En medio de la creciente ola de criminalidad, el alcance del mercado de créditos informales, especialmente aquellos otorgados bajo la modalidad de pago diario o “gota a gota”, vinculada con los delitos de extorsión y sicariato, debiera ponerse también en agenda. Por ello, el IPE presentará la actualización de su estudio “El mercado de crédito informal en el Perú”, elaborado por primera vez en el 2022.
Crece el mercado informal
En los últimos 12 meses, 9,3% de hogares urbanos recibieron un crédito de un prestamista informal, lo que equivale a cerca de 605 mil familias. Geográficamente, los créditos informales fueron más comunes en la zona oriente, donde el 31% afirmó haber recibido uno en el último año.
El uso de créditos informales se ha vuelto más común: en el 2024, el 48% de los prestatarios ya había accedido a un crédito informal durante el último año, porcentaje superior al 40% encontrado en el 2022. Sin embargo, el monto de los préstamos se ha vuelto más pequeño: el crédito promedio pasó de S/1.722 a S/1.099 entre 2022 y 2024.
En total, teniendo en cuenta que el hogar promedio que acude al crédito informal solicita cerca de tres préstamos por año, el IPE estima que el tamaño del mercado de créditos informales ascendió a S/1.780 millones en los últimos 12 meses. La cifra es casi 30% mayor a la colocación total de las cajas rurales en créditos de consumo y la a micro y pequeña empresa (S/ 1.376 millones).
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Alto costo de la informalidad
Las personas que recurren a prestamistas informales lo hacen porque requieren financiamiento con relativa inmediatez. Por ejemplo, en los últimos dos años, el pago de otras deudas pendientes se mantuvo como el motivo más importante para solicitar este tipo de préstamos. Adicionalmente, entre 2022 y 2024, aumentó la demanda de préstamos informales destinada a cubrir gastos básicos del hogar como salud y educación.
En la medida en que sus requerimientos son urgentes, los prestatarios pueden desconocer o están dispuestos a asumir tasas de interés significativamente más altas que en el sector formal. Sin embargo, minimizan o ignoran que, después de la entrega del dinero, los prestamistas pueden recurrir a mecanismos ilegales para asegurar el pago de la deuda en lugar de exigir requisitos antes del préstamo. Así, el 16% de los prestatarios informales se sintió en algún momento amenazado o intimidado por el prestamista, o sufrió alguna represalia por un retraso en el pago.
En cuanto a la tasa de interés, el IPE estima que el 51% de prestatarios informales paga un interés anualizado superior a 500%, porcentaje similar al obtenido en el estudio del 2022. Ello es sumamente caro: es más de cuatro veces el tope de tasas de interés establecido por el BCRP a partir de la Ley 31443 (109,8%) y 12 veces el interés promedio cobrado en créditos de consumo y microempresa en el sistema financiero formal (40,8%). Además, los préstamos “gota a gota” son los más caros: se suelen aplicar tasas de interés anualizadas superiores al 1.400%.
Políticas ineficientes
Se estima que el 69% de prestatarios informales paga un interés mayor al tope de tasas establecido por el BCRP. Además, en Iquitos, este porcentaje asciende a 95%. Si el objetivo de establecer un tope a la tasa de interés fue el de evitar préstamos a tasas por encima de ese tope, se observa que no lo impide, sino que los prestatarios se prestan a tasas cada vez más elevadas en el sector informal, con los riesgos que ello conlleva. Por el contrario, el establecimiento de este tope limita la efectividad de mecanismos que buscan incorporar a estos prestatarios en el sistema financiero formal.
Según el BCRP, en tres años, el tope ha excluido a 218 mil deudores del sistema financiero y evitado que otros 325 mil sean bancarizados, siendo los más afectados los prestatarios de menores ingresos y menor historial crediticio. Así, su derogación, como se viene discutiendo en el Congreso, es un primer paso para impulsar el crédito formal. Dicha medida debe ser complementada con promover el uso de canales innovadores como la dación de créditos a través de las billeteras electrónicas e impulsar el cierre de brechas en educación financiera.
