La palabra “puente” tiene su origen en el latín pons, la cual hace referencia a la estructura que da paso a la superación de barreras u obstáculos. El término ha derivado también a su uso figurativo, representando, por ejemplo, a un medio que hace más fácil la comunicación, el vínculo entre culturas, ideas, la sociedad y el desarrollo. En cualquiera de sus connotaciones, este vocablo simboliza lo que es cualquier proyecto de infraestructura, que no es otra cosa que la construcción de estructuras que hacen eficiente la interacción entre los agentes económicos y a través de ellas las sociedades puedan avanzar hacia un mayor bienestar.
Este tránsito al progreso, que podría lograrse con una buena gestión de los procesos de inversión en infraestructura, experimenta en el Perú un serio estado de atrofia. Es bastante conocido el problema de la baja ejecución presupuestaria para proyectos.
Sólo entre el 2019 -2023 se ejecutaron S/126 mil millones en las funciones de Educación, Salud, Saneamiento y Transporte, dejándose alrededor del 30%, del presupuesto sin uso. Pero esto es sólo la punta del iceberg.
Cada año se asignan recursos presupuestarios a cerca de 47 mil proyectos con un costo promedio de S/8 millones de los cuales 14 mil son nuevos. Estos últimos tiene un costo promedio de S/5 millones, lo que evidencia un problema de enanización que complica cualquier gestión. Y, este proceso sigue acentuándose, ya que sólo en 2023 se crearon 17 mil nuevos proyectos mientras se descontinuaban 14 mil. De estos últimos, sólo 10 mil tenían una ejecución menor al 30% y acumulaban ya un costo de S/54 mil millones. La probabilidad de que esto sea plata pérdida es alta.
En efecto, basta mencionar como ejemplo el caso del sector Educación donde el porcentaje de locales públicos escolares con tres servicios básicos (electricidad, agua potable y desagüe) experimentó una caída entre 2018 y 2022 de -8,3 puntos porcentuales ¡habiéndose invertido S/19,4 mil millones! Las conclusiones son muy similares para el resto de proyectos en funciones básicas: se invierte mucho dinero y las brechas empeoran o mejoran casi nada.
Luego de ver todo esto, podemos parafrasear al buen Sabina y decir que “por el puente de los sueños rotos (o de los proyectos rotos) desconsolados van los devotos”. Ingentes recursos asignados al cierre de brechas que han sido textualmente desperdiciados, hundiendo esperanzas de prosperidad. Pero hay soluciones que pueden ponerse en práctica rápidamente para salir de este triste entuerto.
En el Consejo Privado de Competitividad (CPC) venimos promoviendo un conjunto de medidas que pueden hacer la diferencia, tales como la agregación de proyectos de alto impacto que sean encargados a unidades ejecutoras especializadas; la necesidad de acreditar a los evaluadores y empresas de ingeniería de manera que la selección pueda implementarse en función a perfiles de riesgo de empresas; así como utilizar mecanismos distintos a la Ley de Contrataciones que incorporen las mejores prácticas internacionales para las obras de gran envergadura.
El gobierno tiene que abordar urgentemente este problema. El tiempo y la paciencia ciudadana se acaba.
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