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La regulación de tarifas en las empresas de servicios públicos e infraestructura en el Perú ha experimentado pocos cambios en los últimos 25 años. Desde las primeras privatizaciones de las empresas de servicios públicos en los 90 hasta las concesiones de infraestructura de transporte más recientes, los modelos tarifarios aplicados por los reguladores han permanecido casi inalterados en el Perú.
En el mundo, sin embargo, los reguladores han ido adaptando sus metodologías para incentivar la inversión en estas industrias que suelen estar sujetas a importantes riesgos, desde la expropiación gubernamental hasta el oportunismo político de grupos de interés.
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La forma como se calculan las tarifas de electricidad, por ejemplo, es una réplica del modelo chileno, y permanece así desde la Ley de Concesiones Eléctricas de 1992. En el sector de telefonía fija, el modelo de regulación, que fue incorporado en el contrato de concesión de Telefónica, también en el año 1992, se mantiene sin cambios hasta ahora.
Peor aun, sin mayor discusión, el mismo modelo (incluidas hasta las hojas de cálculo) utilizado en la regulación de la telefonía fija, fue repetido e incorporado en casi todas las concesiones de infraestructura de transporte de uso público, convirtiéndonos acaso en el único país que aplica esta metodología de regulación de las telecomunicaciones para la fijación de tarifas en sus aeropuertos y puertos.
Sin embargo, sería mezquino no reconocer que el “modelo regulatorio peruano”, en conjunto con la buena marcha de la economía a nivel macroeconómico (hasta ahora) y la abundancia de capital hacia países emergentes, ha sido efectivo en atraer inversiones en infraestructura y servicios públicos.
Pero, ojo que este nivel de inversión es claramente insuficiente para cubrir las necesidades que tiene el país para seguir creciendo. Además, la situación macroeconómica también ha cambiado. El flujo de capital disponible volverá hacia los países desarrollados conforme estas economías se estabilicen. También, a nivel interno, llegará pronto el límite de lo que el MEF puede “garantizar” en proyectos de infraestructura (que en su gran mayoría representan hoy para el inversionista un riesgo soberano).
Así las cosas, necesitamos una segunda generación de reguladores, más innovadores y menos pasivos, que se adapten al nuevo entorno y que jueguen en pared con otros poderes del Estado y con el sector privado, para seguir atrayendo la inversión que se necesita con urgencia.
