Vladimir Cerrón: Poder Judicial rechaza en segunda instancia pedido de prisión preventiva en su contra

El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la comparecencia con restricciones que se dictó contra Vladimir Cerrón, y rechazó el pedido que hizo la fiscalía para dictar prisión preventiva contra el investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional respaldó la decisión tomada en primera instancia el 25 de noviembre del 2022 por el Sexto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, en el que se rechazó el pedido de prisión preventiva por supuestamente haber presionado a testigos del caso y haber obstaculizado diligencias.

Entre los principales argumentos de la resolución firmada por los tres magistrados de la sala, Cerrón Rojas no incurrió en ninguna conducta que haya podido ser confirmada por el Ministerio Público que pueda ser considerada como riesgo procesal.

“No se advierte en la conducta del investigado un actuar sin poseer razón legal ni el ejercicio de un interés jurídico sin fundamento alguno, abusando de esa forma del derecho tanto en el desarrollo del litigio, o en la condición subjetiva de los actos”, explica el documento.

Los jueces advierten que la fiscalía no incluyó alguna prueba o corroboración de los dichos de los testigos protegidos que aseguraron que Vladimir Cerrón había contactado a otros colaboradores con el objetivo de amedrentarlos y así evitar testimonios en su contra.

“No ha presentado garantías [enlace o conexión entre la aserción, los elementos probatorios y la conclusión] que permitan evaluar la validez de su línea argumental, dado que no presenta enunciados sobre el enlace entre la versión del testigo protegido y la conclusión de existencia de riesgo obstruccionista”, evalúa la sala.

Por último, rechazan que se pueda tomar en cuenta un riesgo de fuga por parte de Vladimir Cerrón, ya que el Ministerio Público dijo que pedir reprogramación de diligencias fiscales puede afectar las investigaciones. Esto, para el Poder Judicial, no ha podido ser corroborado como un acto que favorezca al investigado o facilite su posible huida.