Salud financiera de bancos en riesgo por iniciativas de Congreso

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Esta vez, el grupo parlamentario propone una moratoria que no solo exime a los deudores de los intereses adicionales y de cualquier penalidad, sino, de los intereses compensatorios, aquellos por el que la entidad financiera está dispuesta a prestarle a un determinado cliente.

Sin embargo, la cereza del pastel en este nuevo predictamen es el trato inequitativo que la legislación del Congreso pretende brindar a los clientes de las cajas y entidades no bancarias, que violaría el artículo 2 de la Carta Magna y el artículo 1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referida a los derechos de los usuarios.

Y es que la iniciativa propone un periodo de gracia por 90 días a los pagos de los créditos de consumo, de todas las tarjetas de crédito que permitan la disposición de efectivo y compras, así como de las hipotecas, pero únicamente a las personas deudoras de los bancos.

De esta manera, el Congreso aleja de su ámbito de legislación a los clientes de las financieras, cajas municipales, cajas rurales, Edpymes y socios de las cooperativas de ahorro y crédito, que también pueden haber sido víctimas de los embates del COVID-19. Más aún pone en ventaja a los bancos frente al resto de entidades del sistema al ofrecerles beneficios exclusivos a los usuarios.

“La medida es discriminatoria porque el cliente de un banco resultaría favorecido frente otro que tiene el mismo producto crediticio en una caja rural, porque en esta última sí tiene que pagar la deuda”, precisa a Día1 Rolando Castellares, experto en derecho bancario.

ARGUMENTOS DE LO ABSURDO

Los argumentos del presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna, para defender los contenidos del nuevo predictamen y retroceder con el inicial son las advertencias del Banco Central de Reserva (BCR) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Ambas entidades concluyen que las moratorias generalizadas causan daños a las entidades financieras, al ocasionar que salgan del mercado con la consiguiente pérdida de los depósitos del público. A ello se suma el riesgo de un pánico financiero, la desconfianza sobre el sistema y una reducción de la oferta de servicios financieros.

“La propuesta [advertencia] del presidente del BCR, que obviamente todos respetamos y tenemos clara, ha sido en base al primer dictamen que tuvimos, en el cual incluíamos a todas las microfinancieras y no solo a los bancos. Y nos dijo muy claro que podrían haber quiebras de pequeñas microfinancieras y de pequeñas cajas como Caja Paita, que estaban ya en quiebra y podrían con eso [la moratoria] completar su cierre y afectar al sistema financiero (SIC)”, confesó Luna a RPP.

Pese a ello, el nuevo predictamen vuelve hacerse en base a los proyectos 5022, de autoría de la congresista Martina Gallardo, perteneciente a la bancada de Luna, y el 5236 del parlamentario Luis Valdez, de Alianza por el Progreso. Pero solo comprende a los bancos porque según Luna, en el primer mes y medio de la cuarentena aumentaron sus ingresos y reportan utilidades.

La situación, sin embargo, no es igual para todos. Entre enero y mayo, el Banco Azteca y el Banco Falabella reportaron pérdidas. Incluso, el Banco de Crédito, que lidera el negocio de créditos y ahorros, redujo sus ganancias en 53% en mayo respecto a similar periodo del 2019.

“Ninguna institución está exenta de quiebras”, manifiesta Sergio Barboza, socio de DLA Piper Perú.

En segundo lugar, no se sabe con exactitud cuál será la magnitud del deterioro que experimentará el sistema financiero con la pandemia. Por ejemplo, el año pasado la SBS determinó que, en un eventual escenario en que la economía se contrajera en 1%, la rentabilidad patrimonial del sistema financiero podría caer hasta a 2%. Sin embargo, los pronósticos sobre la economía apuntan a una contracción del 14%, con lo que el deterioro podría ser peor.

OTROS PROBLEMAS

Además, las reprogramaciones del Congreso presentan otros problemas como la duplicidad de esfuerzos en el Estado, porque estas ya fueron reguladas por la SBS. A principios de junio, el plazo máximo de las reprogramaciones se amplió de seis a doce meses, es decir, cuatro veces más de lo que plantea el Parlamento.

Incluso, las cajas municipales ya han reprogramado los créditos del 73% de su cartera y los bancos han reprogramado el 54% de los créditos de consumo, el 54% de los créditos a las pequeñas y microempresas y 21% de los préstamos de las corporaciones, grandes y medianas empresas, según sus gremios.

Otro problema no menor es el riesgo moral que generan en el comportamiento de los clientes. A decir de Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, la norma desincentiva el cumplimiento de pago, porque genera en los deudores la expectativa que pueden beneficiarse de una eventual moratoria.

Así, hay una serie de problemas de diseño en las iniciativas del Congreso, que incluso no son necesarias porque ya fueron dadas. Lo único que demuestran los padres de la patria al insistir con estas es su desconocimiento sobre la operatividad del sistema, que no es menor si se considera que se requiere de sus esfuerzos para aumentar la inclusión financiera.

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