Para tener muy en cuenta

En los últimos años el Perú ha sido considerado el primer productor mundial de cocaína y de hoja de coca. Este hecho, implica la existencia de una penetración del poder del narcotráfico en el tejido social y en las instituciones del Estado. Este proceso de infiltración y presencia del narcotráfico en la vida social y pública muestra su cara diariamente en las altas tasas de violencia social y delincuencial, así como en la aparición de vinculaciones de estas mafias con los políticos a nivel nacional, regional y local.

No están tan lejos los días en que se descubrió una carga de cocaína en el avión del ex-presidente Fujimori, o que el famoso narco apodado el Vaticano denunciara públicamente el pago de cupos a Vladimiro Montesinos. También, podríamos citar las declaraciones de Nils Ericsson, ex presidente de Devida (organismo que lucha contra las drogas), quien en el 2005 aseguró que este flagelo se encuentra extendido en varias entidades públicas del Estado e incluso dijo que podría haberse infiltrado en su propio despacho.

Todos sabemos de la presencia de estos carteles o mafias en varias de nuestras instituciones tutelares de la patria, sin conocer medidas efectivas para combatirlo. Hay que resaltar, sin embargo, que este problema nacional no ha sido causado por este gobierno, sino que ha ido creciendo a través de varias administraciones desde hace décadas.

Los tiroteos entre bandas de mafiosos ya no tienen fronteras, y se vienen dando de manera creciente en todos los distritos de Lima y provincias. En Lima, ni los distritos más custodiados como San Isidro o Miraflores, han podido evitar estas balaceras en plena vía pública o los asaltos a renombrados restaurantes.

Enfrentar este grave problema es una tarea que ningún partido político solo puede emprender con posibilidades de éxito. Es necesario establecer una política de Estado, aprobada y respaldada por el conjunto de las fuerzas políticas del país.

Nuestros congresistas tienen la oportunidad de reivindicarse con sus representados y aprobar las reformas electorales y políticas que permitan colocar filtros y candados para que el narcotráfico no pueda inscribir candidatos a cargos políticos de gobierno o seguir financiando algunas campañas electorales. El año pasado, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) informó que identificó a 115 candidatos que tendrían antecedentes relacionados al narcotráfico, y la cifra podría ser mayor.

Nuestros legisladores tienen la enorme responsabilidad política de tomar eficaces medidas para impedir las candidaturas y la financiación de las campañas electorales por parte de los diversos grupos ilegales y de narcos que operan en nuestro país. A la fecha, el Congreso no ha aprobado aún ninguna ley severa y de resultados visibles. Dudan los congresistas ante el clamor popular de aprobar leyes como la de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, la financiación de los partidos políticos, la obligatoriedad de los candidatos de presentar sus hojas de vida (con sus ingresos, propiedades y rentas) o la prohibición de postular a cargos públicos de personas condenadas por algún delito.

Fotos: archivo El Comercio/ Perú 21