Instituto Peruano de Economía  (IPE)

En la víspera del Día del Trabajador, resulta oportuno evaluar los principales retos que enfrenta el mercado laboral peruano a casi dos años de haber experimentado una de sus peores crisis. La evidencia indica un fuerte incremento de la informalidad junto con un retroceso en los salarios de la gran mayoría de trabajadores.

Lamentablemente, las medidas que viene impulsando la actual administración volverían más costosa la creación de empleos formales y evaden el problema estructural del mercado laboral: la baja productividad del trabajador peruano.

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Perfil pospandemia

Se han dado dos principales cambios en el perfil del trabajador peruano promedio en los últimos dos años: una mayor precariedad del empleo y menores niveles de ingresos.

En el 2021, la tasa de informalidad laboral en el Perú ascendió a 76,8%, el nivel más alto en los últimos 11 años. Ello habría significado el ingreso de casi 700 mil trabajadores al sector informal respecto al nivel prepandemia.

La mayoría de los empleos informales se han generado en el área urbana, a través de la mayor contratación de mano de obra no calificada en empresas de uno a 10 trabajadores, concentradas principalmente en unidades productivas del sector agropecuario.

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La mayor informalidad ha traído consigo un deterioro significativo de los ingresos laborales. En el primer trimestre del 2022, los salarios de los trabajadores del sector informal se habrían situado aún 15% por debajo de los niveles registrados en el mismo período del 2019. Esto representa alrededor de S/230 mensuales menos de capacidad adquisitiva, cifra que incluye también el alza en el costo de la canasta básica.

En tanto, las remuneraciones reales en el sector formal, si bien son 2,6 veces superiores al promedio informal, se han mantenido estancadas respecto de lo alcanzado antes de la pandemia de la COVID-19.

Medidas equivocadas

En lugar de atender la mayor precariedad del empleo, la respuesta del Gobierno se ha centrado en cumplir una agenda que pretende beneficiar a un segmento muy reducido dentro del mercado laboral, a costa de millones de personas que no gozan de los privilegios de la formalidad.

Germán Lora, laboralista y socio de Damma Legal Advisors, señala que medidas como el incremento del salario mínimo, la eliminación de la tercerización laboral y el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo no responden a la situación de crisis por la que atraviesa el país.

Además, Lora advierte que el solo anuncio de reformas que volverían más rígidas las relaciones laborales –como la eliminación del tope a la indemnización por despido– paralizan los planes de contratación de empresas formales.

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Al respecto, un estudio realizado por Pablo Lavado y Gustavo Yamada, investigadores de la Universidad del Pacífico, encuentra que cada noticia relacionada con la potencial aprobación de leyes menos flexibles generaría la pérdida de hasta 6.400 empleos formales en solo un mes. Peor aún, una mayor rigidez laboral perjudica principalmente al empleo de mujeres y jóvenes, según un estudio de James Heckman, premio Nobel de Economía, para países de América Latina.

Productividad

Para Hugo Perea, Economista Jefe de BBVA Research para el Perú, las políticas laborales que viene ejecutando la actual administración crean barreras regulatorias que restringen el acceso a empleos de mejor calidad.

En ese sentido, Perea indica que estas medidas se encuentran lejos de resolver el problema de fondo del trabajador peruano, el cual radica en sus bajos niveles de productividad.

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Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, el Perú registra el octavo nivel más bajo en cuanto a productividad laboral por hora trabajada entre 24 economías de América Latina y El Caribe, solo por encima de países como Guatemala, Bolivia y Honduras. En efecto, un trabajador peruano promedio requiere casi el triple del tiempo para producir lo mismo que su par chileno.

Una de las razones detrás de estas brechas se encuentra asociada a la mayor informalidad en la fuerza laboral en el Perú. Según estimaciones del IPE, apuntar a medidas que reduzcan la informalidad en el país al promedio de América Latina aumentaría la productividad laboral peruana hasta niveles cercanos a los que tienen Brasil o México.

A dos años del inicio de la pandemia, la agenda laboral del Gobierno le da la espalda a más de 13 millones de trabajadores que no cuentan con los beneficios de la formalidad. Mientras que la legislación siga beneficiando a unos pocos en lugar de atender a la gran mayoría, difícilmente el primero de mayo será un día para celebrar en el Perú.