En 2017, la historia de Ana Álvarez y su hijo Anthony, un joven con epilepsia refractaria y esclerosis tuberosa, abrió el camino legal para la regularización del cannabis con fines medicinales.
Hace cinco años, Ana fue denunciada ante la Fiscalía luego de una intervención policial en la que decomisaron siete plantas de cannabis en un inmueble donde ella, junto con otras madres de la asociación Buscando Esperanza, producía aceite de esta planta para tratar a sus hijos, con distintas dolencias. El caso se archivó, pero sentó las bases de un largo debate que, en julio del 2021, dio como resultado la Ley 31312, la cual regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados.
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Con esta ley –a diferencia de su antecesora, la 30681– se aprobó la producción artesanal con cultivos asociativos. Sin embargo, Ana Álvarez nos dice que aún trabajan con el temor de perder sus libertades personales, debido a que no se ha publicado el reglamento de dicha ley, a pesar de que ya pasó más de un año desde que fue promulgada. Ella detalla un caso reciente: en agosto pasado, dos pacientes de la asociación El Jardín de María José fueron detenidas por la PNP cuando portaban sus insumos para producir aceite medicinal. “Nosotros aún seguimos siendo vulnerables”, comenta.
Situación similar fue la que vivió Ayde Farfán, madre de una joven de 21 años con epilepsia refractaria y directora de la asociación Mi Esperanza Brota de la Tierra. El año pasado su esposo fue detenido por la policía mientras llevaba nutrientes y semillas para los cultivos. Estuvo preso 15 días pero, como suele suceder en este tipo de procesos, ante la falta de evidencias de estar cometiendo un acto delictivo, lo dejaron en libertad. “Lamentablemente, todavía hay mucho estigma con esta planta. La falta de información hace que nos criminalicen”, se lamenta Ayde.
Los miembros de las asociaciones están a la espera de que la Dirección General de Medicamentos (Digemid) publique el reglamento de ley. “No somos ilegales, pero al no haber reglamento estamos en una situación de informalidad”, explica Álvarez.
Esta revista se comunicó con la Digemid para tratar el tema, pero nos informaron que no están brindando declaraciones al respecto. Desde su área de prensa nos dijeron que el proceso actualmente está siguiendo su curso en el Ministerio de Economía.
Los especialistas en derecho penal aclaran que ningún peruano puede ser sancionado por sembrar cannabis que no esté destinado a la comercialización. “En materia penal, la ley peruana no considera un acto ilegal el cultivo de cannabis para el propio consumo. Es absurdo sancionar a alguien que consume cannabis para el beneficio de su salud”, sostuvo José Ugaz, abogado y ex procurador anticorrupción, durante la conferencia “Cannabis y derecho penal”, organizada hace unos meses por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Los pacientes que pertenecen a las asociaciones deben estar inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios del Cannabis y sus Derivados para uso Medicinal y Terapéutico (Renpuc) y contar con una receta suscrita por su médico tratante. Asimismo, el representante legal y las personas vinculadas con la seguridad y manipulación del cannabis no deben contar con antecedentes policiales, penales ni judiciales por tráfico ilícito de drogas.
23.000
pacientes usuarios de cannabis estaban registrados en la Renpuc a inicios de este año, según la Dirección General de Medicamentos (Digemid).
41%
del total de usuarios registrados han comprado cannabis en boticas o farmacias con licencia para comercializar cannabinoides.
6.297
usuarios de cannabis son de regiones fuera de la capital del Perú, recoge el portal especializado Sativa Info.
1.097
médicos han prescrito cannabis para uso medicinal a través de recetas, como indica la normativa vigente.
“Las asociaciones funcionamos sin fines de lucro. Únicamente solicitamos una cuota mensual, la cual depende de la dosis que el médico le prescriba a su paciente”, nos cuenta Arturo Aranda, fundador de la asociación Green Way Perú. “Por ejemplo, si tu cuota es de 50 soles y te corresponde un metro cuadrado de cultivo, todo lo que se produzca en ese metro cuadrado te pertenece. Es tu parte como socio. La cuota ayuda a solventar los gastos de mantenimiento y producción”.
Arturo es paciente cannábico debido a un dolor crónico en la columna, de origen neurológico, que lo afecta desde los 15 años. En 2021 decidió fundar su propia asociación, previa inscripción en registros públicos. Actualmente dispensa aceite medicinal a una veintena de personas que, como él, sufren de color crónico a causa de distintas enfermedades, como artritis reumatoide o fibromialgia.
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El taller donde cultiva las plantas y produce el aceite parece un pequeño laboratorio. Cuenta con prensas para la extracción de la resina de cannabis (que luego se trasformará en aceite), pipetas, recipientes, aparatos de refrigeración y todos los elementos necesarios para que el producto final pueda pasar el control de calidad del Instituto Nacional de Salud (INS).
“Una vez emitida la receta, el paciente comienza su búsqueda de dónde conseguir su medicina. Por su precio accesible, recomiendo la farmacia de la Digemid, pero hasta un 70% de pacientes me dicen que se les dificulta conseguir allí el producto, básicamente por un tema de escasez o control, ya que a veces no les quieren vender más de cuatro frascos, a pesar de contar con receta. Entonces, muchos de ellos encuentran una alternativa en las asociaciones”, comenta el doctor José Francisco Ramírez, de la clínica Cannavital.
Par el especialista, la regulación del uso de cannabis para fines médicos en el país va por buen camino, pero aún falta un largo trecho por recorrer, aun con la publicación del reglamento de ley. “Toda norma siempre es perfectible. Solo esperamos que esta se establezca pensando en los pacientes y no nos termine decepcionando”, concluye. //
El problema fundamental es que se cree que el cannabis es más un negocio que un derecho. En ese sentido, una persona en el Perú es libre de cultivar, siempre y cuando sea para su consumo.
En términos penales, lo que se castiga es lucrar con la planta y sus derivados. En esos casos, las penas van de 8 a 15 años de cárcel.
Una asociación, en cambio, está muy apartada de ello. La falta de reglamento no les quita legalidad a sus cultivos.
Lamentablemente, si incumples con alguna norma administrativa, la policía te criminaliza. Esta situación, como hemos visto, no va a cambiar con una ley, sino educando a la sociedad y a las autoridades para que se libren de sus prejuicios.