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En una reciente investigación, los profesores Jonas Hjort (Columbia), Diana Moreira (UC Davis) y Gautam Rao (Harvard), entre otros, se preguntan si el resultado de las investigaciones puede realmente afectar las políticas públicas. Para responder esa pregunta, los académicos desarrollan experimentos en más de dos mil municipalidades en Brasil.
En un primer caso, distribuyen información sobre programas de desarrollo infantil. Encuentran que los funcionarios tienen una alta disposición a pagar por dicha información y que esta logra cambiar su manera de pensar sobre estos temas. ¿Pero esto se puede transformar en acciones de política concretas?
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En un siguiente experimento, los autores analizan cómo informar a los funcionarios sobre la efectividad de una política para aumentar la recaudación incrementa su adopción en sus municipalidades dos años después. Estos resultados proveen evidencia directa de cómo la investigación puede traducirse en políticas públicas concretas positivas.
Para nadie entonces debería ser un tema de debate la necesidad de tener políticas basadas en evidencia. En un país tan frágil institucionalmente como el Perú, esta práctica puede convertirse en la única manera de asegurarse un gasto público efectivo. Sin embargo, si la investigación en ciencias sociales es capaz de generar estos beneficios a la sociedad, ¿qué está haciendo la sociedad para impulsar este tipo de investigaciones? ¿Existen acaso fondos de investigación para las ciencias sociales promovidos por el Estado y el sector privado?
Cualquier esfuerzo que busque fortalecer la manera en que se hace política pública en nuestro país debe considerar el rol de las ciencias sociales. Por ello, celebro que hace apenas unos días la presidenta de Concytec, Fabiola León-Velarde, y el primer ministro Salvador del Solar se hayan comprometido en desarrollar fondos de investigación en el Estado dirigidos específicamente a las ciencias sociales.
Y es que hasta la fecha, el Concytec, organismo estatal encargado de promover las ciencias, se había enfocado únicamente en las ciencias naturales. Este compromiso de las autoridades debe ser el punto de partida para impulsar nuevos fondos desde el Estado y también, por qué no, desde el sector privado, dado el retraso en el que nos encontramos en este tema con nuestros pares regionales.
De nuestro lado, siempre a disposición para colaborar en esta y cualquier iniciativa que busque promover la investigación rigurosa en ciencias sociales. Junto con este reciente compromiso que han asumido las autoridades, los académicos debemos renovar otro igual de importante: no solo generar investigación rigurosa, aprovechando la complementariedad entre las distintas especialidades; sino también esforzarse por acercarnos al resto de la sociedad, de modo que podamos colaborar en elevar el nivel del debate público y las políticas en el país.
