El costo fiscal de la pandemia, por Marcial García

Las políticas públicas sin precedentes adoptadas en el Perú para la contención y reactivación económica frente al impacto del COVID-19, sumadas a la pronunciada caída de los ingresos tributarios de este año, ocasionarán un déficit fiscal de proporciones no vistas desde la década de los ochenta. Estimados preliminares apuntan a que será de entre 8% y 12% del PBI al cierre del 2020.

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El plan económico puesto en marcha por el Gobierno comprende una inversión de S/ 110.100 millones (14,5% del PBI), para atender la emergencia sanitaria, inyectar liquidez a las micro y pequeñas empresas, entregar subsidios a miles de familias vulnerables, generar más de un millón de empleos, entre otras iniciativas. Para ponerlo en contexto, ese monto equivale a todo lo recaudado el año pasado. Al margen del análisis sobre su efectividad, según el diario español El País, se trata del esfuerzo fiscal más ambicioso de la región para afrontar la pandemia.

En cuanto a la recaudación, la fuerte contracción se explica no solo por la paralización de gran parte de la actividad económica durante la prolongada cuarentena, sino también por las medidas de alivio implementadas por la Sunat desde mediados de marzo, principalmente por la prórroga en el pago de impuestos. Entre enero y junio de este año, los ingresos tributarios sumaron S/ 46,403 millones, cifra que representa una disminución de 21,3% respecto de igual periodo del 2019.

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Para cubrir la enorme brecha presupuestaria, el MEF ha echado mano a los ahorros acumulados a lo largo de los años en el Fondo de Estabilización Fiscal y ha emitido deuda en el mercado externo. Sin embargo, eso no va a alcanzar y tarde o temprano las demandas de gasto público para enfrentar la crisis del coronavirus deberán ser financiadas impulsando la recaudación tributaria.

Días atrás, la titular de Economía descartó crear más impuestos para tal fin (en una recesión resultaría contraproducente), por lo que para muchos la salida obvia sería ampliar la base tributaria para que sean más los que contribuyan con el fisco. Porque en el Perú, ya se sabe, son millones los trabajadores y empresas que operan en el sector informal y, en consecuencia, no tributan.

La idea en teoría es buena, pero lo cierto es que la informalidad es un problema que ningún gobierno ha podido resolver y pensar que la presente administración logrará avances significativos en los 12 meses que le quedan es poco realista. En el corto plazo, la Sunat debe buscar otros medios para revertir la caída de la recaudación. Por lo pronto, ya ha adelantado que enviará 71,000 acciones inductivas a contribuyentes por posibles inconsistencias u omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Eso para elevar la sensación de riesgo.

Sin embargo, el aporte de esta medida solo puede ser marginal. Mientras no mejore el nivel de cumplimiento y se reactive en serio la actividad económica, los esfuerzos de la entidad recaudadora no llegarán demasiado lejos. Solo queda esperar que nuestras autoridades estén a la altura del reto.

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