IPE: Inversión pública creció a su mayor ritmo en 12 años

En el 2024, la inversión pública creció 14% en términos reales, la tasa más alta en 12 años (sin considerar el rebote del 2021 tras la pandemia). El resultado estuvo impulsado por mejoras en la ejecución de los gobiernos subnacionales y mayores gastos en obras de prevención. Sin embargo, persisten desafíos relacionados a la calidad de la inversión y el aumento del déficit fiscal, que incumpliría su regla por segundo año consecutivo.

El avance de la inversión pública refleja un desempeño diferenciado entre los niveles de gobierno. El gobierno nacional fue uno de los que más contribuyó, mostrando un mayor dinamismo en el segundo semestre y cerrando el año con un crecimiento de 14%. Un factor clave fue la ejecución casi total de los recursos asignados a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuya inversión en las nueve regiones donde opera representa más del 30% del presupuesto de inversión asignado al gobierno nacional en estas regiones.

Por su parte, los gobiernos regionales registraron la mayor tasa de crecimiento anual (24%). Este desempeño fue especialmente notable en los dos primeros trimestres, con un promedio de crecimiento de 58%, aunque su inversión se contrajo en el último trimestre del año (-1%). En contraste, la inversión de los gobiernos locales creció 7%, favorecido por la contracción del 2023 (-17%). No obstante, su desempeño se debilitó hacia el cuarto trimestre, con una caída de 3%.

Según regiones, la inversión pública creció en 22 de los 24 departamentos del país, destacando Loreto (+45%), Ica (+37%) y Moquegua (+36%). En contraste, se contrajo en Huánuco (-5%) y en Madre de Dios (-2%).

El desempeño de los gobiernos subnacionales en el 2024 destaca como uno de los mejores de los últimos años. Para Juan Carlos Sosa, director de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal, esta mejora está vinculada al trabajo de acompañamiento y capacitación del MEF. Esto no solo permitió fortalecer las competencias técnicas, particularmente en los gobiernos regionales, sino que también contribuyó a una programación y ejecución presupuestal más eficiente.

Un factor clave que respaldó este avance fue el otorgamiento anticipado de recursos, lo que se refleja en la reducción de la brecha entre el presupuesto inicial de apertura (PIA), aprobado al inicio del año, y el presupuesto institucional modificado (PIM), que incorpora ajustes posteriores. Además, la mejora en las capacidades de los gobiernos subnacionales se manifestó en el manejo de recursos provenientes de canon y regalías mineras, destinados a la inversión pública. En el 2024, la ejecución conjunta de estos fondos alcanzó un 75% del presupuesto, marcando la tasa más alta de los últimos 10 años.

A pesar del sustancial progreso en los indicadores de ejecución, persisten retos significativos en la calidad de la inversión. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que, en el 2023, se desperdició un monto equivalente al 2,5% del PBI en recursos públicos debido al aumento de costos ocasionado por la falta de un servicio civil profesional, la negligencia en la toma de decisiones y corrupción.

La inversión pública es el principal factor detrás del incremento del déficit fiscal, que ascendería a 3,8% al cierre del 2024, superando por segundo año consecutivo la regla fiscal (2,8%). Para el 2025, el IPE estima que la inversión pública crecería 3,5%, producto de la alta base de comparación. Sin embargo, incluso considerando los mayores ingresos esperados, sería insuficiente para recuperar la senda de consolidación fiscal. Según Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, ello estaría asociado con la incapacidad del MEF para controlar continuas presiones políticas de gasto. Por ejemplo, durante el debate del presupuesto 2025, el Congreso agregó 120 disposiciones complementarias finales, más del doble que en los últimos cuatro años, de las cuales al menos el 85% acarrean gastos adicionales y no previstos, según el Consejo Fiscal.

El desempeño de la inversión pública en el 2024 refleja avances significativos en la capacidad de ejecución, pero también evidencia desafíos persistentes en calidad y sostenibilidad fiscal. Hacia adelante, las presiones de gasto plantean retos críticos. Así, el IPE estima que, hasta el 2026, se acumularían cuatro años consecutivos de incumplimiento de la regla fiscal. Garantizar una inversión eficiente y priorizar proyectos que reduzcan brechas será fundamental para equilibrar desarrollo y responsabilidad fiscal en el corto y mediano plazo.