Responsables de ataques a propiedad pública y privada pueden ser investigados por presuntos disturbios, según penalistas

Trece sedes del Poder Judicial fueron atacadas durante las protestas que empezaron tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y asunción de Dina Boluarte a la Presidencia de la República. Estos recintos se ubicaban en las regiones Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno.

El último miércoles, la sede ubicada en Macusani (Puno) también fue vandalizada. En esta jornada se reportó la muerte de una ciudadana debido al impacto de un proyectil de arma de fuego, según informó el Hospital San Martín de Porres.

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Adicionalmente, comisarías de Macusani, Andahuaylas, Chinchero, Arequipa, Tacna y Huamanga también fueron afectadas desde el inicio de las manifestaciones en el país.

De otro lado, el último jueves personas intentaron tomar el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa. Producto de la violencia desatada, un ciudadano identificado como Jhancarlo Condori Arcana (30) murió por el impacto de una bala en el abdomen.

Esta última semana, un grupo de personas incendió la vivienda del hermano del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani. El domicilio fue afectado luego de que se lanzaron piedras y carrizos prendidos al interior. Días anteriores, incendiaron en Puno la casa del congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), ubicada en el distrito de Ilave. Similar situación ocurrió con la vivienda del legislador Eduardo Salhuana (Alianza para el Progeso). Durante el pleno del pasado jueves 12 dijo que una turba había atacado su domicilio en Puerto Maldonado (Madre de Dios).

La presidenta Boluarte dijo la noche del jueves que no quedarán impunes los actos de violencia durante las manifestaciones que ocurren en contra de su gobierno y el Congreso. “[...] estamos individualizando a estos malos cuidadanos que generan actos de violencia”, declaró Boluarte. Añadió que de manera “premeditada” han querido tomar tres aeropuertos del país.

El penalista Andy Carrion dijo a El Comercio que se tiene que iniciar una investigación e identificarse los bienes públicos y privados que han sido dañados durante las protestas.

Aunque puede existir como primera dificultad la individualización de quiénes habrían causado estos hechos, como destrozos o incendios. Para ello, se requerirán videos o testigos que pueden ayudar en las investigaciones.

Sin embargo, aunque de primer momento no existan estos indicios, “lo que hace la fiscalía en estos casos es abrir una investigación por disturbios contra los que resulten responsables. Que se vaya identificado. No es necesario que se tenga el nombre y apellido de los que han participado; tambien hay videos y fotos”, comentó Carrión. Esto no impide a que luego se pueda ampliar la investigación contra otras personas que resulten responsables.

El abogado recordó que, por ejemplo, en el caso de Walter Aduviri, quien fue sentenciado por el ‘aymarazo’ por el delito de disturbios. “Él no estuvo presente, pero lo condenaron por instigación. Entonces, no solo se circunscribe a quienes han participado, sino quienes han instigado a cometer esos hechos”, añadió.

Respecto al presunto delito por el que podrían ser investigados quienes atentaron contra estas dependencias, Carrión indicó que sería el de disturbios. Al respecto, el Código Penal establece en su artículo 315 que “el que en una reunión tumultuaria atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”.

Se detalla también que constituyen como agravantes si en estos actos el agente utiliza indebidamente prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. En estos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de 10 años. De otro lado, si el atentado contra la integridad física de las personas causa lesiones graves, los responsables serán reprimidos con no menos de ocho años a 12 años de cárcel. Mientras que si el atentado contra la integridad física de las personas causa la muerte, se reprimirá con no menos de 15 años de pena privativa de la libertad.

Finalmente, debido a que se reportó la muerte de dos personas en el contexto de los últimos dos ataques en Puno y Arequipa, Carrión comentó que estas consecuencias deben ser también investigadas. “Se puede, dentro de una invetsigacion, abrir por disturbios y por otro lado por el delito de homicidios. En este ultimo caso de homicido calificado. Lo ideal sería [abrir] dos carpetas distintas. En el caso de homicio tambien se puede hacer contra quienes resulten responsables si no se tiene individualizado al responsable”, indicó.

De otro lado, la penalista Fernanda Bobadilla coincidió en que es importante determinar a los responsables de la generación de los daños en las diferentes dependencias privadas y públicas. Reiteró que, en este caso, debería iniciarse la indagación por el presunto delito de disturbios.

“El derecho a la protesta está reconocido en la Constitución, pero el derecho debe ejercerse de forma pacífica. Si se comprueba que son civiles quienes ocasionaron los daños sin ningún motivo, estaríamos ante la comisión del delito de disturbios”, comentó Bobadilla.

La penalista del Estudio Linares agregó que estos hechos merecen una investigación debido a que, hasta el momento, no se ha identificado a los responsables. “Para que una investigación penal inicie basta con que se compruebe que se cometió un delito, pero la investigación individualizará [a los responsables]”, agregó Bobadilla. Finalmente, indicó que estas indagaciones que puedan ser abiertas debe ser por cada una de las afectaciones registradas.