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El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, respondió este jueves ante el Congreso un pliego interpelatorio de 21 preguntas sobre el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron la fiscalía y la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato con la empresa Odebrecht, aún pendiente de control de legalidad por parte del Poder Judicial.
Vicente Zeballos basó sus respuestas en tres premisas. Estas fueron la autonomía del procurador en el desempeño de sus funciones, la confidencialidad del acuerdo de colaboración y el amparo en la Ley 30737 y su reglamento para fijar el monto de la reparación civil que pagará la empresa brasileña, de S/610 millones.
Para este viernes estaba programado que el pleno reinicie su sesión a las 9 a.m., pero finalmente se suspendió hasta las 11 a.m. por falta de quórum, llamado de atención que el titular de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, hizo en dos ocasiones. Finalmente, sí hubo quórum a la nueva hora fijada.
—INFORMACIÓN PREVIA—
El ministro respaldó la labor del procurador Jorge Ramírez. Señaló que este fue convocado por el Ministerio Público después de que se definiera en qué casos colaborará Odebrecht y qué beneficios recibirá.
La procuraduría –dijo Zeballos– “participa al final de la etapa de corroboración, cuando ya fueron determinados los casos”.
“Existe una confusión [en el Congreso] entre las funciones de la procuraduría ad hoc y el Ministerio Público con relación al proceso de colaboración eficaz”, aseguró.
El acuerdo de colaboración eficaz en cuestión abarca los proyectos Vía de Evitamiento de Cusco, la Costa Verde tramo Callao, el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2), en los que Odebrecht otorga pruebas sobre hechos delictivos.
Además consigna que el monto de reparación civil de S/610 millones será pagado en 15 cuotas anuales, a partir de este año.
Al ser consultado por ese plazo, Vicente Zeballos dijo que la procuraduría ad hoc buscó “que sea viable en el tiempo” y que previamente realizó un análisis de los estados financieros de empresa brasileña.
Precisó que el procurador ad hoc define su estrategia para la defensa del Estado sin necesidad de consultar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
“El procurador permanentemente ha mostrado productividad y atención oportuna a los casos que se le han encargado”, dijo.
El presidente Martín Vizcarra respaldó a Zeballos y aseguró que tuvo una “presentación sólida”.
“Ha respondido con mucha solvencia las 21 preguntas en función de la capacidad que tenemos para responder como Ejecutivo a un proceso que está a cargo del Ministerio Público”, dijo.
También criticó la ausencia de congresistas en el debate que sucedió a la presentación de Vicente Zeballos.
Efectivamente, por momentos en el hemiciclo no se registró ni el 50% del total de parlamentarios.
—Enfrentados—
El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, fue el primero en tomar la palabra luego de la intervención del ministro.
No tardó en encender el debate al asegurar que el tema visto en la interpelación “es una grosera intromisión” del Congreso en labores que competen a la fiscalía, la procuraduría y el Poder Judicial.
“No podemos abusar del control político para hacer una cacería de brujas”, dijo.
Inmediatamente recibió respuesta de la congresista que impulsó la interpelación, Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular). Ella acusó al ministro Vicente Zeballos de mentir “al decir que el extremo de la reparación civil es confidencial”.
Agregó que “la derogatoria de la Ley 30737 es inminente” en el Congreso.
El respaldo a Vilcatoma llegó desde su bancada. Alejandra Aramayo aseguró que el acuerdo “es lesivo para los intereses del Estado” por considerar que los S/610 millones que pagará Odebrecht en 15 años no son suficientes.
En tanto, Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien presidió la Comisión Lava Jato, cuestionó que no se incluyera otros proyectos licitados a Odebrecht en los que habría indicios de hechos delictivos.
En respuesta a esas posturas, el vocero del Frente Amplio (FA), Humberto Morales, aseguró que “es ilegal intervenir en este tipo de acuerdos” de colaboración eficaz y pidió respetar la autonomía del Ministerio Público.
El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, pidió “dejar tranquila la Ley 30737” porque derogarla “sería funesto”. Agregó que “el país lo que quiere es conocer la verdad”.
El portavoz de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, acusó a un sector del Congreso de querer “tirarse abajo el acuerdo de colaboración”.
La sesión del pleno se inició minutos después de las 9 a.m. y se suspendió luego de casi 12 horas. El debate se reanudará hoy en la mañana. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que su bancada esperará que concluya la sesión para evaluar la intervención de Zeballos y luego sus miembros decidirán si amerita presentar una moción de censura.
—El caso de Toledo—
La última pregunta del pliego interpelatorio fue sobre el proceso de extradición al ex presidente Alejandro Toledo: “¿Cuál es la razón por la que no se ha designado a un abogado que represente al Estado en EE.UU.?
El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aseguró que, según las normas del sistema judicial de EE.UU., un fiscal de ese país es el encargado de representar los intereses del Estado Peruano.
Zeballos agregó que el pasado 2 de febrero se autorizó la contratación del estudio de abogados Foley-Hoag para que brinde asesoría en ese y otros casos de extradición.
