Gobernabilidad con calidad

Las recientes protestas de la juventud contra la promulgación de la ley conocida como  ‘ley pulpín’ muestran que una buena gestión, para implementar una política pública –si la tuviera el gobierno de turno– debe adoptar decisiones
legales y legítimas.

Lo primero significa que la decisión tiene que estar en el marco de la Constitución y la ley; y lo segundo, que la decisión debe ser aceptada por la mayoría de la población porque considera que la beneficia y que favorece el desarrollo del país.

La legalidad y la ilegitimidad son las caras de una misma moneda: sin legalidad no hay obligatoriedad para el cumplimiento de una decisión y sin legitimidad la decisión tiende a fracasar al merecer el rechazo de la población.

Para implementar una política pública, el diagnóstico debe garantizar primero la legitimidad para luego dictar la norma jurídica. Es decir, cuando hay garantía de que la decisión política cuenta con el respaldo de la población, se debe promulgar
la ley.

Si no hay legitimidad, por más que haya legalidad, el impacto social de la decisión la convierte en prepotente y abusiva. La trascendencia social de una decisión gubernamental está más en la legitimidad que en la legalidad.

La promulgación de la ley de trabajo juvenil le ha creado al gobierno, innecesariamente, un problema político. El sector de la economía informal
donde se concentra el mayor porcentaje de los jóvenes que trabajan, no necesita
de ninguna ley para establecer sus relaciones laborales con este sector de la población.

En el sector de la economía formal, las empresas necesitan jóvenes calificados, por tanto cumplen con la ley. Mal harían estos empresarios en quitarles
beneficios a los trabajadores con el riesgo de perder a los jóvenes
calificados.

Por lo tanto, la norma laboral juvenil tendrá muy poco impacto en la economía nacional.  Si el gobierno quiere favorecer a los jóvenes, mucho mejor hubiera sido si se dictaba una ley para que, independientemente del sector formal o informal,
todos los trabajadores tengan seguro social y luego avanzar a otros benefi cios sociales.

Esto conduciría hacia la ampliación de la formalización de nuestra economía.
Una decisión política de este tipo sería legal y legítima, pues merecería la aprobación y el apoyo de toda la población.

Gobernabilidad con calidad signifi ca fortalecer la estructura jurídica del Estado para mejorar la calidad de vida de los amplios sectores de la población; y no para el beneficio de unos pocos y la precarización de la mayoría.