Rebrote de inseguridad ciudadana: ¿Portar armas es realmente la solución?

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A raíz de hechos similares, López y un grupo de portadores de armas decidieron formar la Cámara Peruana de Seguridad, CAPESEC, cuyo principal objetivo es brindar apoyo legal a las personas que pasan por una situación similar y deben enfrentar las consecuencias de haber acabado con la vida de otra persona en una acción reconocida como defensa propia. “Éramos seis en ese momento y ahora somos cerca de mil, todos portadores legales de armas de fuego”, agrega López, actual presidente de la asociación desde su 1,94 de estatura.

En la entrevista que Eduardo López me da en un parque cercano a su domicilio, lo acompañan otros dos integrantes del colectivo armado. Uno de ellos lleva chaleco antibalas y una sortija decorada con una calavera, un símbolo de la muerte. “La uso porque soy metalero desde el colegio y porque la muerte estuvo cerca de mí también”, me dice. Su nombre es Aldo Bahamonde y es el vicepresidente de CAPESEC. En diciembre del 2013, un par de delincuentes armados irrumpió en su domicilio mientras su hermano ingresaba en su auto. En el intento de que los intrusos no suban al segundo piso, Aldo realizó disparos al aire y luego contra uno de los sujetos, que falleció. Pasaron casi seis meses, señala, para que se archive el caso. Y un año y medio para que le devuelvan su arma. “Las autoridades nos tratan como delincuentes, así tengamos licencia. Muchos policías abusan para sacar dinero o quedarse con nuestras armas. Luego los fiscales nos quieren meter presos. Pero a los ‘choros’ nadie los persigue. Por eso nosotros tenemos que andar precavidos, usar chalecos antibalas”, dice en referencia a las represalias que suelen acompañar a estas acciones.

Esa experiencia lo marcó tanto que Bahamonde abrió una empresa de asesoría en seguridad de legítima defensa. Una de sus tareas es prevenir a la gente que quiere usar armas. Algunos se desaniman por las consecuencias que puede traer. Otros siguen adelante porque son dueños de empresas y sienten que la policía no es suficiente. “Se nos ponen trabas para que la gente no se arme. Pero no se hace nada contra la armas ilegales de la delincuencia”, agrega.

Eduardo López asegura que el estado de emergencia los ha puesto en incertidumbre, mientras que el delito vuelve con fuerza. “Hemos solicitado a Sucamec una apreciación real para saber si es que en esta situación se puede legalmente portar un arma en la calle. Pero no nos da respuestas claras. Lo real es que cada día se le hace más difícil a un portador legal poder renovar y tener un arma en la calle. Sucamec señala que ha cancelado 250 mil licencias; creen que cancelando licencias ellos han ganado un partido. Creen que así habrá menos delincuencia. No se acaba”.

Saber usar un arma requiere constante entrenamiento. No cualquiera debería poder usar una. Hasta los portadores más expertos deben entrenar con regularidad. Ante la presencia de un arma, los delincuentes armados pueden atacar con mayor violencia. Por otro lado, es más probable que una persona que sufre de depresión e impulsos suicidas recurra a un arma si fuera portador. Tampoco se puede ocultar que en los hogares donde hay violencia doméstica y existe un arma es más probable que el agresor la use para amenazar. Sin contar que siempre hay un riesgo de manipulación accidental por integrantes de la familia no entrenados, con consecuencias fatales.

LA BALA DE PLATA: EL SISTEMA JUDICIAL

Francisco Arce es otro miembro fundador de CAPESEC. Empezó a portar un arma desde que un delincuente empezara a seguir, en pleno desierto, a un auto de la empresa donde trabajaba. Esa vez el sujeto fue ahuyentado pero un día del 2011 lo encañonaron a la salida de su trabajo en San Isidro. Cuando les dio todo lo valioso que traía consigo, asegura que uno de los sujetos se disponía a acabar con su vida. Fue entonces que Arce sacó rápidamente su arma y disparó. “No le iba a preguntar antes si quería matarme o no. Era mi vida la que estaba en juego”. “Hay todo un sistema legal y judicial que no funciona, no cumple con la disuasión del delito, que es su función”. El grupo apuesta por la modificación de la Ley 30299. Aseguran que hay varios ítems imprecisos y que no favorecen a personas que quieren proteger su seguridad pero que tienen alguna denuncia. Con su asesoría gratuita, los miembros de CAPESEC han logrado el archivamiento de 15 denuncias. A la fecha, tiene 10 casos pendientes. //

LA OPINIÓN

José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior

¿Qué hacer para no ser otro Estados Unidos u otro Brasil, donde ahora las más altas autoridades promueven el uso de armas? Primero, la Sucamec debe evaluar bien a quién se otorga el permiso. Segundo, que los jueces entiendan la verdadera dimensión de lo que es defensa propia. Más aún con gente que tiene licencia. Tercero, una mayor actuación de la policía para evitar esas situaciones. Cuarto, una conciencia ciudadana para prevenir y no esperar los momentos de peligro. Ahora todos somos víctimas potenciales de la delincuencia. Ya no necesitas ser banquero ni empresario: vivas donde vivas, eres una víctima potencial. Y ahora el 99% de los raqueteros están armados.

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