso hay una presidenta y un primer ministro. La presidenta ya explicó eso, ella fue elegida en una fórmula presidencial hasta el 2026, y cuando la llaman intempestivamente, porque no tenía previsto asumir la Presidencia dijo lo que correspondía en función del mandato que recibió, pero como siempre en política los procesos de escuchar a la población guía a los políticos, y la presidenta tuvo claro que una respuesta a la población era reconocer que no hay viabilidad política para un gobierno hasta el 2026.

— El Congreso ha aprobado, en primera votación, que las elecciones generales se realicen en abril de 2024. ¿El gobierno y el Parlamento pueden resistir un año y medio en el poder?

No soy vocero, sino asesor. No quisiera invadir el terreno del primer ministro, prefiero esa pregunta dejarla para el premier y la presidenta, a pesar de que yo pueda tener posición al respecto.

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— En diciembre de 2020, tras las protestas contra el efímero gobierno de Merino, usted señaló que “se ha estado calentando la olla y el Estado no se preocupó”. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la crisis actual?

Es parte de un largo proceso de calentamiento de la olla, pero que no es contra este gobierno ni privativo de este gobierno, el Perú tiene 201 años de República y no ha logrado construir un Estado que incluya a todos los peruanos. Un muy buen ejemplo de ello es el alto porcentaje de informalidad que tenemos, eso es un claro caso de exclusión, muchos millones de peruanos no logran entrar a la economía formal. Parte de lo que se está expresando ahora es esa demanda de cambio. ¿Ha sido aprovechada, deformada o superpuesta? No voy a entrar en ese detalle, porque sobre ese tipo de cosas se pronuncian los ministros. Pero es evidente que hay una demanda de inclusión y de cambio en grandes contingentes de nuestra población.

Y una de las cosas que eso necesita es diálogo nacional, para el lunes se ha convocado a una sesión del foro del Acuerdo Nacional. Esto es bien importante, es una sesión a la que se va a incorporar a los 25 gobernadores regionales recién electos y a las instituciones que conforman el Consejo de Estado. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Y eso es una decisión de gobierno: lanzar un diálogo nacional descentralizado. Queremos comprometer a cada gobernador a que nos ayude articular el diálogo en sus regiones, vamos a pedirle ayuda a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas, vamos a pedirle a la Defensoría del Pueblo que participe en el proceso. La expectativa es escuchar a la gente.

Pero lo importante no solo es escuchar, yo he sido viceministro de Gobernanza Territorial y un reproche que hay mucho a las mesas de diálogo es que solo son escuchar y mecer. [Lo importante] es escuchar y aquellos que protestan legítimamente sientan que lo que ellos piden se reflejan en la política pública y en una agenda de reformas institucionales.

— ¿Le preocupa que esta olla caliente reviente de golpe y ponga en peligro la democracia?

Esperamos que no, he aceptado venir a este puesto ante la convocatoria de la señora Boluarte, porque creo que desde mi experiencia puedo contribuir a ayudar a la primera presidenta mujer del Perú a hacer que nuestro país se oriente hacia una mejor convivencia y una mayor cohesión. Somos un país fragmentando, todavía siento que hay esa posibilidad de contribuir a ese reencuentro como peruanos.

— De acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo, 28 ciudadanos fallecieron en el marco de las protestas, 22 de ellos en enfrentamientos. ¿Bajo este contexto, qué tan viable es el diálogo?

¿Y qué hacemos? ¿Nos detenemos? Es dolorosísimo el costo que ha habido y el gobierno ha reaccionado con varios vectores. Se ha invitado a la CIDH, va a volver este mes, se ha instalado la comisión de apoyo solidario que promueve el Ministerio de Justicia, porque, como tú sabes, el concepto de reparaciones está asociado al resultado de las investigaciones, pero en tanto, el Ejecutivo quiere acompañar a las familias de una manera multidimensional y el otro tema son las investigaciones fiscales. La señora presidenta ha conversado con la fiscal, le ha ofrecido todos los instrumentos para que la fiscalía tenga resultados céleres, porque, como ha dicho Boluarte, justicia que tarda no es justicia.

Eso [las muertes] es un tema que hay que tratar y que vamos a tener que procesar como democracia, lo que ha sucedido, pero no podemos detenernos en eso, tenemos que avanzar hacia adelante y el diálogo es el instrumento para escuchar a los peruanos, la idea es que el producto de ese diálogo sea una agenda de reformas no para este gobierno de transición, porque en 18 meses no vas a poder hacer reformas que cambien sustantivamente al Estado, es para ponérselo al siguiente. Y si podemos dejarle al siguiente gobierno una agenda robusta de reformas, tal vez contribuyamos a bajar la tensión de esa olla a presión de la que hablé en el 2020.

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— Las organizaciones sociales del sur exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la liberación del expresidente Castillo y de la instalación de una asamblea constituyente, entre otros. ¿Puede el gobierno sentarse a conversar sobre la base de esos cuatro puntos?

No son viables, pero no significa que no se puede hablar de ellos, yo he tenido que hablar, como viceministro de Gobernanza Territorial de muchos temas que no podían ser viables inicialmente, pero lo principal es que trascendamos esos temas que son la agenda de ahorita y que entremos a la reforma de mediano plazo que cambie al Estado. Y tú me dirás “no se va a poder en el sur andino, inmediatamente”, y yo te respondo que no es tan cierto, porque parte del trabajo que estamos haciendo es buscar organizaciones sociales que estén dispuestas a entrar al diálogo. Y te puedes sorprender que hay más de las que tú crees. Y si no podemos hacerlo con el sur andino, empezaremos con las del norte, la costa sur, el centro y en algún momento los ciudadanos del sur van a incorporarse si sienten que es un diálogo serio y territorial, que escuche a la gente. Tenemos una deuda de escucha a nuestra gente.

