Pedro Chávarry: congresistas denuncian nuevo blindaje en subcomisión

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que dirige el acciopopulista Luis Roel Alva, decidió continuar con el trámite de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry por la irrupción en oficinas del Ministerio Público que fueron lacradas a inicios del año pasado.

No obstante, la medida contempla que el proceso a Chávarry parta desde el punto en el que fue dejado por el Congreso disuelto en setiembre último. Es decir, solamente por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años. Se desestimó un pedido para revisar las decisiones del periodo anterior que lo favorecieron.

El acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue calificada como un “blindaje” por Gino Costa (Partido Morado) y por la bancada del Frente Amplio.

La anterior Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que era dirigida por el fujimorista César Segura, mandó al archivo en junio de 2019, con solamente los votos de Fuerza Popular, dos extremos de la denuncia constitucional de Ávalos: las imputaciones al exfiscal de la Nación por encubrimiento personal y encubrimiento real.

El principal argumento, en ese momento, fue que una denuncia del Frente Amplio que comprendía los mismos delitos fue declarada improcedente dos meses antes.

El inciso M del artículo 89 del reglamento del Congreso establece que “las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia”.

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Al inicio de la sesión, Roel planteó que el ponente de este proceso sea el congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú).

Tras ello, el parlamentario Gino Costa (Partido Morado) interpuso una cuestión previa, con el objetivo de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revise los informes de calificación hechos por el anterior grupo.

“Usted [dirigiéndose a Roel Alva] nos propone que aceptemos la decisión que archiva el encubrimiento real y el encubrimiento personal, no es una buena decisión […] No se puede permitir hacer nuestra una decisión de la subcomisión anterior que estuvo destinada a proteger y favorecer a Chávarry, cometeríamos un grave error”, refirió.

Roel Alva replicó indicando que Aliaga, como ponente del caso, podría revisar los actuados del expediente si encontraba que algún extremo de la denuncia de Ávalos había sido “mal archivado”. Agregó que el congresista de Somos Perú tendría la potestad de ampliar el procedimiento.

Sin embargo, el legislador Carlos Almerí (Podemos Perú) aclaró que lo expresado por el acciopopulista “está fuera del reglamento”. “Acá nadie puede volver a hacer una calificación, porque se estaría vulnerando el debido proceso”.

Este argumento fue respaldado por la fujimorista Martha Chávez, quien le solicitó a Roel Alva enfocar la agenda del grupo en las denuncias constitucionales que hayan ingresado a partir del 16 de marzo último, cuando se instaló el actual Congreso.

Gino Costa y Frente Amplio denuncian blindaje

Costa, minutos antes de que se realice la votación, tomó nuevamente la palabra para indicarle a Roel Alva que estaba exponiendo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al “repudio ciudadano”, al no permitir que la calificación “arbitraria” de la denuncia de Ávalos a Chávarry sea revisada.

El congresista de Acción Popular rechazó algún tipo de blindaje a favor del fiscal supremo, que ha sido vinculado a la organización criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Rechazo que quiera advertir que en mi gestión se va a dar blindaje, voy a enfrentarme a cualquier forma de obstrucción a la justicia, y a la corrupción, esa no solo es mi posición, sino la de Acción Popular y la de mi legado familiar. Me he sentido ofendido, porque lo que mencionas [da a entender] que esta gestión fuera la continuación de la anterior, lo cual deslindo totalmente”, remarcó Roel Alva.

La cuestión previa planteada por Costa fue rechazada por nueve votos, entre los cuales estuvieron los de las bancadas de Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Fuerza Popular. Frepap y Unión por el Perú optaron por la abstención, mientras que solo el Partido Morado y Frente Amplio se pronunciaron a favor de la revisión.

El debate, en los siguientes minutos, pasó a Twitter, donde Costa advirtió que el Parlamento mantiene el blindaje a Chávarry.

“Llegamos para acabar con los blindajes a Los Cuellos Blancos del Puerto, no a confirmarlos”, escribió.

Roel Alva respondió, en la misma red social, que lamentaba que Costa, con la experiencia que tiene, desconozca que el reglamento del Congreso no permite ejecutar la acción que él demandaba. “Invoco al Partido Morado y/o a cualquier ciudadano a que presente la denuncia contra el Sr. Chávarry hoy mismo, la cual acorde a los criterios de priorización será debidamente trabajada e impulsada”, agregó.

El congresista José Luis Ancalle (Frente Amplio) cuestionó la decisión adoptada: “¡El colmo! La mayoría de congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió hoy mantener el blindaje a Pedro Chávarry. Por si fuera poco, aceptaron dar trámite la denuncia contra fiscal supremo Pablo Sánchez, que es quien investiga a los corruptos Cuellos Blancos”.

Ancalle votó junto a Costa a favor de revisar la calificación de la denuncia constitucional de Ávalos a Chávarry.

“Rechazamos la decisión de Acusaciones Constitucionales de insistir con el blindaje a Pedro Chávarrry e intentar bloquear las investigaciones a los “Cuellos Blancos” admitiendo denuncia constitucional de la ex fujimorista Yeni Vilcatoma contra Pablo Sánchez”, escribió posteriormente la bancada del Frente Amplio.

Aliaga, tercer vicepresidente del Parlamento, fue designado como ponente de esta causa.

Más información

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también aprobó dar curso a otras dos denuncias heredadas por el Parlamento anterior. La primera es la presentada en noviembre de 2017 por la entonces congresista Yeni Vilcatoma contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez por el nombramiento de Hamilton Castro como coordinador del equipo especial Lava Jato. El grupo eligió como ponente de esta causa a la congresista María Gallardo (Podemos Perú).

Y la otra es una denuncia ciudadana contra los exintegrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, Iván Noguera Ramos, Hebert Marcelo Cubas, Julio Gutiérrez Pebe, Baltazar Morales Parraguez y Pablo Talavera Elguera. El ponente de este informe será Carlos Pérez (Acción Popular).

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