Una de las características principales del discurso político de la izquierda en los últimos años ha sido su ataque sistemático hacia la agricultura moderna; en particular, hacia la agricultura agroexportadora cuyo punto más importante fue la modificación hacia fines del 2020 del marco legal que fomentó el despegue y auge de esta actividad. Dicho discurso negativo se ha sustentado en una idea equivocada de que existiría una contradicción entre la agricultura empresarial y la agricultura familiar en la que el auge de una significaría el declive de la otra. Si bien no existe ninguna evidencia que sustente lo anterior, dicho discurso anti agricultura empresarial muchas veces se ha sustentado en aquellos argumentos que se utilizaban previos a la reforma agraria en la década del sesenta. En aquel entonces, ambas formas de producción competían para su expansión por los mismos recursos: tierra, agua y mano de obra. La reforma agraria, sin embargo, se encargó de eliminar ese antagonismo desapareciendo a la hacienda latifundista como una forma de producción en la agricultura peruana y fue reemplazada por minifundios y cooperativas que se desarrollaron en las siguientes décadas sin contar con capacidad empresarial para enfrentar a los mercados.

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