Gremios de bodegueros y mype exigen aprobación de proyecto de ley para prohibir que el Ejecutivo eleve el impuesto al consumo

La Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de Gremios Pymes-Perú exigieron al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley (PL) 536, una iniciativa legislativa que busca establecer que cualquier variación en las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sea prerrogativa exclusiva del Parlamento. El objetivo es impedir que el Ejecutivo continúe modificando este tributo de manera directa a través de decretos supremos.

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“Cada vez que quieren incrementar impuestos, modifican el ISC, porque eso no tiene que pasar por el Congreso. Lo decide directamente el Ejecutivo, y debería ser el Congreso quien lo decida. Los tributaristas con quienes hemos hablado nos dicen que todo lo relacionado con impuestos tiene que verse ahí, porque somos todos los contribuyentes los que lo sufrimos”, sostuvo Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

Los comerciantes sostienen que el actual mecanismo de recaudación perjudica la predictibilidad económica de las micro y pequeñas empresas (mype). Según argumentan, las alzas unilaterales aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suelen justificarse bajo criterios de salud pública; sin embargo, los fondos obtenidos no se destinan al sistema sanitario, sino que se integran al erario general y al financiamiento del aparato público. Por esa razón, insisten en que el PL 536 se apruebe en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso.

Advierten efecto en cadena y descapitalización de las microempresas

La preocupación del gremio radica en el impacto comercial inmediato que presuntamente generan estas reformas tributarias en sus operaciones diarias. Choy explicó: “Al aumentarnos ese impuesto, suben los precios de los productos que más rotamos. Eso lleva a que el consumidor compre menos, el fisco recaude menos, y el espacio que se abre lo ocupa la economía informal. El contrabando crece porque el producto formal se encarece, y eso beneficia a los negocios informales que no pagan impuestos”.

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Los comerciantes también critican mecanismos auxiliares de fiscalización como la percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV). De acuerdo con Julio Surco, presidente de PYME Perú, el cobro anticipado de este tributo retiene fondos líquidos que quedan inmovilizados temporalmente en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mermando el capital de trabajo de las empresas formales en lugar de ampliar la base de contribuyentes.

Si bien, Surco reconoció que el Estado necesita mayores ingresos, planteó que el camino correcto es ampliar la base tributaria incorporando a la economía informal, antes que incrementar la presión sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones.

Comerciantes viven entre la crisis de informalidad y las extorsiones

Para Julio Pardavé, vicepresidente de la asociación de Gremios Pymes-Perú, el sector microempresarial, que representa el 95% de las 2.5 millones de unidades productivas del país, se ve agravado por las brechas de formalización y la crisis de seguridad ciudadana.

Pardavé criticó la falta de resultados del Ejecutivo frente a los 8 millones de trabajadores informales y criticó que “si queremos combatir la informalidad, ¿por qué tenemos 8 millones de informales con tantos ministerios y empleados públicos?”. “El microempresario peruano hoy está condenado al fracaso porque está siendo extorsionado”, agregó.

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A esto se suma, la delincuencia organizada que se ha consolidado en la principal amenaza física para la permanencia de estos comercios de barrio. Choy reveló que el 99% de sus agremiados —gremio que abarca a más de 535 mil bodegas a nivel nacional— admite haber sido víctima de bandas de extorsionadores, una situación que persiste a pesar de las denuncias policiales recurrentes.

“Existe gran temor. Muchos casi no quieren expresarse porque tienen miedo de que los sigan extorsionando o les incrementen el cupo. Hasta ahora no vemos ninguna solución por parte del gobierno. Nos invitan a reuniones, se solidarizan con nosotros, pero no hay ninguna medida efectiva que haya dado resultado en materia de seguridad”, concluyó el dirigente corporativo.