El Perú es un país históricamente centralista y nuestra población nos está diciendo “nos vendieron el milagro del desarrollo peruano, ¿y nosotros?”. Hay que incorporarlos, escuchar y convertir eso en decisiones y creo que el Acuerdo Nacional nos puede ayudar para hacer esa bisagra entre diálogos territoriales y el centro de decisiones, que si este Congreso no lo oye será el siguiente, pero si no cambiamos el Perú va a ser cada vez un país más difícil de convivir.

— ¿Al diálogo van a llamar a la izquierda y a las organizaciones del sur que piden la renuncia de Boluarte?

Todos irán incorporándose poco a poco, cuando he hecho la consulta a algunas organizaciones del sur al comienzo me dijeron que no, pero después se han dado cuenta que es mejor sentarnos y que planteen su manera de entender la situación. Al comienzo no estarán todos, pero la puerta está abierta y como no estamos pensando en un proceso, en un diálogo para la foto, de un mes, sino de un proceso que creo yo va a abarcar los 18 meses del gobierno, poco a poco van a ir incorporándose. No tenemos que comenzar en los 24 departamentos a la vez, sino donde los gobernadores estén dispuestos a liderar, o algún obispo pueda acompañar y las ONG nos ayuden con la ingeniería del diálogo.

Si el diálogo es nacional y descentralizado, también tiene que ser inclusivo, la finalidad es incluir a los peruanos que sienten que en más de 200 años de República no se les ha respondido, y esos son los peruanos que hace la masa de las protestas, no son los que queman, la masa representa a los peruanos que demandan inclusión.

— La presidenta Boluarte afirmó que no se puede poner toda la responsabilidad de las 28 muertes en las protestas al Ejecutivo. ¿Ha faltado autocrítica?

Ya te expliqué cuáles son los tres vectores con los que el Ejecutivo está tratando de responder a ese enorme costo, la señora presidenta también ha hablado de ellos. El primero es la CIDH, que todavía no tiene un informe, esperemos el informe público; otro es la comisión de apoyo solidario que ya se instaló y va a tratar de acompañar a las familias, y lo tercero es dejarle la investigación al Ministerio Público, pero también instar a esta institución a que los resultados sean céleres, porque si se demoran un montón de año, la gente va a sentir que no hay respuesta.

¿Cuál es el papel del gobierno frente a eso? En una democracia con separación de poderes es asegurarle al Ministerio Público los instrumentos para que puedan dar resultados céleres. Por ahora, esos son los tres vectores de respuesta.

— Un sector del Congreso cuestiona que la presidenta Boluarte haya removido a Juan Carlos Liendo de la jefatura de la DINI. ¿Qué motivó este cambio a un día de la reactivación de las protestas?

No es un asunto de lo que voy a declarar. Ya se tomó una decisión de remover al señor Liendo. La DINI depende de la PCM y por más que yo pueda intervenir en las decisiones, no voy a declarar sobre el asunto.

— ¿Cómo recibieron la Presidencia de la República? Hubo muchos cuestionamientos sobre el manejo administrativo de parte de la gestión Castillo.

La respuesta sobre cómo encontramos esto [la Presidencia] es la reestructuración del Despacho Presidencial, es un despacho que en su organización es un poco vulnerable, depende mucho de la perspectiva de a quién le toca ser presidente, y creo que necesitamos una institución más predecible y fortalecida. Y a eso responde la reestructuración. Si la presidenta puede dejar como legado la recuperación de la capacidad del desempeño del Estado, una agenda de reformas, no solo reformas políticas, en las que nos hemos enfrascado, sino de relanzamiento de la descentralización, una que le sirva a la gente, una reforma de la gestión pública para que el Estado sea más fluido y un Despacho Presidencial fortalecido, ya es un avance enorme en 18 meses.

— Precisamente, Boluarte ha anunciado la reorganización del Despacho Presidencial. ¿En qué consiste? ¿Y en cuánto tiempo se hará?

Se ha nombrado por decreto supremo una comisión, es una donde hay funcionarios de PCM que tienen responsabilidad en el tema y hay personas externas, es una comisión ad honorem y tienen que emitir un informe de lineamientos en 15 días útiles. Entre el 15 y 20 de enero van a emitir un informe con recomendaciones. Y lo que va a venir probablemente de ahí es producir los instrumentos normativos que permitan concretar esos lineamientos. Están entrevistando a muchos funcionarios, yo he tenido una reunión muy larga con ellos el 2 de enero.

El Despacho Presidencial debe ser una institución que esté más allá de los avatares políticos y ojalá que la presidenta Boluarte pueda dejar ese legado al siguiente mandatario: un Despacho Presidencial moderno, fortalecido institucionalmente y que constituya un mejor marco para apoyar a los presidentes.

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— ¿Cómo visualiza el final del gobierno de Boluarte, si es que el Congreso aprueba, en segunda votación, que el traspaso del poder se dé en julio de 2024?

Creo que va a depender mucho del clima de discusión que se arme de esa agenda futura. Yo creo que reformas más complejas, como la del relanzamiento de la descentralización y la definición de distritos electorales más pequeños, donde se necesita reestudiar el mapa del Perú, no se van a poder resolver con este Congreso tan partido y en el clima en el que estamos. Pero eso no significa que no podamos discutirlo. Y si al final de los 18 meses podemos dejar una agenda que haya sido discutida con el país, si hacemos ese aporte, bacán. Ojalá que durante estos 18 meses podamos desencadenar una discusión pública sobre qué Estado queremos para el Perú, porque lo que es claro es que el Estado que hemos tenido no ha sido el instrumento para el desarrollo de todos los peruanos y peruanas.